Con apoyo sindical y críticas opositoras, avanza la ley que grava los bienes fugados para pagarle al FMI

El senador Oscar Parrilli defendió el proyecto de ley en el plenario de comisiones (Foto: Federico López Claro)
El senador Oscar Parrilli defendió el proyecto de ley en el plenario de comisiones (Foto: Federico López Claro)

El debate comenzó en un plenario de comisiones y se reanudará dentro de dos semanas. Juntos por el Cambio advirtió que se trata de un blanqueo. Oscar Parrilli trabaja para “perfeccionar” el proyecto original.

El proyecto de “aporte especial de emergencia” sobre los bienes no declarados y fugados al exterior para cancelar la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) cosechó apoyo de sindicalistas y duras críticas de la oposición, que advirtió que se trata de un blanqueo y que se recaudará menos dinero que con las leyes actuales.

El debate comenzó ayer con una ronda de invitados en las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda, en el Salón Azul del Senado. El plenario pasó a un cuarto intermedio hasta dentro de dos semanas y la intención del oficialismo es realizar otras dos reuniones antes de firmar dictamen.

Mientras tanto, el bloque trabaja en algunas modificaciones al texto original para “perfeccionar” los mecanismos para identificar a los evasores y mejorar la figura del colaborador, que se crea para facilitar el hallazgo de bienes no declarados. Además, se dejará explícito que el aporte deberá abonarse hasta que se cancele en su totalidad la deuda con el FMI.

El encargado de la letra fina es el kirchnerista Oscar Parrilli, quien defendió el proyecto en las comisiones. “Nuestro bloque votó diferente (el acuerdo con el FMI), pero todos estamos de acuerdo en que no podemos gobernar con el FMI encima”, sostuvo el senador en un intento de mostrar unidad.

Parrilli explicó que el objetivo es “que vuelvan los 86.000 millones de dólares que se fugaron entre 2016 y 2019″ para financiar la deuda. Para eso, se busca dotar de más herramientas de control a la Unidad de Información Financiera (UIF), a los fiscales y también a la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Deuda Externa.

Juntos por el Cambio ya dejó en claro que no acompañará el proyecto. El interbloque pidió citar para un próximo encuentro al ministro de Economía, Martín Guzmán; al titular del Banco Central, Miguel Pesce; y a la responsable de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont. Pero en el oficialismo dejaron entrever que no convocarán a ningún representante del Poder Ejecutivo.

El jefe del bloque oficialista, José Mayans, junto a la senadora Juliana Di Tullio (Foto: Federico López Claro)
El jefe del bloque oficialista, José Mayans, junto a la senadora Juliana Di Tullio (Foto: Federico López Claro)

Martín Lousteau llevó la voz cantante de la oposición. “Este proyecto no trata de corregir la fuga, sino que refiere a los bienes no declarados al exterior, que es algo distinto”, analizó el legislador de Evolución tras consultar a uno de los directores del Banco Nación, Guillermo Wierzba, quien abrió el debate.

El funcionario consideró que “el aporte de divisas por parte de los que se beneficiaron del proceso de fuga es un hecho de justicia”, pero desde el radicalismo le salieron al cruce. “¿Sería un acto de justicia también cobrar por los bienes no declarados dentro del país?”, retrucó el chaqueño Víctor Zimmermann, vicepresidente de la Comisión de Presupuesto.

Juntos por el Cambio sostiene que ingresará menos dinero que el que podría recaudarse en la actualidad, porque con la propuesta oficialista se cobrará un aporte del 20% en lugar del 35% establecido en las regulaciones vigentes.

“Es un blanqueo de aquellos que no declararon lo que tienen en el exterior, y además es un blanqueo sin limitantes: se puede blanquear a alguien con origen ilícito de fondos o a alguien que estuvo lavando”, señaló Lousteau.

Parrilli rechazó la interpretación del economista. “Esto no es un blanqueo porque esto no es voluntario, esto es persecutorio, es intimidatorio y coercitivo, porque estamos yendo sobre los fugadores”, repitió el senador durante la jornada.

Lousteau también se cruzó con otra de las directoras del Banco Nación, Julia Strada, a quien le preguntó por qué no se aplican los instrumentos actuales y el Régimen Penal Tributario para perseguir y castigar la evasión. La funcionaria respondió en ese sentido que “lo más importante del proyecto es el levantamiento del secreto bancario, bursátil y fiscal”.

Ese aspecto también fue destacado por la senadora camporista Anabel Fernández Sagasti. “Sumamos herramientas a la AFIP, a la UIF y a la Justicia”, resaltó, y agregó que “el objetivo principal es que se va a constituir un fondo en dólares” para cancelar la deuda contraída en 2018.

Según el jefe del bloque oficialista, José Mayans, el nuevo aporte alcanzará a “alrededor de 190 personas” que son las que “se dedicaron a la fiesta financiera”. “Si no tenemos independencia económica no vamos a tener soberanía política, y sin soberanía política no vamos a tomar las medidas que el Estado necesita para alcanzar la paz social”, dijo.

También se expresaron a favor del proyecto los economistas Horacio Rovelli, Ricardo Aronskind y Noemí Brenta, convocados por el Frente de Todos.

El debate se reanudará la semana del 18 de abril, ya que la próxima es corta por los feriados de Semana Santa y muchos senadores no viajarán a la Capital Federal. Los jefes de bloque acordaron ayer, en una reunión de Labor Parlamentaria, que escucharán a más especialistas antes de dictaminar.

Apoyo sindical

Durante la mañana, el bloque de senadores oficialistas recibió en el Salón Illia a dirigentes sindicales que respaldaron el proyecto. Fue una señal del Frente de Todos para mostrar mayor amplitud, dado que los impulsores de la iniciativa pertenecen al núcleo duro kirchnerista.

El sindicalista Pablo Moyano, de Camioneros, durante la reunión con senadores oficialistas (Foto: Frente de Todos Senado)
El sindicalista Pablo Moyano, de Camioneros, durante la reunión con senadores oficialistas (Foto: Frente de Todos Senado)

Participaron del encuentro Pablo Moyano (Camioneros), Hugo Yasky (CTA), Hugo “Cachorro” Godoy (ATE), Héctor Amichetti (Gráficos), Omar Plaini (Canillitas), Vanesa Siley (Judiciales) y Ricardo Peidró (CTA Autónoma), entre otros.

“Desde la Confederación General del Trabajo vamos a apoyar este proyecto y lo vamos a militar en la calle cuando sea necesario. Es un apoyo total de la CGT”, garantizó Moyano, que así buscó despejar dudas sobre las ausencias de Héctor Daer y Carlos Acuña.

Por su parte, Yasky apuntó que “en cada festival de endeudamiento y fuga, siempre el hilo se cortó por lo más delgado y terminamos pagando los sectores populares”. Y añadió: “Este proyecto es una oportunidad para quebrar ese círculo y que por fin alguna vez paguen los que fugaron divisas a las guaridas fiscales”.

Amichetti, de la Corriente Federal de los Trabajadores, también se expresó en duros términos: “Tendrán que ser muy caraduras quienes se opongan a esta iniciativa, porque estamos explicando la cuestión de fondo: la delincuencia en que terminan esa ambición y esa codicia de multiplicar la ganancia”.

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