Debate minero: los precandidatos dicen qué van a hacer con la 7722

La minería solo en Malargüe tiene licencia social.
La minería solo en Malargüe tiene licencia social.

El Consejo Económico, Ambiental y Social propuso retomar la discusión, luego de la fallida reforma de la ley que impide el desarrollo minero. Los aspirantes a cargos legislativos oscilan entre el rechazo total y la prudencia.

La decisión del Consejo Económico, Ambiental y Social (CEAS) de reabrir el debate de la minería, luego del revés que generó para el Gobierno Provincial las movilizaciones y posterior derogación de la reforma de la ley 7722, provocó todo tipo de reacciones no solamente en la Legislatura provincial, sino también en la campaña que están llevando a cabo los precandidatos que pretenden tener una banca a partir de mayo del 2022.

Teniendo en cuenta que los integrantes del CEAS de la comisión de Crecimiento Económico le dieron un aval casi unánime de volver a discutir con más tiempo la posibilidad de ampliar la actividad minera, focalizándola en primer lugar en un departamento como Malargüe, Los Andes consultó a precandidatos a legisladores provinciales de diferentes fuerzas políticas su opinión respecto a este tema.

Prudencia y cautela es lo que predomina en los precandidatos ante un tema que sin dudas genera sensibilidad en la sociedad, y que ha sabido tener marchas importantísimas y convocantes a fines del 2019 en contra de la reforma, en momentos en los que se trataron los cambios de la ley que prohíbe la utilización de sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, y otras sustancias tóxicas.

Hay que destacar que pese a que en aquel diciembre hubo una amplia mayoría de Cambia Mendoza y el Frente de Todos que convalidaron la reforma, hubo también votos en contra de legisladores de ambos frentes, por lo que marcaron que sus opiniones “no tienen por qué seguir la de otros precandidatos o del partido”.

Los Andes intentó contactarse con algunos precandidatos “entrables” del Frente de Todos, quienes prefirieron no dar declaraciones, y dejaron en claro que es un tema del cual “tiene que salir un debate interno del propio partido”.

Si bien en Cambia Mendoza ocurre algo similar, el gobernador Rodolfo Suárez ha dicho en varias oportunidades que este tema está cerrado en su gestión, y que no volverá a impulsar desde el Poder Ejecutivo otra reforma.

Opiniones diversas

Martín Kerchner, precandidato por el oficialismo en el tercer distrito de Cambia Mendoza, consideró “positivo” que sectores se expresen en un ámbito como el CEAS, con un marco “serio e institucionalizado”, y marcó que el “gran desafío” de la provincia es saber de qué va a vivir en las próximas décadas.

También opinó que el documento del CEAS hace referencia a muchos aspectos, entre los que se encuentra la minería, y destacó que “debatir siempre es saludable”. Si bien no se mostró a favor o en contra de una eventual nueva reforma, marcó que es legítimo que un eventual debate “se pueda dar en un marco de respeto, información y datos científicos”.

“Hay departamentos, como Malargüe que tienen una cultura, un quehacer social y educativo muy relacionado con la actividad minera y siempre precisan más actividad”, dijo, pero aclaró que “no es tiempo de minería sí, minería no. El tema de fondo es profundizar diálogos para implementar estrategias que permitan hacer crecer la torta de la economía mendocina”.

Por parte de Gerardo Vaquer, precandidato a senador en el Primer Distrito del Frente de Todos, fue taxativo al indicar que “nada que ponga en riesgo el agua tendrá mi apoyo” y que “todas las discusiones que haya que dar las daremos, pero no apoyaré nada que ponga en riesgo el agua”.

También dijo que “todo lo que se presente se estudiará y se analizará”, pero remarcó que no aprobaría una reforma de ese calibre.

Los Andes habló también con la precandidata a senadora por el Cuarto Distrito del Frente de Todos, Alejandra Barro, quien vio como “saludable” que se esté debatiendo nuevamente sobre la actividad minera en el CEAS. “Nosotros como representantes de Malargüe creemos que todo lo que tenga que ver con la matriz productiva en nuestra región es positivo, e independientemente de lo que pase, la discusión se debe dar”, consideró.

Por otro lado, indicó respecto a la 7722 y su fallida reforma, que “la ley que está es la que se definió y la que decidió la ciudadanía. Mi postura es la de generar puestos de trabajo y ampliar la matriz productiva, pero el debate se verá si llega nuevamente a la Legislatura”, declaró.

Y marcó: “Hoy no hay licencia social en Mendoza. Sí en Malargüe, pero no está el debate en la Legislatura para saber qué postura vamos a tomar. Pero tener la discusión de la minería y qué tipo de minería queremos, me parece saludable”.

En tanto, Jesica Laferte, precandidata por el oficialismo a senadora provincial en el Cuarto Distrito, valoró el trabajo que está realizando el CEAS, e indicó que es una buena noticia que la mayoría de los miembros de la comisión hayan solicitado la reapertura del debate. “Es una gran oportunidad para los mendocinos, porque hay que incluir a la minería y diversificar la matriz productiva”, marcó.

La precandidata malargüina señaló que es una “férrea defensora de la minería pero también del ambiente y del agua. Creo que una cosa no va en contra de la otra. Nuestra sociedad tiene que salir adelante. Quiero minería sustentable, controlada y donde la participación ciudadana asegure que los controles sean genuinos y no ficticios”.

Emanuel Fugazzotto, precandidato por el Primer Distrito a diputado por el Partido Verde, denunció que el CEAS “se creó para volver a instalar la discusión de la megaminería en la provincia”. Para el dirigente político, hay una “falsa afirmación” que es que la provincia no tiene desarrollo minero sin una reforma de la 7722, y marcó que está “comprobado” que la minería de tercer grado genera puestos de trabajo significativos.

“Por dentro de la 7722 todo y por fuera nada. Si se reabriera el debate hoy, y si fuera legislador votaría a favor de defender la ley”, sostuvo.

Con un mensaje similar se mostró Soledad Sosa, precandidata a senadora provincial por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), quien acusó a Cambia Mendoza y al Frente de Todos de “intentar nuevamente imponer la megaminería en la provincia”.

“Para nosotros, el pueblo de Mendoza fue muy claro. El acuerdo del Frente de Todos con Cambia Mendoza en la Legislatura en aquel diciembre caliente cuando intentaron atacar la 7722, derivó en una pueblada mendocina que expresó la voluntad de defender esa legislación que es la ley madre del agua. Y en ese punto como Frente de Izquierda somos la única fuerza que monolíticamente defiende el derecho al agua, la 7722, y no estamos de acuerdo con la imposición de la megamineria”, culminó.

Por otro lado, Hugo Laricchia, precandidato a senador por el Primer Distrito en el frente Vamos Mendocinos, consideró que el debate por la minería “no está terminado” y expresó que el que hubo en diciembre “se degeneró y terminó transformándose en un debate entre dogmáticos”.

“Creo que Mendoza se merece un debate más serio, académico y político, que un griterío en las calles y votaciones entre gallos y medianoche”, señaló, y aclaró que se podría imaginar una minería en Mendoza “más parecida a la de Noruega y Nueva Zelanda que la de Catamarca o La Rioja. Los mendocinos somos serios y nos merecemos un debate serio. El que hubo no lo fue”.

Por el Partido Federal, Laura Carbonari, precandidata a senadora provincial por la Primera Sección, afirmó la necesidad de ampliar la matriz productiva para salir de la crisis económica. No obstante, dijo que al ser un espacio principalmente de productores, tienen “una gran conciencia del cuidado del agua y cuidado del ambiente en forma irrestricta”.

De igual manera, opinó que respecto al tema del debate minero en el CEAS no se cierran al diálogo, siempre y cuando se haga “con responsabilidad y escuchando a todos los involucrados”. También marcó que se debe partir de la premisa que Mendoza tiene una ley “pionera en defensa del recurso hídrico” como es la 7722.

En tanto, dijo que sólo podrían discutir una minería “con las estructuras tecnológicas adecuadas y con un control independiente del poder político de turno”, y que si hay departamentos con licencia social para practicarla, como puede ser Malargüe, sería importante “buscar un modo para que se den condiciones más seguras. No apoyamos la megaminería que causa destrozos irreparables”.

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