El año legislativo de Suárez: leyes “revoleadas” y el surgimiento de sus dos espadas políticas

La agenda de la gestión del Gobierno se corrió hacia la pandemia y la Legislatura fue un bastión importante para el desarrollo de iniciativas que le hicieran frente. El inicio tuvo los reveses con la derogación de la Ley provincial 7722, conocida como “antiminera” y el primer Presupuesto de la era Suárez.

Después hubo tiempo para treguas con la Ley de Emergencia, para la militancia de Mendoza Activa, debates calientes con la ley que buscaba terminar con los funcionarios judiciales equiparados a magistrados y sus abultados sueldos. Otras iniciativas tuvieron que peregrinar y bastante entre ambas cámaras como fue el Consejo Económico, Ambiental y Social. Y algunas aun no arrancan como la Reforma Constitucional.

A pocas horas de la asunción de Rodolfo Suárez a la Gobernación, por la mesa de entradas ingresaba uno de los proyectos que marcaría la agenda del Ejecutivo durante su primer año: la derogación de la Lay 7722, permitiendo el desarrollo de la minería. Se logró un acuerdo con el peronismo, condicionado a algunos cambios en la normativa, pero todo se fue por la borda cuando la sociedad copó las calles como pocas veces se ha visto.

En un diciembre caliente, en donde además ingresó el Presupuesto 2020, el mandatario que aún no se terminaba de acomodar en el sillón de San Martín, daba marcha atrás con el desarrollo minero. Y además, arrancaba su gestión sólo con la pauta de gastos, sin roll over ni posibilidad de endeudamiento para obras luego de que PJ no aportara votos para llegar a los dos tercios.

Se habló de fallas en la comunicación y en los tiempos. “Se hizo todo como no tenía que hacerse”, reconoció alguien que padeció esos días calurosos. La relación tensa con el peronismo a poco de asumir no parecía un buen inicio en la convivencia, pero la pandemia sirvió para el impasse.

Aunque antes, luego de un verano largo con la rosca presupuestaria que finalmente saldría como lo hizo en la Cámara de Diputados, la oposición se volvería a crispar con otro proyecto de ley: el de los equiparados a magistrados.

En una sesión muy caliente, la intención de Suárez de eliminar las equiparaciones a magistrados a funcionarios que no lo son, terminó aprobándose sólo con la mayoría oficialista en medio de la disputa sobre a cuántas personas alcanzaría: muchas según los radicales, pocas de acuerdo al cálculo del PJ. Hoy el conflicto está judicializado en la Corte.

Una tregua necesaria

El primer cuatrimestre de Suárez fue pedregoso en lo legislativo, pero la pandemia le daría un guiño para bajar un poco la espuma. El aislamiento social llevó a que la Casa de las Leyes empezara a sesionar en forma online para lo cual se avanzó en acuerdos y propuestas de todos los partidos políticos.

Allí, la Ley de Emergencia sanitaria, social, económica, administrativa y financiera tuvo el aval le permitió al Gobierno, entre otras cosas, renegociar contrataciones y hacer uso del crédito hasta el equivalente al 10% del votado para el ejercicio 2020, con el objeto de atender la emergencia declarada. Hay un detalle, el peronismo votó a favor y de alguna forma, le daba alguna herramienta al Ejecutivo después de la negativa al roll over y endeudamiento para obras.

Con algunos meses de rodaje, empezaron a vislumbrarse las piezas clave en la Legislatura. En el oficialismo, el vicegobernador Mario Abed empezaba a tener protagonismo y junto a Andrés Lombardi, el presidente de la Cámara de Diputados, se consolidaban como un equipo político del Gobernador.

La mayoría de los proyectos del Ejecutivo ingresaron por Diputados. El ex coordinador de Gabinete de Alfredo Cornejo no demoró las medias sanciones, ninguneando el mito sobre el cornejismo y su intención de ponerle palos en la rueda a la gestión de Suárez.

En el Frente de Todos-PJ, el tándem Lucas Ilardo en el Senado y Germán Gómez en la Cámara Baja, pondrían la cara por la oposición. De alguna manera, el póker de caballeros fue aceitando mecanismos y diálogo, aunque no siempre llegaron de la mano con acuerdos.

El contrapunto entre el Consejo Económico, Mendoza Activa y la Reforma Constitucional

“Creo que hay algunos proyectos que el Gobierno los revolea a la Legislatura y es como si los soltara, como sino le interesara mucho. Es como si dijeran ‘cumplo mandando esto y suerte’”, le decía Lucas Ilardo a Los Andes en una entrevista publicada el 20 de septiembre.

La frase aun retumba y fuerte en la Legislatura, casi que el verbo “revolear” ha pasado a integrar el glosario de chicanas entre ambos partidos. Por lo bajo, más de un oficialista lo reconoce y hasta rezonga porque “tiene razón”. Tanto Abed como Lombardi, tienen un par de guantes de arquero en el cajón de sus escritorios para atajar lo que llegue, y si se puede, no dar rebote para que el rival no haga un gol.

Y hay iniciativas que marcaron las diferencias sobre cómo consensuar. Una de ellas fue la de Mendoza Activa, el Banco de Vinos y el plan de Promoción de Empleo con una fuerte militancia territorial por parte de Abed y de Enrique Vaquié, ministro de Economía y quien delineó las ideas. Se sumaría después el tridente de proyectos para el sector tecnológico. Algo a destacar es que cada ingreso por Mesa de Entradas fue acompañado de explicaciones al cuerpo legislativo por parte de la cartera de Economía en la inmediatez.

Los resultados se vieron con el apoyo unánime del peronismo que destacó la voluntad oficialista. Anteriormente el Consejo Económico, Social y Ambiental había sufrido demasiado y marcado un camino sobre cómo avanzar.

La promesa de Suárez en el discurso del 1° de mayo tardó meses en funcionar. Desembarcó el 21 de mayo en la Cámara de Diputados y después de un arenoso pasar, terminó teniendo el aval del Senado dos meses después. En el medio hubo cruces, pedidos de modificaciones, chicanas y algo que parecía hasta ingenuo terminó siendo un motín de guerra entre ambos partidos mayoritarios. A cinco meses de ser ley, recién el jueves se reunirá por primera vez.

La Reforma de la Constitución fue otra de las promesas de Suárez que ni arranca el debate en las comisiones. Los motivos son varios y las versiones también. Ni hablar de la Ley de Educación cuyo borrador padeció el desgaste de un proyecto y no alcanzó a ingresar a la Legislatura, pasando el debate para el año que viene.

La oposición asegura que es un proyecto revoleado porque no se buscaron los consensos previamente, pese a que la reelección del Gobernador debería descomprimir la discusión. Más de un radical sentencia en silencio lo mismo: “así como llegó, quedó”. Las necesidades priorizaron otros proyectos que avanzaban por otro carril mientras las modificaciones de la Carta Magna siguen reposando en comisiones del Senado desde agosto.

Con el debate confirmado para el año que viene, habrá que ver si en el Gobierno hay “uñas de guitarrero” para convencer al peronismo y lograr los dos tercios que se necesitan para ir al Referéndum cuando el calendario electoral aún no se define.

Por las dudas, el binomio legislativo Abed-Lombardi revalidó credenciales de eficiencia con el Presupuesto 2021, cuyo destino parecía escrito y se dio vuelta en el Senado, en un hecho sin precedentes.