El Gobierno quiere que el Grupo Macri responda por la deuda del Correo

La jueza que dictó la quiebra de Correo Argentino SA, empresa del holding Macri, en su fallo dijo que “la concursada” no tiene actividad comercial y se encuentra en una situación rinuosa. “Tal crítica situación genera dudas razonables sobre su capacidad de pago”, apuntó. “El paquete accionario es igual cero”, dijo también. La lapidaria descripción del quebranto de la empresa hecha por la jueza en lo Comercial, Marta Cirulli, no desalentó al Gobierno nacional en su afán por cobrar la deuda que estima en más de cuatro mil millones de pesos.

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“Está demostrado que Correo Argentino no vale nada, por eso nosotros vamos a pedir la extensión (de la quiebra). Estamos estudiando y vamos a ver qué es lo que hace el síndico, quien tiene tiempo hasta el 1° de noviembre para pronunciarse sobre la situación de los administradores y los controlantes (del Correo), y aconsejarle a la jueza la extensión de la quiebra a quienes han utilizado la figura jurídica de Correo Argentino SA”, dijo ayer Carlos Zannini, en su condición de Procurador Nacional del Tesoro. Fue su oficina la que en nombre del Estado Nacional, rechazó la oferta de la empresa para saldar la deuda impaga. La “extensión de quebranto” implicaría que el Grupo Macri asuma las deudas de Correo Argentino SA.

“El gobierno busca venganza, buscan dañarme y tienen como objetivo a mis hijos. Ese acto lo ejecutan a través de la Justicia, manipulada por el procurador del Tesoro, Carlos Zannini”, denunció Macri el domingo pasado, 24 horas antes de que se conociese el fallo adverso a sus intereses.

“Yo simplemente estoy interesado en recuperar los 300 millones de dólares que el Correo le debe al Estado argentino”, argumentó el Procurador a El Destape Radio.

Este medio consultó al doctor Daniel Roque Vítolo, profesor de Derecho Comercial en la Universidad Nacional de Buenos Aires. ¿La jueza se ajustó a derecho con su fallo? “La jueza actuó bien. Actuó de la misma manera que se resolvió el tema en 2003, cuando se decretó la quiebra (levantada a los cuatro años al ser apelada). Dieciocho años después se vuelve a decretar la quiebra al fracasar el salvataje; estamos como en 2003”, dijo Vítolo.

Desde Juntos por el Cambio y el entorno de Macri, hubo palabras de solidaridad para con el expresidente, llevando el “affaire Correo” al terreno político. “Lo de Macri y su entorno es lamentable. Macri copia a Cristina de Kirchner y hace un argumento como si existiera lawfare. En realidad, es una empresa con un negocio que fracasó y se fue a la quiebra. El fallo no menciona a los hijos de Macri (como dijo el expresidente). No toma ninguna medida respecto a la familia Macri”, opinó Vítolo, autor de varios libros sobre Derecho Comercial y Ley de Quiebras.

“Lo que pasa es que se están cubriendo porque como no tengan bienes (la empresa) y haya quiebra, los van a poder investigar”, explicó Vítolo.

El fallo precisamente alude a una causa penal abierta que investiga supuestas irregularidades. “Las mayorías obtenidas no fueron genuinas, por haberse obtenido fraudulentamente”, dijo la jueza, sobre la conformidad de los acreedores privados. Hay apoderados de acreedores vinculados a tres estudios de abogados ligados a los Macri, figura en el expediente.

“Eso también pasó”, dijo Vítolo. “Macri dice que que ‘hay 700 particulares perjudicados (al decretarse la quiebra)’. Eso no es verdad porque los particulares cobraron al vender sus créditos a terceros ligados a la empresa, esos cesionarios son cuestionados. Por eso, lo único que queda (como deudor) es el Estado”, explicó.

“Ofrecieron basura durante 18 años, y ahora también ofrecen basura porque ofrecieron pagar (la deuda) a valor nominal lo que está verificado en el año 2003. Eran 300 millones de dólares y ahora quieren pagar un millón de dólares”, agregó.

Sobre la extensión de quiebra mencionada por Zannini, que apunta a que el Grupo SOCMA responda por el quebranto del Correo Argentino SA, Vítolo consideró difícil que prospere.

“Es un juicio largo. La extensión de quiebra puede durar unos seis, siete años, para tener sentencia en primera instancia. Después siguen las apelaciones. Creo que es una declaración política (de Zannini)”, opinó Vítolo.

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“La extensión de quiebra -explicó- se da en tres casos. Primero, cuando se considera que otra empresa usaba como máscara, en este caso, a Correo Argentino SA. Es muy poco probable esto: la empresa fue concesionaria de un servicio privado, no había máscara”.

“El segundo caso que marca la ley es aquel donde el controlante, en este caso SOCMA, hubiese abusado de su control para realizar actos en perjuicio del Correo y sus acreedores; también, muy difícil de certificar esto”.

“El tercer caso de extensión de quiebra es cuando hay confusión sobre los activos y los pasivos, sobre quién es dueño de qué. Los pedidos de extensión de quiebra prácticamente no prosperaron nunca”, concluyó.