Video: acusan a una pareja por un femicidio en Malargüe

En el primer juicio  no se consideró perspectiva de género ni se trató como femicidio. Foto: Gentileza.
En el primer juicio no se consideró perspectiva de género ni se trató como femicidio. Foto: Gentileza.

Es la segunda vez que Abel Vázquez y su mujer, Lucía Carrasco, son juzgados por la muerte de Nélida Villar, una joven de 21 años asesinada en 2007.

Comenzó en el Sur provincial el segundo juicio por el femicidio de la joven Nélida Villar(21) , con dos personas sentados en el banquillo de los acusados: la pareja conformada por Abel Vázquez y Lucía Carrasco.

Según la acusación que realizaron esta mañana el fiscal Pablo Peñazco y la fiscal Andrea Llorente, el 7 de noviembre de 2007, a las 16, a un costado de la ruta nacional 40, pasando el puente del rio Malargüe, en un costado de ruta, junto a un alambrado cercano al cerro Ceferino, a unos 10 kilómetro de la ciudad de Malargüe, la joven Nélida fue asesinada.

Para los investigadores, Lucía Carrasco sorprendió a su Vázquez y a Nélida Villar adentro de una camioneta, mientras tenia relaciones sexuales debajo del puente del rio Malargüe. Entre Carrasco y Vázquez le dieron dos puñaladas (en zona abdominal y en tórax) y luego la empujaron por lo que la mujer impactó en un contador de ganado de hierro que le produjo una lesión. También la golpearon en el ojo.

Se presume que la mujer podría haber actuado bajo un estado de emoción violenta por la situación de infidelidad de su pareja. Por eso, la calificación contra la mujer es doble: homicidio simple o bien homicidio atenuado por emoción violenta. En tanto que Vázquez, está imputado por el delito de homicidio agravado por el vínculo y por ejercer violencia de género.

En 2014 el hombre fue absuelto “por el beneficio de la duda” y el crimen de Nélida se encaminaba a quedar impune. Pero en 2017, tras revisar el primer fallo absolutorio, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza lo declaró nulo y ordenó la realización de un nuevo juicio. Entre los fundamentos, la Corte destacó “la errónea valoración de las pruebas” y “la carencia de perspectiva de género del decisorio del juzgado”.

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