Argentina no votó la resolución de la OEA que denunció fraude en las elecciones de Venezuela

El Gobierno de Alberto Fernández abstuvo su voto en la resolución que denunció los comicios que encabezó Nicolás Maduro el domingo.

Alberto Fernández se abstuvo de votar la resolución de la OEA que denunció fraude en las elecciones de Nicolás Maduro. Imagen ilustrativa.
Alberto Fernández se abstuvo de votar la resolución de la OEA que denunció fraude en las elecciones de Nicolás Maduro. Imagen ilustrativa.

La Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó este miércoles una resolución para rechazar las elecciones parlamentarias realizadas el fin de semana en Venezuela, boicoteadas por la oposición y criticadas por Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de Sudamérica.

La iniciativa, impulsada entre otros por Brasil, Estados Unidos y Colombia, se aprobó con 21 votos, tres más de los necesarios, sobre los 34 países que son miembros activos de la OEA. Cuba pertenece al organismo, pero no participa desde 1962. Bolivia y México votaron en contra, cinco países se abstuvieron -entre ellos la Argentina- y otros seis estuvieron ausentes.

El embajador argentino ante la OEA, Carlos Raimundi, reafirmó la necesidad del diálogo político para una salida a la crisis en Venezuela y sostuvo que no se puede hacer caso omiso de la voluntad expresada por los votantes, al exponer los argumentos de la abstención.

“Argentina reafirma su compromiso con la facilitación del diálogo entre las partes en la búsqueda de una salida política de la crisis en Venezuela”, señaló Raimundi.

“La actual Asamblea Nacional (parlamento) va a caducar el 5 de enero porque así lo establecen las normas venezolanas. Es contradictorio plantear que la única salida para Venezuela es un presunto gobierno de transición y a la vez despreciar la importancia de que se cumpla con la Constitución venezolana”, afirmó.

Boicoteadas por la oposición y muy criticadas por Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de América Latina, en las elecciones parlamentarias celebradas en Venezuela ganó la alianza de partidos que apoyan al presidente Niciolás Maduro, cuyo gobierno no es reconocido por más de 50 países.

La oposición -que hasta ahora contaba con mayoría en la Asamblea Nacional- llamó a la abstención y solo hubo una participación de 30% del electorado.

La resolución condena la estrategia “consistente y deliberada” de Maduro de “socavar el sistema democrático y la separación de poderes, incluso a través de la instalación de una entidad no democráticamente electa resultante de las elecciones fraudulentas”. informó la agencia de noticias AFP.

Y estima que esta estrategia “consolida a Venezuela como una dictadura”, Las elecciones no fueron “libres ni justas de conformidad con las condiciones establecidas en el derecho internacional”, en un contexto donde no han sido liberados los presos políticos y hay una “falta de independencia de la autoridad electoral”, señaló la resolución.

En respuesta a estas elecciones, Juan Guaidó, el jefe del Parlamento que estará en funciones hasta enero de 2021, impulsa un plebiscito online en rechazo de los comicios del 6 de diciembre.

Guaidó es reconocido como presidente encargado por medio centenar de países, entre ellos Estados unidos, que consideran que Maduro fue reelegido para un segundo mandato de forma irregular.

El Gobierno de Maduro se retiró en abril de 2019 de la OEA y el asiento del país en la organización lo ocupa Gustavo Tarre, nombrado por la mayoría opositora de la Asamblea Nacional.

Qué dice la resolución

El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos resuelve:

1. Rechazar las elecciones fraudulentas celebradas en Venezuela el 6 de diciembre de 2020 y no reconocer sus resultados, por no haber sido libres ni justas de conformidad con las condiciones establecidas en el derecho internacional; por carecer de imparcialidad y transparencia; por no haber contado con la participación de todos los actores políticos y de la ciudadanía; por no haber sido liberados los presos políticos; por la falta de independencia de la autoridad electoral; y por no haber contado con observación electoral internacional independiente y creíble.

2. Condenar, en los más enérgicos términos, la estrategia consistente y deliberada del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro de socavar el sistema democrático y la separación de poderes, incluso a través de la instalación de una entidad no democráticamente electa resultante de las elecciones fraudulentas del 6 de diciembre, consolidando a Venezuela como una dictadura.

3. Hacer un llamado urgente para que se garantice la protección y seguridad física de los miembros de la Asamblea Nacional electos democráticamente y se permita el retorno seguro de aquellos miembros de la oposición que se encuentran en el exilio.

4. Hacer un llamado para la liberación inmediata de todos los presos políticos en Venezuela y el cese de las continuas persecuciones políticas.

5. Manifestar solidaridad al pueblo venezolano y el firme apoyo a los persistentes y amplios esfuerzos de los actores democráticos en Venezuela, en particular los partidos políticos y la sociedad civil, hacia la restauración de la democracia en el país.

6. Reiterar el llamado a que se convoquen, lo más pronto posible, elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas, transparentes y legítimas, con observación electoral internacional independiente y creíble, como parte de un proceso de transición que conduzca al nombramiento de un Gobierno elegido democráticamente y de acuerdo con la voluntad del pueblo venezolano y con la constitución venezolana.

7. Urgir a todos los Estados Miembros e invitar a los observadores permanentes de la Organización de los Estados Americanos a que apoyen al pueblo venezolano en sus esfuerzos para restaurar el orden democrático en Venezuela, mediante la adopción de medidas diplomáticas, políticas, económicas y financieras dirigidas a lograr una solución pacífica a la situación en Venezuela.

8. Exigir el acceso pleno a la comunidad internacional para permitir la prestación de asistencia a las poblaciones más vulnerables afectadas por la crisis en Venezuela, de conformidad con los principios humanitarios reconocidos y el derecho internacional.

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