Argentina se abstuvo de apoyar la investigación por violaciones a los DDHH en Venezuela

El gobierno de Alberto Fernández decidió este viernes abstenerse en una votación en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU por la cual finalmente se aprobó la continuidad de la misión internacional que investiga crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

Argentina se abstuvo de apoyar la apertura de un debate sobre violaciones de DDHH en China

Fue la segunda abstención en 24 horas de la Argentina en votaciones similares. La anterior fue el jueves, cuando el país no quiso apoyar que se debata en la Organización de las Naciones Unidas los presuntos crímenes de lesa humanidad en el noroeste de China.

Finalmente, el Consejo de Derechos Humanos, que es presidido por el diplomático argentino Federico Villegas Beltrán, logró aprobar la renovación por dos años de la misión que investiga presuntas violaciones a los derechos humanos en Venezuela.

Hubo 19 votos a favor, 5 en contra y 23 abstenciones para el proyecto impulsado por 39 países. “Es valioso renovar el mandato de la misión para contribuir a la rendición de cuentas. Es una renovación técnica de mandato”, definió el Consejo.

Los gobiernos de Brasil y Paraguay decidieron acompañar la iniciativa y ordenaron a sus representantes votar junto a Estados Unidos, Finlandia, Francia, Japón, Alemania, Polonia, Corea del Sur y Ucrania, entre otros países.

Argentina se ubicó entre las veintitrés abstenciones con México, Honduras, Gabón, Indonesia, Libia, Malasia, Qatar, Pakistán, Somalia, Sudán y Emiratos Árabes Unidos. A su vez, Bolivia, Cuba, Eritrea y Venezuela acompañaron a China en el voto en contra.

El 26 de septiembre, Marta Valiñas, presidenta de la misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, presentó un informe en la 51ª sesión del Consejo de Derechos Humanos.

“La situación es extremadamente preocupante para los derechos humanos en Venezuela”, fue el título del informe, con el que la misión concluyó su segundo mandato y su tercer año de trabajo en el país, lapso en el que se hicieron 246 entrevistas a víctimas.

El informe acusa a la inteligencia civil y militar de ese país (el Sebin y la Dgcim, respectivamente) de cometer crímenes de lesa humanidad para reprimir la disidencia política, mediante un modus operandi de abusos dictado “desde el más alto nivel”.

”Ambas agencias cometieron violaciones de los derechos humanos que constituyen crímenes de lesa humanidad, y entre éstos se incluyen la tortura y otros malos tratos, la violencia sexual y de género, las detenciones arbitrarias y las desapariciones forzadas de corta duración”, subrayó Valiñas ante el Consejo formado por 47 miembros de la ONU.

La continuidad de la investigación

La iniciativa para continuar con las investigaciones era impulsada esencialmente por los Estados Unidos, que desde hace más de diez años viene denunciando crímenes contra la humanidad en Venezuela y explicitando su apoyo a la oposición al chavismo, que hoy lidera el presidente Nicolás Maduro.

En un debate de elevada tensión, la administración de Maduro intentó impedir que la iniciativa progrese por considerarla una intromisión del resto de los países en los asuntos internos de Venezuela. Días atrás, el gobierno de Maduro había negado haber ordenado la detención de opositores y críticos que terminaron sufriendo descargas eléctricas, asfixia y otros actos crueles.

Hector Constant, representante de Venezuela ante el Consejo, rechazó este viernes el proyecto al calificarlo de “hostil iniciativa”. Y advirtió que “entorpecerá las relaciones de cooperación y asistencia técnica” del gobierno con la Oficina del Alto Comisionado para DDHH de la ONU (ACNUDH).

“El proyecto de resolución puede incidir negativamente en los procesos de diálogo entre los principales actores políticos del país e incluso constituye un triste mensaje para la comunidad de naciones en un momento en el cual Caracas es sede de importantes conversaciones de una paz regional tan anhelada”, afirmó Constant durante el debate.

Maduro había aceptado el ingreso de la misión al país caribeño tras una extensa negociación que fue liderada por la ex presidenta chilena Michelle Bachelet, quien era comisionada de Derechos Humanos de la ONU.

Se trató de un acuerdo de cooperación que permitió que un reducido número de colaboradores de este organismo trabajen en Venezuela y hagan un seguimiento directo de la situación, pero con fines de cooperación y no de escrutinio.

En sus discursos, los diplomáticos de numerosos países expresaron su deseo de que Maduro renueve este acuerdo con el nuevo Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, reemplazante de Bachelet.

Un grupo de 39 países había presentado ante la ONU la denominada “Resolución L.41″. El texto condenó las “graves violaciones de DDHH en Venezuela” y pidió la renovación por dos años más el mandato de la Misión Independiente de la ONU que investiga los crímenes.

La iniciativa votada el viernes manifiesta preocupación por las “continuas y graves violaciones y transgresiones de los derechos humanos” en Venezuela y respalda la prorrogación del mandato de la Misión.

El objetivo de la misión, dice el documento que Argentina decidió no respaldar, es “combatir la impunidad y asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas”.

Además, insta al Estado venezolano a liberar “inmediatamente” a todos los presos políticos y a todas las demás personas privadas de libertad de manera ilegal o arbitraria, dando prioridad a las que se encuentran en situación de vulnerabilidad.