Berni y Capitanich, sobreseidos en la causa por el cuartelazo policial de diciembre de 2013

Jorge Capitanich.
Jorge Capitanich.

Según el fallo, el gobierno de Córdoba no había hecho un pedido formal de ayuda para descomprimir la situación en aquel momento. La sentencia es de julio, pero trascendió en las últimas horas.

Sergio Berni, Jorge Capitanich y la exministra de Seguridad de la Nación María Cecilia Rodríguez fueron sobreseídos en la causa que investigó las responsabilidades del Gobierno nacional ante la supuesta falta de respuesta frente a los pedidos -no acreditados finalmente- de auxilio de funcionarios cordobeses durante el acuartelamiento de la policía de Córdoba por un reclamo salarial, en diciembre de 2013.

“(…) no se encuentra acreditado el efectivo conocimiento por parte de los funcionarios del Estado Nacional del requerimiento de las autoridades de la Provincia de Córdoba (…)”, concluyó la Justicia Federal.

El fallo que eximió de responsabilidades a Berni (ratificado en el gabinete bonaerense de Axel Kicillof), al gobernador de Chaco y a Rodríguez, se conoció días atrás, pese a haber sido firmado en julio pasado por la jueza federal, María Eugenia Capuchetti. Durante el cuartelazo policial que derivó en saqueos en distintas zonas de la capital cordobesa, Berni oficiaba de Secretario de Seguridad de la Nación, mientras que Capitanich ejercía la jefatura de Gabinete. Rodríguez acababa de ser nombrada ministra de Seguridad por la entonces presidenta, Cristina Fernández de Kirchner.

La jueza Capuchetti, en el fallo, argumentó que “para la configuración del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, debe acreditarse a cargo de los funcionarios imputados el dominio real de las condiciones de acaecimiento del hecho ante el ejercicio de una competencia clara y específica, que se encuentre fundada en ley e imputable a título de dolo”.

“Para atribuirles la omisión de sus deberes a los funcionarios, deben haber tenido la efectiva posibilidad de realizar la conducta adecuada, y teniendo capacidad para llevarla a cabo, intencionalmente no la realizaron (dolo)”, dijo la jueza.

Así, Capuchetti concluyó que durante el proceso judicial “no se encuentra acreditado el efectivo conocimiento por parte de los funcionarios del Estado Nacional del requerimiento de las autoridades de la Provincia de Córdoba, y a consecuencia de ello no se observa la realización de procedimiento previo alguno –intervención del Comité de Crisis-, lo que impide la configuración del tipo”.

Los episodios violentos se precipitaron en la noche del 2 de diciembre de 2013, cuando parte de la policía cordobesa anunció un quite de colaboración, seguido por un acuartelamiento. A cargo del gobierno provincial estaba la vicegobernadora Alicia Pregno, debido a que el gobernador José Manuel de la Sota estaba fuera del país.

Oscar González, exjefe del gabinete delasotista y otros funcionarios declararon en el juicio realizado a los policías amotinados en 2018 haber hecho varios llamados telefónicos al gobierno nacional para pedir la colaboración de las fuerzas de seguridad federales. Se sugirió en aquel juicio que el Gobierno federal dejó librada a su suerte a la provincia.

La fiscal federal Graciela López de Filoñuk abrió una investigación contra Berni, Capitanich y Rodríguez en base a los dichos de González, sobre el supuesto “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

El expediente terminó en los tribunales de Comodoro Py después de que el el juez federal de Córdoba, Miguel Vaca Narvaja, se declarara incompetente. La causa cayó en el juzgado de Rodolfo Canicoba Corral, quien dictó los sobreseimientos en julio de 2020.

El fallo fue apelado por el fiscal Carlos Stornelli y la Sala I de Cámara Federal, integrada entonces por Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens reabrió la investigación, que quedó en manos de Capuchetti.

La Jefatura de Gabinete informó a la Justicia, el año pasado, no tener constancias documentales que acreditaran “un pedido de colaboración de las autoridades de la Provincia de Córdoba dirigido a las autoridades del Poder Ejecutivo Nacional”.

“Sin requerimiento del gobierno provincial, no podrán ser empleados en el territorio provincial los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad del Estado nacional sino una vez adoptadas las medidas prescritas en los artículos 6º y 23 de la Constitución Nacional, o bien por orden de la justicia federal”, fundamentó la jueza, quien insistió en que no se pudo constatar “la efectiva recepción del requerimiento del gobierno provincial a los funcionarios nacionales”.

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