El Gobierno provincial impulsa una negociación clave para ampliar el acceso a internet

En la semana que pasó, el gobernador Rodolfo Suárez comentó que sus funcionarios trabajaban en una negociación con empresas distribuidoras de electricidad y prestadoras del servicio de internet, con el objetivo de mejorar la oferta de conectividad en la provincia. Mendoza tiene muy bajo nivel de penetración del servicio, 4 de cada diez hogares tienen acceso a internet en el hogar.

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Para mejorar la conectividad es necesario que haya muchas empresas con fibra óptica que ofrezcan un buen servicio a precio competitivo a todos los hogares. El problema más grave para que eso suceda es que las empresas proveedoras tengan acceso a instalar su cableado en lo que se conoce como “infraestructura pasiva”, un nombre técnico para mencionar a los ductos soterrados o postes que contienen al cableado: eso incluye a los postes de la electricidad, que son los que están en el centro de la discusión. Es que el soterramiento de la red de fibra óptica es extremadamente caro y la opción de los postes de luz serían la opción más barata.

La negociación es difícil porque hay jugadores de peso de ambos lados: es imposible ignorar a Edemsa o la Cooperativa Eléctrica de Godoy Cruz, así como tampoco a Movistar, Claro o DirecTV; además hay varias pequeñas y medianas empresas. Del lado de las distribuidoras, tienen prevenciones respecto del uso de sus postes por parte de las empresas de internet que pondrían en riesgo la prestación del servicio eléctrico y la seguridad de las instalaciones; del otro lado se quejan del precio oneroso que algunas distribuidoras le ponen al “alquiler” de la infraestructura: en los corrillos se habla de 3 dólares por cada poste usado, por mes. La suma daría un monto millonario que debería ser trasladado a los usuarios; es decir sería un servicio carísimo para los mendocinos.

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En Casa de Gobierno hay silencio sepulcral sobre la marcha de las negociaciones. Sólo se sabe que la mesa la coordina el ministro de Economía Enrique Vaquié. Nadie quiere decir algo que haga caer la negociación en la nada. “Hemos elegido un camino: hacer que las partes se pongan de acuerdo y se redacte una especie de ‘borrador’ de contrato, en el que estén fijadas la metodología técnica del uso de los postes y el precio” repiten algunos de los involucrados. “Es el camino más largo, pero es el que nos puede garantizar el mayor cumplimiento por cada una de las partes”.

La legislación vigente

La única legislación vigente es nacional. Es la resolución 105 de diciembre del año pasado de la Secretaría de Innovación Pública. Allí se establece la “Reglamento de compartición de la infraestructura pasiva”.

Allí se define qué es la infraestructura pasiva (como ya se dijo, postes y ductos soterrados). En el artículo 1 se establece también que “los licenciatarios o concesionarios de servicios públicos o de interés público que celebren convenios de compartición de infraestructura con licenciatarios de Servicios de TIC bajo cualquier modalidad, quedarán alcanzados por las disposiciones previstas en el presente reglamento”.

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Ese párrafo, incluiría a las empresas distribuidoras de electricidad, pero no las obliga a cerrar contrato con prestadoras, ni fija condiciones a esos contratos.

El resto de la norma sí obliga a las empresas proveedoras de internet que tengan esa infraestructura pasiva a compartirla con sus competidoras, en calidad de alquiler, no gratis.

Rodolfo Bianchi, vicepresidente de la Cámara Argentina de Pequeños Proveedores de Internet (Cappi), dijo a Los Andes que en Colombia, por el alquiler de los postes se cobra un dólar por poste por año y que en Argentina hay diferentes cánones, que van entre los 14 pesos y los 20 pesos por mes, precio que en zonas densamente pobladas resultaría razonable, no así en áreas rurales, dónde un usuario está separado por muchos metros del vecino. Allí los postes que sostienen la red de fibra óptica se multiplican entre usuario y usuario y encarecen el servicio.

Límite municipal

Una de las cuestiones que quedará para más adelante es la unificación de los criterios municipales para el uso de los postes compartidos, para que todas las empresas (las distribuidoras de electricidad y las prestadoras de internet) no se encuentren con realidades diferentes al cruzar los límites departamentales.

“Yo no puedo avanzar sobre la infraestructura que ya está (en referencia a los postes de las distribuidoras eléctricas). Se trata de un servicio público de competencia provincial”, dice el intendente de Capital Ulpiano Suárez.

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Francisco Lo Presti, secretario de Obras de Las Heras, dice por su lado que están trabajando en la redacción de una ordenanza, con la idea de que no se sumen más postes de los que ya existen. “Vamos a evitar que haya contaminación visual. A nadie le gusta tener un poste en la puerta de su casa, tenemos infinidad de reclamos de vecinos que piden correr el poste porque no pueden ampliar su puente o quieren modificar los ingresos a sus casas y no lo pueden hacer”.

Uno de los adelantados en normativa es Guaymallén. Marcos Calvente, secretario de Obras de esa comuna, señala que hace dos años sancionaron una ordenanza para regular la situación. “No había un trámite establecido desde el punto de vista administrativo y ambiental, para la instalación de postes y para compartir los postes entre los proveedores, para no contaminar tanto las calles, porque se hace un enjambre de cables y postes”.

Pero Calvente señala que el efecto no fue el esperado, “porque el mercado no permite avanzar de manera ordenada”, dijo el funcionario. “Con nuestra normativa no alcanza para generalizar el servicio”, expresó. El problema es el acceso a la infraestructura existente, que es la que manejan las distribuidoras eléctricas.

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La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza sacó su ordenanza, que entró en vigencia el jueves pasado. “Sin avanzar en las competencias del Gobierno nacional, ni las del Gobierno provincial; regulamos el proceso para colocar infraestructura pasiva en la vía pública, que es competencia municipal”, dice el intendente Ulpiano Suárez.

La comuna estableció una zonificación, en algunas partes es obligatorio que la fibra óptica sea soterrada (en centro de la Ciudad), en otras se podrán instalar postes, salvo dónde la comuna tiene “ductos” soterrados, que las empresas podrán usar para llevar su cableado.

El jefe de comunal, cita la resolución nacional y señala que la ordenanza de Capital establece una instancia de mediación, para regular el uso compartido por varias empresas proveedoras de internet.

Un detalle: para las inversiones que se realicen antes del 31 de diciembre de 2022, habrá 100% de exención de sellados, aforos, derechos y tasas.

Maipú y Luján también están trabajando en sus ordenanzas.

Por cuenta propia

En Guaymallén hay un inversor que ha avanzado en postes propios desde hace unos tres años y en los últimos meses ha cruzado el zanjón Cacique Guaymallén, hacia Godoy Cruz. Marcos Calvente señala que Claro es una empresa multinacional que tiene espaldas financieras y un plan de inversión que les permite avanzar.

En Godoy Cruz no hay ordenanza propia, pero si han firmaron un acuerdo con Claro. Fuentes de la comuna señalan que la empresa se comprometió a cablear el 92% del territorio del departamento y prestar el servicio a escuelas y edificios públicos de la comuna. El plan de inversión se inició hace un par de meses. “Vamos a controlar que cumplan con los comprometido”, prometen desde la Comuna.

En ambas comunas, los postes de Claro quedarían alcanzados por la resolución nacional 105/2020 y la empresa estaría obligada a compartir su infraestructura pasiva.