Alarma en Comodoro Py y Tribunales por amenazas de bomba del “jefe de Montoneros”

Los tribunales de Comodoro Py. (Foto: Federico López Claro)
Los tribunales de Comodoro Py. (Foto: Federico López Claro)

Un hombre llamó al 911 y aseguró que colocaría explosivos en esas sedes judiciales. Efectivos de la Brigada de Explosivos de la Policía Federal desestimaron la intimidación.

Un llamado al 911 generó un alarma y un posterior gran operativo: un hombre que aseguraba ser “el jefe de Montoneros” dijo que iba a colocar dispositivos explosivos en distintas sedes de la Justicia argentina.

La amenaza detalló que las bombas estarían en los edificios del Palacio de Tribunales, donde funciona la sede de la Corte Suprema de Justicia; de Comodoro Py 2002, vidriera de la justicia federal; y el edificio Libertad de la Marina, frente a Comodoro Py, donde funcionan distintas dependencias judiciales, según pudo confirmar Infobae.

El llamado intimidatorio activó el protocolo para estos casos. Efectivos de la Brigada de Explosivos de la Policía Federal fueron desplazados hasta los supuestos edificios en peligro. Apoyados en la División de Canes, los uniformados revisaron el edificio del Palacio, en la calle Talcahuano 550,  las instalaciones de Comodoro Py 2002 y en el edificio de enfrente, que pertenece a la Marina. En todos los casos el resultado fue negativo, confirmó ese medio siguiendo el reporte policial.

La amenaza se da en medio de crecientes expresiones de hostilidad contra la Justicia impulsada por el kirchnerismo en medios afines y redes sociales. La investigación por las amenazas recayó en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°11, a cargo del juez Julián Ercolini.

La intimidación del “Jefe de Montoneros” cierran una semana de tensiones políticas, judiciales y de agrupaciones sociales luego de la condena a 6 años de prisión para la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner.

El martes, el TOF 2 condenó a Cristina Fernández de Kirchner a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, tras declararla culpable de administración fraudulenta en la causa que investigó el presunto direccionamiento de la obra pública vial de Santa Cruz en favor del empresario Lázaro Báez entre 2003 y 2015.

Fernández luego lanzó un explicitó ataque contra la Justicia federal denunciando una persecución de la “mafia judicial”.

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