El Gobierno ya identificó a los que causaron los incidentes en la Legislatura y Casa de Gobierno

Este domingo varias personas trabajaban en los arreglos - Orlando Pelichotti
Este domingo varias personas trabajaban en los arreglos - Orlando Pelichotti

Una veintena de manifestantes, que serían parte de una agrupación política, atacó las sedes de los tres poderes del Estado. El femicidio de Florencia Romano (14) generó una nueva pelea entre el oficialismo y el PJ.

El día después de la marcha por el femicidio de Florencia Romano (14), que terminó con incidentes y el ataque de un reducido grupo a las sedes de los tres poderes del Estado, el Gobierno provincial salió a anunciar que está buscando a esos manifestantes, no más de 20, que rompieron vidrios y prendieron fuego en el exterior y el interior fundamentalmente de la Casa de Gobierno y la Legislatura. Una rápida estimación oficial cotizó en 56 millones de pesos el costo de reparar o volver a comprar lo dañado.

El crimen de Florencia (por el que están imputados y detenidos Pablo Arancibia y Micaela Méndez) ha enlutado y conmocionado a la sociedad mendocina, pero también ha tenido consecuencias políticas: desató una nueva disputa entre el oficialismo y la oposición, sobre todo con el pedido de renuncia del ministro de Seguridad, Raúl Levrino, y el jefe de la Policía, Roberto Munives, por parte del Frente de Todos.

Este domingo varias personas trabajaban en los arreglos - Orlando Pelichotti
Este domingo varias personas trabajaban en los arreglos - Orlando Pelichotti

Durante la conferencia de prensa de ayer al mediodía en el Ministerio de Seguridad, los funcionarios sostuvieron que fueron algunos “extremistas” los que protagonizaron los desmanes en una marcha pacífica y destacaron que están trabajando en la identificación de los agresores.

Según lo explicitado, ya pudieron identificar a varios agresores gracias a las cámaras de seguridad y videos, y presentarán toda la investigación a la fiscalía. Fuentes oficiales detallaron luego que esas personas están vinculadas a un grupo político que participó de la marcha para pedir justicia.

A su vez, Levrino defendió que no haya habido actuación policial ante el ataque a los tres edificios al argumentar que, si lo hubieran hecho, se habría generado “un mal mayor”.

Desde Seguridad, aclararon a Los Andes que había efectivos policiales dentro de los edificios, pero creen que fue una buena decisión no haber salido a establecer algún tipo de defensa de los mismos, ya que podría haber caldeado aún más la situación.

El encargado de poner valor a los destrozos fue el ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez. Según detalló, las reparaciones en Casa de Gobierno demandarán más de 40 millones de pesos. Allí se dañó todo el sistema de iluminación del edificio, se rompieron los vidrios de varias ventanas que dan a la explanada, se vandalizó el memorial sanmartiniano y se quemaron computadoras y puertas importantes.

Este domingo varias personas trabajaban en los arreglos - Orlando Pelichotti
Este domingo varias personas trabajaban en los arreglos - Orlando Pelichotti

Sobre lo ocurrido en la Legislatura, Ibáñez aseguró que los manifestantes causaron daños por más de $15 millones. Allí se determinó la rotura de vidrios en todo el frente, ventanas y puertas quemadas, más computadoras y aires acondicionados derretidos. Inclusive, hubo robos de artículos electrónicos. Y según se anunció, el propio Poder Legislativo será querellante en la causa. Respecto de Tribunales, el arreglo de parte de la fachada costará al menos 1 millón de pesos.

“Los vándalos realizaron hechos que son aberrantes. Intentaron tergiversar el espíritu de la marcha”, marcó Ibáñez y agregó: “La decisión del Gobierno fue evitar los daños a las personas. Sabemos cuál es el costo, pero los bienes de una u otra manera se reparan. Lo que no se repara nunca son los daños a las personas”.

Enojos y críticas

Las explicaciones oficiales, tanto sobre el llamado al 911 que se cortó como sobre la resolución del caso, no convencen a la oposición peronista, que considera que hubo responsabilidades de todo el sistema y no de sólo una persona.

Para el Frente de Todos, así como también para el colectivo Ni Una Menos -que organizó la marcha-, el Gobierno ha querido cambiar el foco del reclamo y “evitar responsabilidades” en el accionar que derivó en el femicidio.

Las críticas a Levrino y Munives se centran en el trabajo del Centro Estratégico de Operaciones, por el llamado al 911 a las 18.58 del sábado 12, que podría haber cambiado el terrible desenlace. Sin embargo, la policía que atendió no le dio curso.

Desde el bloque de senadores del Frente de Todos emitieron un comunicado con dureza en el que criticaron al Gobierno por hablar “sólo sobre roturas materiales con las que nadie puede estar de acuerdo, sin emitir una palabra sobre el femicidio”.

“Esperábamos una respuesta que claramente no la pueden proporcionar los mismos funcionarios que son responsables de la desidia con la que actuó el 911 y la consecuente inacción del sistema de seguridad”, marcaron.

Dispararon, por un lado, al gobernador, Rodolfo Suárez, por tratar el caso de Florencia “como uno más, como si nada hubiera pasado”, y también a Levrino y Munives al indicar que “deberían haber renunciado”.

Lucas Ilardo, jefe de bloque, adelantó que el avance con consensos de cualquier otro tema en el Senado “va a estar condicionado a que el Gobierno traiga a los funcionarios que solicitamos”.

No obstante, el vicegobernador, Mario Abed, fue categórico al indicar que en este caso “falló el Estado” y respecto de la decisión del peronismo, bajó el tono y sostuvo que dialogarán mañana, cuando se reúnan.

En el oficialismo, por otro lado, seguirán respaldando a sus funcionarios, ya que entienden que fue una “falla humana” de una policía.

En relación a ese llamado, Munives indicó que “no ingresó en el sistema de despacho” y cargó contra la mujer que no dio curso. “Hay elementos probatorios suficientes para dar intervención a las justicias administrativa y penal”, resaltó.

También sostuvo que las consecuencias pueden ser más complejas para la mujer (que está hace 14 años en la fuerza y tres en el CEO), ya que podría enfrentar una causa judicial por incumplimiento de los deberes de funcionario público o incluso más grave, además de la posible exoneración de la Policía provincial.

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