El Gobierno echó a una empleada de ATM que borraba deudas de empresas

El Gobierno echó a una empleada de ATM que adulteraba registros para borrar deudas
El Gobierno echó a una empleada de ATM que adulteraba registros para borrar deudas

La agente cometió faltas graves, ya que se determinó que manipulaba el sistema informático para dejar saldos en cero pesos para beneficiar a un contribuyente. La mujer tenía tutela sindical y fue levantada por la Suprema Corte en un fallo.

El Gobierno Provincial tomó la determinación de echar a una empleada del Estado que cometió una serie de faltas graves e irregularidades luego de alterar y borrar una serie de deudas de una empresa en 2017, mientras se desempeñó en la Administración Tributaria de Mendoza (ATM).

Según consta en la resolución 71 de ATM en el Boletín Oficial de hoy, se decidió aplicar la cesantía a la agente María Victoria Rodríguez Peña y Lillo, quien de igual manera tiene la posibilidad de impugnar el acto administrativo. Según informaron desde el Poder Ejecutivo, la mujer “participó de un intento de manipular el sistema informático para beneficiar a un contribuyente”.

Si bien ATM ya había decidido a través de la resolución 66/2019 la cesantía de Rodríguez Peña y Lillo por “faltas graves en actos de servicio” y la transgresión de una serie de obligaciones, se mantuvo dicha determinación en suspenso, teniendo en cuenta que la mujer tenía tutela sindical y, por ende “inmunidad sindical”.

Sin embargo, la agente tuvo varios reveses judiciales que desembocaron en la confirmación de la cesantía. Fue la Suprema Corte de Justicia la que rechazó un recurso extraordinario provincial que presentó Rodríguez Peña y Lillo y, de esta manera, ratificó incluso un fallo de la Quinta Cámara del Trabajo, que determinó el levantamiento de la exclusión de la tutela sindical de la mujer, “a fin de que la Administración Tributaria Mendoza haga efectiva la sanción prevista”.

Rodríguez Peña y Lillo prestaba servicios en la ATM. Ingresó a la Dirección General de Rentas en septiembre del 2005 y ocupaba al momento de ser expulsada el cargo de secretaria de prensa del sindicato trabajadores autoconvocado de Mendoza (SITEA), bajo el ala del secretario general, Victor Hugo Dagfal, quien “también tiene en tramite su exclusión de tutela”, según informaron desde el Poder Ejecutivo.

Desde el ministerio de Gobierno agregaron que Rodríguez Peña y Lillo era delegada gremial de SITEA desde el año 2015, y en el 2011 “se ausentó dieciséis veces sin justificación”.

El caso

Según un informe del Departamento de Gestión de Cobranzas de ATM del 2017, se verificó inconsistencias en la cancelación de deudas correspondientes a una boleta de la cuenta corriente de la firma Petro Gas SA.

Desde allí se inició una investigación de la Subdirección de Impuestos a las Actividades Económicas, donde se verificó “movimientos” en la cuenta corriente de la firma el día 22/6/2017, correspondiente a la agente Rodríguez Peña y Lillo. Producto de ese análisis, se detectó que en los períodos de agosto a diciembre del 2003; más enero, febrero, mayo, junio, julio, septiembre y noviembre del 2004, el saldo de las obligaciones originales en esas boletas “había quedado en cero pesos ($0)”.

No obstante, si bien la Subdirección restableció los valores “correctos” en la cuenta corriente de Petro Gas SA, “la obligación sufrió una nueva modificación”.

En la resolución interna de ATM, marcaron que el usuario perteneciente a Rodríguez Peña y Lillo “cargó un monto de ‘retención’ idéntico al impuesto, dejando la obligación con un saldo a pagar de pesos cero ($0)”. También quedaron involucrados, como aparece en dicha resolución, otros agentes, como Iván Stroppiana y Juan Pablo Ferrer.

No obstante, la investigación encontró también la “existencia de adulteración de otras cuentas corrientes, tales como Soins SA, Shopping del Panadero SA, Carnes La Mantia SA y Merino Carlos Joaquin H”.

“Resulta necesario detallar la participación de la agente María Victoria Rodríguez Peña y Lillo en los casos investigados a los efectos de describir la responsabilidad que le compete, no obstante que resulta evidente la connivencia con los agentes Ferrer y Stroppiana para adulterar los registros informáticos en perjuicio del Fisco” acotaron.

La resolución de ATM

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