miércoles 28 de julio de2021

Política

Diputados avanza con una ley contra la violencia institucional de fuerzas policiales

Diputados avanza con una ley contra la violencia institucional de fuerzas policiales
Archivo

Un proyecto impulsado por el Frente de Todos recibió dictamen y será tratado en la próxima sesión. Juntos por el Cambio presentó una propuesta alternativa y advirtió que el problema se agudizó con la pandemia.

Un proyecto de ley para prevenir y erradicar casos de violencia institucional a manos de fuerzas policiales, de seguridad y servicios penitenciarios quedó a un paso de ser aprobado en la Cámara de Diputados, tras recibir dictamen en las comisiones de Seguridad Interior y de Derechos Humanos.

La iniciativa, que cobró fuerza con varios crímenes y hechos de violencia cometidos durante la cuarentena, fue impulsada por el Frente de Todos y enriquecida con aportes de funcionarios, familiares de víctimas y organismos de Derechos Humanos, que participaron del debate a lo largo de cinco reuniones informativas.

Juntos por el Cambio coincidió en el objetivo de la ley pero advirtió que se queda “a mitad de camino” porque no ataca las responsabilidades provinciales ni modifica el Código Penal. Con esos argumentos, el interbloque presentó un dictamen de minoría.

“Esta ley no es la panacea, pero es una herramienta más para enfrentar este flagelo tan terrible que se llevó la vida de miles de personas a lo largo de nuestra historia”, expresó el oficialista Leonardo Grosso, y lamentó que no se haya logrado un dictamen único. “Este no es un problema de partidos políticos, sino de políticas públicas. Necesitamos que esta ley sea aprobada por unanimidad”, pidió.

La ley tiene como objeto “generar herramientas integrales para prevenir y erradicar casos de violencia institucional por fuerzas policiales, de seguridad y servicios penitenciarios en todo el territorio nacional, así como también otorgar acompañamiento y reparación a las víctimas de violencia institucional”.

Desde la UCR, Alejandro Cacace confesó su preocupación por que “algunas disposiciones tengan carácter enunciativo y que los gobiernos provinciales sigan no haciéndose responsables de las competencias que tienen, de su rol de comando y del control”.

Cacace propuso “intimar a las provincias a cumplir lo que la Convención contra la Tortura y las leyes dicen” para que la norma no quede “como una letra muerta más”. En efecto, varias provincias todavía no constituyeron los mecanismos locales de prevención de la tortura, creados en 2012, y solamente cinco distritos adhirieron a la Ley de Víctimas del Delito.

Durante el debate se evocaron los nombres de varias víctimas a lo largo de la historia, pero la oposición alertó que el problema se agudizó durante la cuarentena. Karina Banfi (UCR) dijo que llevan contabilizados 23 asesinatos “emblemáticos” el año pasado y nombró a Facundo Astudillo Castro en Buenos Aires, Blas Correas en Córdoba y Luis Espinoza en Tucumán, entre otros.

“Hay una situación crítica que amerita que tomemos medidas, y que el consenso nos lleve a tener una ley. Ojalá podamos acordar los puntos del dictamen en un diálogo fructífero y lleguemos al recinto con mayores consensos para dar un mensaje claro”, manifestó a su vez Brenda Austin.

La diputada, que antes del plenario encabezó una reunión con la madre del joven Blas Correas (asesinado a manos de la Policía de Córdoba), señaló que “una ley como esta es un respaldo para que las familias no tengan que peregrinar por las oficinas del Estado para que alguien los escuche. La responsabilidad política de los funcionarios que toman las decisiones debe estar presente”.

Una de las voces más críticas fue la de Álvaro De Lamadrid (UCR), que opinó que el proyecto “es prácticamente un adorno frente a la verdadera violencia institucional que se da en el país y desde el poder, algo reconocido por la propia ministra de Seguridad, que dijo que la violencia institucional se incrementó durante la pandemia en un 800%”.

Al cierre del debate, Hugo Yasky, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, reclamó por la libertad de la dirigente Milagro Sala, “una mujer de las clases humildes, de los pueblos originarios, una mujer a la que la oligarquía jujeña tiene de rehén hace 2.000 días”. “Para esos casos también es necesaria esta ley”, remató.

El proyecto que recibió dictamen crea centros de recepción de denuncias que serán atendidos por personal civil con perspectiva de género, y también habrá un observatorio nacional que elaborará un registro único de casos.

Las víctimas y sus familiares recibirán acompañamiento psicosocial y patrocinio jurídico. En casos de homicidio, desaparición forzada o lesiones gravísimas, los familiares podrán iniciar un reclamo indemnizatorio administrativo.

Las provincias que adhieran deberán adaptar a la ley sus sistemas disciplinarios. Además, a propuesta de Cristian Ritondo (Pro), se creará un registro nacional de agentes expulsados e inhabilitados, donde quedará constancia de las sanciones.

Hay un capítulo específico dedicado a las “reglas mínimas” para la intervención policial en manifestaciones públicas: los efectivos tendrán prohibido el uso de armas letales y el diálogo con los manifestantes no estará a cargo del responsable del operativo, sino de un funcionario jerárquico del Estado. También hay una cláusula de protección de la cobertura periodística.

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