lunes 10 de mayo de2021

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El Consejo Económico empieza a debatir, con la minería en la mira
Suárez, cuando presentó el CEAS en diciembre destacó que es un cuerpo para debatir políticas de Estado. Foto: José Gutierrez / Los Andes.
Política

El Consejo Económico empieza a debatir, con la minería en la mira

El CEAS tendrá mañana su primera sesión. Entre los proyectos ya presentados por sus miembros está el de la Cámara Minera.

El Consejo Económico empieza a debatir, con la minería en la mira
Suárez, cuando presentó el CEAS en diciembre destacó que es un cuerpo para debatir políticas de Estado. Foto: José Gutierrez / Los Andes.
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El Consejo Económico, Ambiental y Social (CEAS) comenzará este lunes a analizar los principales temas propuestos por sus 83 miembros. Con el objetivo puesto en acordar políticas de Estado, ya hay más de 25 proyectos presentados -sobre educación, matriz socioproductiva y cuidado del ambiente, entre otros -. Si bien también está en la mesa de discusión la minería, por ahora no tendrá mucho más impulso que el de la propia cámara de empresarios mineros, ya que el resto de las entidades evitarán pronunciarse al respecto y tantearán el panorama una vez comience el debate. Por otro lado, desde el sector ambientalista seguirán atentamente el desarrollo de las propuestas y volvieron a manifestar su rechazo a la minería metalífera, tal como ocurrió en los furiosos días de diciembre de 2019.

Entre las iniciativas ya presentadas, Julieta Estrella Orrego, secretaria técnica del CEAS, destacó que “abarcan los grandes temas estratégicos de la provincia”, tales como educación, ordenamiento territorial, ampliación de la matriz socioproductiva, agenda internacional, beneficios e innovación productiva y cuidado del ambiente, entre otros.

No obstante, también hay un documento que tiene el objetivo de “debatir la minería como actividad”. Los antecedentes son conocidos: a fines del 2019 la Legislatura flexibilizó la ley 7.722 (que prohíbe usar algunas sustancias químicas), pero luego el gobernador Rodolfo Suárez decidió derogar esa modificación a raíz de las multitudinarias marchas en contra de la flexibilización de la norma.

Desde la Cámara Minera esperan que el CEAS sea un ámbito en el cual pueda volver a impulsarse la actividad, luego de todo lo que ocurrió en torno a la minería en términos políticos y sociales. Sin embargo, reconocen que no se vislumbra en el corto plazo que pueda haber avances, ya que no hay señales de un reimpulso minero por parte del Gobierno ni de los partidos de la oposición, como el PJ, que habían apoyado la flexibilización de la 7.722. Sobre todo en un año electoral.

Optimismo minero

Raúl Rodríguez, presidente de la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros (Camem), sostuvo que tienen “muy buenas expectativas” respecto al trabajo que pueda salir del Consejo, al destacar que es “el lugar adecuado por la composición multidisciplinaria y multifacética”, tanto de actores que se han expresado a favor de la minería, en contra y también con otros que no han mostrado su opinión.

El empresario adelantó que enviaron al CEAS un documento titulado “Aprovechamiento sustentable e integral del potencial minero de Mendoza”, en el cual proponen analizar “en primer lugar todos los proyectos que se pueden explotar dentro de la ley 7.722”, como Potasio Río Colorado, Hierro Indio, Cerro Amarillo e incluso San Jorge.

Pero también destacó la importancia de volver a debatir “todo el potencial minero de Mendoza”, para lo que, claramente, necesitan nuevamente la reforma de la ley.

“Si el CEAS es el ámbito para discutir la Mendoza de los próximos años, creo que la minería tiene potencial para ofrecer. Vamos a presentar nuevamente un activo provincial. Queremos discutir en un ámbito donde estén presentes todas las actividades”, añadió Rodríguez.

Con relación a si estarían satisfechos en el sector con el impulso solamente de los proyectos que se pueden explotar dentro del marco de la 7.722, destacó que si bien trabajarán para hacerlo, “hablaría mal de nosotros si bajamos la bandera que hemos levantado hace tiempo. Somos respetuosos de la institucionalidad pero no podemos dejar de insistir que la minería es una actividad lícita, que se practica en todo el mundo y que tenemos que encontrarle una solución al problema”.

“Queremos contestar todas las inquietudes que tengan en el CEAS y en la ciudadanía, si se decide tratar nuestra iniciativa”, cerró.

Prudencia empresarial

En las otras cámaras empresarias no tienen por ahora como objetivo buscar el aval del CEAS a la minería y prefieren dejar la discusión para más adelante, cuando se presenten los proyectos al organismo o al menos se traten otros “macro”, relacionados con una reforma laboral del sector público, beneficios impositivos temporales para la creación de empleo formal, un sistema para evaluar las inversiones públicas y un plan de simplificación de trámites relacionados a los negocios en Mendoza.

Según pudo averiguar Los Andes, los principales referentes de las entidades empresariales si bien en 2019 se pronunciaron fuertemente a favor de la modificación de la 7.722, ahora no la impulsarán desde su propio ámbito, sino que esperarán que la idea salga de otras voces.

“La minería tiene que realizarse donde haya consenso”, marcaron, Y si ese lugar es Malargüe, “debería ser el propio departamento el que impulse los cambios”, manifestaron. No obstante, desde la comuna sureña adelantaron que “no hay ninguna presentación de ningún proyecto por parte del intendente” Juan Manuel Ojeda.

Uno de los empresarios consultados fue Mauricio Badaloni, titular de la Unión Industrial de Mendoza (UIM), quien consideró que la matriz productiva “está agotada y necesita por lo menos ser ampliada”, pero destacaron que todo el proceso ocurrido a fines del 2019 “es una historia que no se quiere volver a repetir”.

También ponderó los cuatro grandes proyectos para el desarrollo global de Mendoza presentados en el CEAS, pero manifestó que han notado una “falta de decisión política en avanzar en lo que se tiene, como la secretaría de Minería. Hay que dotarla de recursos pero hoy no tiene financiamiento, por lo que creemos que no están dadas las condiciones”.

En tanto, Daniel Ariosto, de la Unión Comercial e Industrial Mendoza (UCIM), consideró que el Consejo “desde ya debe ser el ámbito donde la míneria sustentable encuentre su espacio para que se pueda desarrollar. Necesitamos de la minería, hoy nos estamos perdiendo una actividad dinámica y productiva si se sigue demorando”. También remarcó la necesidad de mejorar la situación de otras áreas, como la construcción, metalmecánica, comercio, servicios, vitiviniculura y turismo, entre otras.

En el sector ambientalista se ponen en guardia otra vez

Eduardo Sosa, ex presidente de la organización Oikos Red Ambiental y uno de los históricos defensores de la 7.722, consideró que si bien ahora la minería no está en el debate público, “se espera que una vez que la cámara minera haga el planteo en el CEAS los representantes empresarios apoyen esta idea, y junto a ellos el resto de colegios profesionales y algunas universidades y sindicatos, entre otros”.

Para Sosa, el sector ambientalista “ha quedado en inferioridad de condiciones” respecto a los sectores pro minería metalífera. Y anticipó que “tarde o temprano” se impulsará en el CEAS, organismo al que también criticó al indicar que se torna “inviable para llegar a acuerdos” por la cantidad de miembros que deberán conformar consejos por oasis, pero también porque “si bien hay debate o discusiones, no se nota un diálogo franco y sincero”.

Por otro lado, uno de los consejeros de la ong Protección del Ambiente, Rafael Kemelmajer, dejó en claro que “cualquier planteo que se realice se responderá mediante una consulta y convergencia con las organizaciones” en las cuales él milita, como Nuestra Mendoza; y dejó en claro que aún no han tenido conocimiento de algún planteo para volver a debatir la minería metalífera.

“Estamos siempre abiertos al debate. La participación ciudadana es la base de la democracia”, marcó. Además sostuvo que el proyecto que elevaron al CEAS corresponde a que Mendoza se sume al Acuerdo de Escazú (al que el Congreso Nacional adhirió en setiembre pasado), el cual tiene como finalidad “garantizar el acceso a la información pública, el acceso a la Justicia y la participación comunitaria en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe”.