Con apoyo sindical, arranca en el Senado el debate sobre el impuesto a los evasores

El jefe del bloque de senadores oficialistas, José Mayans (Foto: Federico López Claro)
El jefe del bloque de senadores oficialistas, José Mayans (Foto: Federico López Claro)

El proyecto impulsado por el kirchnerismo comenzará a ser tratado este miércoles en comisiones. La CGT y la CTA se reunirán con senadores para brindar su apoyo. Al día siguiente se vota la reforma del Consejo de la Magistratura.

El Senado tratará entre este miércoles y jueves dos temas de alto voltaje político: la creación de un impuesto a los evasores para cancelar la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la reforma del Consejo de la Magistratura para cumplir con el fallo de la Corte Suprema de Justicia.

En primer lugar, el oficialismo convocó a las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda para este miércoles a las 15, con el fin de comenzar el debate del proyecto impulsado por el kirchnerismo que busca gravar en un 20% a los activos no declarados y fugados al exterior.

También se debatirá, en paralelo, la iniciativa que modifica las excepciones al secreto bancario, bursátil y fiscal. Así se busca avanzar con la figura del colaborador, que alcanzará a personas y entidades bancarias que faciliten el hallazgo de bienes no declarados.

En la previa del debate en comisiones, los senadores oficialistas recibirán la visita de las centrales sindicales, que concurrirán a las 10 al Salón Illia para brindar su apoyo al proyecto del “Fondo nacional para la cancelación de la deuda con el FMI”.

Estarán presentes, entre otros, Pablo Moyano (Camioneros), Hugo Yasky (CTA), Sergio Palazzo (Bancarios), Ricardo Peidró (CTA-A), Héctor Amichetti (Gráficos), Omar Plaini (Canillitas), Hugo “Cachorro” Godoy (ATE), Francisco Manrique (SMATA) y Vanesa Siley (Trabajadores Judiciales).

Los sindicatos suscribieron la semana pasada el documento “Paz, Pan y Trabajo: que la deuda no la paguen los de abajo”. La iniciativa del kirchnerismo coincide, en líneas generales, con el planteo gremial acerca de quiénes deben soportar el costo de la deuda con el FMI.

“Estamos de acuerdo en que los que fugaron paguen el desastre que dejó el gobierno anterior. Vamos a apoyar todo lo que sea necesario para que los que fugaron la guita paguen la deuda con el Fondo, y que no se haga con un ajuste sobre los trabajadores”, señaló Moyano, quien días atrás se reunió con el diputado Máximo Kirchner.

Por su parte, Juntos por el Cambio ya rechazó el proyecto. “Es un blanqueo encubierto disfrazado de populismo, porque parte del 20% en lugar del 35% que establecen las normas actuales”, expresó el interbloque de senadores en un reciente comunicado.

Y agregó: “Si a esto se suma el 30% de lo recaudado para la figura del colaborador, los ingresos al Fondo (para la cancelación de la deuda) se reducirían al 14%. Todo esto sin importar el origen de los fondos, pudiendo así blanquearse dinero de la corrupción u otras actividades delictivas”.

“El proyecto tiene la clara intención de desviar la atención pública de la grave crisis política que corroe al Frente de Todos y su incapacidad para afrontar los temas urgentes que afectan a millones de argentinos”, advirtieron los senadores encabezados por el mendocino Alfredo Cornejo.

Consejo de la Magistratura

Por otra parte, el Senado sesionará el jueves desde las 14 para tratar la reforma del Consejo de la Magistratura. El Frente de Todos lograría aprobar el proyecto con votos propios y de los aliados Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) y Magdalena Solari Quintana (Misiones), quienes forzaron cambios al texto original.

El proyecto propone pasar de los 13 integrantes actuales a 17, sumando un juez, dos abogados y un académico. Así, la composición quedaría con cuatro jueces (con representación federal y de todas las instancias), seis legisladores, cuatro abogados de matrícula federal, un representante del Ejecutivo y dos académicos.

La mayor controversia es que en esa composición se excluye a la Corte Suprema de Justicia, mientras que Juntos por el Cambio exige que el titular del máximo tribunal no solo debe tener un lugar en el Consejo, sino que también debe presidirlo, tal como ocurría antes de la reforma de 2006, que fue declarada inconstitucional.

Lo cierto es que el fallo de la Corte le dio plazo al Congreso para sancionar la nueva ley hasta el 15 de abril, con lo cual la Cámara de Diputados tendría apenas una semana para completar el tratamiento, en un recinto donde el oficialismo no tiene los votos asegurados. El final está abierto.

Tenemos algo para ofrecerte

Con tu suscripción navegás sin límites, accedés a contenidos exclusivos y mucho más. ¡También podés sumar Los Andes Pass para ahorrar en cientos de comercios!

VER PROMOS DE SUSCRIPCIÓN

COMPARTIR NOTA