La investigación del caso Bento podría demorar hasta tres años en el Consejo de la Magistratura

La investigación del caso Bento podría demorar hasta tres años en el Consejo de la Magistratura
El diputado Pablo Tonelli destacó que la legislación prevé un plazo máximo de tres años para llegar a una conclusión. / Los Andes

El consejero instructor del caso, el diputado del Pro Pablo Tonelli, dijo que aún no cuenta con todos los antecedentes de la causa contra el juez federal.

Desde hace tres semanas está en la mira del Consejo de la Magistratura el caso del juez federal Walter Bento, imputado como presunto líder de una asociación ilícita que liberaba detenidos a cambio de coimas y acusado de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Desde órgano encargado de controlar las actividades de los jueces reconocieron que el proceso contra el magistrado puede durar hasta tres años, pero aseguran que actuarán con la mayor celeridad porque es un tema urgente.

A comienzos de mayo el caso Bento explotó en Tribunales Federales, luego de que el fiscal Dante Vega imputara penalmente al juez y a otras 15 personas. Paralelamente, la denuncia recayó en el Consejo de la Magistratura, donde la Comisión de Disciplina y Acusación designó por sorteo al consejero y diputado nacional por el Pro, Pablo Tonelli, como instructor para llevar adelante la investigación contra el magistrado federal con competencia electoral.

Sin embargo, la rápida intervención del organismo no implica que todo el proceso sea igual de ágil. En diálogo con Los Andes, Tonelli aseguró que recién están en la etapa preliminar de la pesquisa y destacó que la legislación prevé un plazo máximo de tres años para llegar a una conclusión.

“Tenemos un plazo máximo que es de tres años. Obviamente no lo vamos a usar porque es un tema que urge y tenemos que resolver cuanto antes”, manifestó el consejero y remarcó que por ahora no tiene precisiones sobre cuándo podrían estar en condiciones de resolverlo.

En este sentido, sostuvo que “el tema de la pandemia también nos atrasa y dificulta un poco las cosas. Vamos a hacer lo posible por llegar a conclusiones lo más rápido que se pueda”.

“El apuro tiene que ver con que las acusaciones son extremadamente graves y en un caso así, lo mejor para todos los involucrados y para el propio Poder Judicial es que el tema se clarifique lo antes posible”, expresó el legislador nacional.

Tonelli todavía ni siquiera cuenta con toda la documentación sobre la causa que tiene la Justicia Federal de Mendoza. “Tengo algunos expedientes de la causa, pero no tengo todo”, reconoce y advierte que no es un procedimiento sencillo conseguirlos.

El primer paso en la investigación lo da el instructor sumario, quien una vez finalizada su tarea debe presentar un dictamen ante la Comisión de Disciplina y Acusación. Este cuerpo la somete a consideración y según el tenor de ese dictamen puede ser necesaria la posterior intervención del plenario.

Los nueve integrantes de la Comisión pueden votar sobre el caso que se somete a análisis, pero el primero en hacerlo es el consejero informante, quien fija la postura inicial a que se puede adherir o rechazar.

Una vez concluida la evaluación se puede proceder a una desestimación de la denuncia, una recomendación de una sanción o la recomendación de que el acusado sea enjuiciado y sometido al Tribunal de Enjuiciamiento. Lo que puede acarrear una suspensión y una eventual destitución.

Uno de los factores que aporta mayor relevancia al caso Bento es que se trata del juez federal con competencia electoral en Mendoza y es el encargado de supervisar buena parte del proceso para las elecciones legislativas que se avecinan.

Todo apunta a que si se demora en la investigación el magistrado será el juez electoral, ya que solo podría ser suspendido por el Consejo de la Magistratura si el plenario decide acusarlo y pasar el caso al Tribunal de Enjuiciamiento. Otra posibilidad es que él mismo decida apartarse solicitando una licencia, pero hasta el momento Bento sigue yendo a trabajar a Tribunales con normalidad.

Las dilaciones en los procesos disciplinarios iniciados a jueces y juezas de la Nación son un fenómeno frecuente. Según un relevamiento de la plataforma JusTA (Por una justicia trasparente y abierta) sobe 3770 denuncias realizadas en los últimos 23 años, ninguna se resuelve en menos de seis meses. En tanto, el 86% demora más de un año, el 44% más de dos años y el 16% más de tres años.

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