El Gobierno provincial tuvo que hacer un millonario refuerzo del gasto para contratar personal de Salud por el Covid-19

El desembarco del coronavirus en marzo del año pasado obligó a reasignar recursos económicos y humanos para atender a una pandemia sin precedentes. El sistema sanitario debió ser reforzado no sólo con equipamiento e insumos de todo tipo, sino también con personal.

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En abril del 2020 comenzó a ingresar personal bajo la modalidad de prestación eventual de servicios esenciales o locación de servicio y hasta diciembre se contabilizaron 1.122 profesionales eventuales.

Durante este año, y dándole continuidad a las incorporaciones ya realizadas, hay 690 personas más llegando a un refuerzo de planta de 1.812 profesionales eventuales.

Dentro del total de trabajadores y trabajadoras de la salud que integran algo más de 15.500 personas (incluidos agentes administrativos), el refuerzo representa algo más de 11 por ciento del total.

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La estructura provincial debió adaptarse a lo que demandaba el coronavirus en su primera y segunda ola. La ley 9.220 de emergencia sanitaria, social, administrativa, económica y financiera (y su prórroga a través de la ley 9.320) le permitió al ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes que conduce Ana Nadal, recibir distintos refuerzos presupuestarios.

El objetivo fue facilitar la adquisición de insumos críticos, ampliar las camas disponibles y dotar de más recurso humano a los distintos establecimientos.

El detalle de estas partidas y sus destinos le dieron cuerpo al informe que expuso la ministra Ana María Nadal, ante los miembros de la Comisión de Seguimiento y Control del Covid-19 en la Legislatura provincial, el pasado 20 de mayo.

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El refuerzo en recurso humano, el año pasado, fue de 1.122 profesionales que demandaron mensualmente (de abril a diciembre) cerca de $34,2 millones. En el tipo de prestación se encuentran 683 enfermeros y licenciados en enfermería; 236 médicos y especialistas; 86 técnicos kinesiólogos y Técnicos; 60 biólogos y bioquímicos; 57 personal de apoyo y servicios (camilleros, lavanderos, choferes, etc).

La inversión en salud y desarrollo social para el 2020 ascendió a $3.609 millones, de los cuales salud se lleva la mayoría de los recursos económicos con 3.366,38 millones de pesos.

De ese monto, lo destinado a contratación de personal es de $349 millones desde abril (la pandemia se desató en marzo) a diciembre que representa casi 10% de los fondos.

Para este año, y con la continuidad de las prestaciones extra del 2020, se sumaron 690 personas más: 409 enfermeros y licenciados en enfermería; 235 médicos y especialistas; 21 técnicos kinesiólogos y técnicos; 22 biólogos y bioquímicos y 3 personas destinadas a servicios y apoyo.

Mensualmente, desde mayo, insumen por mes cerca de $25,7 millones y de acuerdo a la proyección para el primer semestre, demandarán alrededor de $102,8 millones.

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Las compras de los bienes esenciales vinculados al Covid que se describen en el informe (insumos de laboratorio, monodrogas, productos médicos descartables y equipamiento e instrumental) en 2020 demandaron más de $1851 millones; así los $349 millones son 18% del gasto Covid.

Estas mismas compras, desde enero hasta mediados de mayo de 2021, superan los $1.593 millones. De acuerdo a lo proyectado para este primer semestre en cuanto a gastos por personal contratado por la pandemia, tasado en $102,8 millones, representan el 6,4% del gasto Covid.

Donaciones de funcionarios y ATN cubrieron los gastos de un duro 2020

Más allá de las polémicas, en el desglose de los datos se observa que la incorporación de recurso humano por la pandemia, entre el año pasado y el corriente (hasta abril) representó $451,8 millones para 1.812 profesionales.

El informe técnico destaca la importancia de haber contado con las donaciones de sueldos de funcionarios que integran los distintos Poderes del Estado, registrado bajo el código de financiamiento 366 que sumaron $77 millones.

Además, el subsidio del Consejo Federal de Inversiones por $30 millones y los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) con destino a salud y desarrollo social por $1.260 millones amortiguaron las compras que debieron hacerse y la contratación de personal para la atención sanitaria.

A esto hay que agregarle los remanentes de recursos no afectados a ejercicios anteriores y la reasignación de partidas de otras carteras que no fueron utilizados por no prestar servicios en la etapa más dura de la cuarentena.