Atentado a Cristina Kirchner: piden que se investigue financiamiento de Revolución Federal

Los abogados Marcos Aldazabal y José Manuel Ubeira piden además que se investigue sobre la pista de 9 mm.

Cristina Kirchner, vicepresidenta de la Nación.
Cristina Kirchner, vicepresidenta de la Nación.

La querella de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner reclamó que se investigue la pista de la pistola 9 milímetros que era insistentemente ofrecida en los grupos de WhatsApp de Revolución Federal y que se profundice el análisis del financiamiento de esa organización y su posible vinculación con el “Grupo Caputo”, vinculado a la familia de un exfuncionario macrista.

La presentación fue realizada por los abogados Marcos Aldazabal y José Manuel Ubeira ante el juzgado a cargo del magistrado Marcelo Martínez de Giorgi donde se encuentra radicada la causa por la que ya fueron procesados Jonathan Morel y otros tres integrantes de Revolución Federal por “incitación a la violencia colectiva”.

En ese expediente fueron detectados los mensajes en los que una persona identificada como “Dali Revolución” ofrecía una pistola “9 mm” para la realización de un “actividad bala”: ante el hallazgo, el fiscal Gerardo Pollicita había requerido que se le impusiera al expediente el secreto de sumario y que se realizaran medidas de prueba para avanzar sobre esa pista.

El juez Martínez de Giorgi, sin embargo, optó por notificarle el hallazgo a la jueza María Eugenia Capuchetti bajo el criterio de que por su contenido y su temporalidad podía estar vinculado al expediente radicado en su juzgado, que es aquel en el que se investiga el intento de asesinato de la expresidenta.

Los letrados que representan a la querella vicepresidencial aseguraron en su presentación que “el cúmulo de pruebas producidas parece indicar” que los hechos por los que se investiga a Revolución Federal podrían ir más lejos que la incitación a la violencia y que podría haber mas personas involucradas.

“Dos líneas que se desprenden de los elementos de convicción producidos en la causa. Una tiene que ver con los mensajes enviados por “Dali Revolución”; otra, con la intervención del Grupo Caputo en el financiamiento de Revolución Federal”, explicaron en el escrito al que accedió Télam.

Los mensajes emitidos por “Dali Revolución” y hallados en los peritajes tecnológicos realizados sobre los dispositivos de Morel son cuatro:

- El 22 de julio de 2022, “Dali Revolución” respondió a un video identificado como “Manifestantes autoconvocados amenazaron de muerte a Cristina Kirchner”, con el mensaje: “Lo que fue agresivo fue el mensaje de amenaza de muerte (...) Que no es una mala idea tengo una 9 mm cualquier cosa me avisan”.

- El 22 de julio, tras una convocatoria de Sabrina Basile a “defender al campo” en la Sociedad Rural, insistió: “Tengo una 9 mm y el mástil de la bandera y tengo fas (sic) pimienta”.

- El 25 de agosto, “Dali Revolución” reaccionó a un video compartido por Jonathan Morel, denominado “La llegada de Cristina Kirchner rodeada de militancia”, con el mensaje “Una granada ahí (...) Mi límite es la 9 mm que tengo”.

- El 27 de agosto de 2022, “Dali Revolución” le dijo a Morel: “Yo no estoy en el grupo pero costa conmigo la actividad bala tengo unas ganas de usar mi 9 mm”.

En ese ínterin, recordó la querella, se produjo la conversación en el Twitter Space, en la que Morel sostuvo que, si no fuera conocida su cara para la militancia kirchnerista, se infiltraría entre aquellos que habían ido a apoyar a la Vicepresidenta a su casa en el marco de lo que fue el pedido de condena en su contra por parte del fiscal Diego Luciani en la causa Vialidad.

“Los mensajes de ´Dali Revolución´ dan cuenta de que, posiblemente, Revolución Federal tuviese objetivos que iban mucho más allá de instigar al delito y hasta de imponer sus ideas por la fuerza o el temor. Es que la referencia a una “actividad bala” del 27 de agosto de 2022 da cuenta de que en Revolución Federal parecen haberse discutido delitos concretos, vinculados con el uso de armas defuego. Y, por el contexto, bien puede intuirse que no se trata de cualquier delito”, señalaron los abogados Ubeira y Aldazabal.

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