Trasladaron a la cárcel a la ex-superiora del convento de Carmelitas Descalzas de Nogoyá condenada por maltrato

La ex-superiora del convento de Carmelitas Descalzas de Nogoyá, Luisa Toledo, condenada en 2019 a tres años de prisión efectiva por privación ilegítima de la libertad, fue trasladada ayer a la Unidad Penal 6 de Paraná para comenzar a cumplir la pena, informaron hoy desde el Servicio Penitenciario entrerriano.

Toledo, que esperaba en libertad que la sentencia quede firme, fue acusada por exnovicias y exmonjas que estuvieron entre 10 y 25 años en el convento por los malos tratos.

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A mediados de agosto la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) denegó el recurso extraordinario federal presentado por los defensores de la monja, luego de que en diciembre del 2020 la Cámara de Casación Penal confirmara la condena. El fiscal de la causa, Jorge Gamal Taleb, aseguró que “la Justicia se mimetizó con el dolor de las víctimas” y que gracias al juicio y condena “no continuaron y se suprimieron los castigos corporales, y otras personas que querían irse (del convento) pudieron”. Taleb remarcó que “todas vivían lo mismo”, y estimó que “hay más víctimas” aunque “tienen votos de silencio y un lavado de cerebro de años”.

Durante el juicio que inició el 11 de junio de 2019 y finalizó casi un mes después, declararon más de 15 testigos, entre curas, amigos, familiares y religiosas compañeras de las víctimas. Los jueces Darío Crespo, Javier Cadenas y Alejandra Gómez, del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay, la consideraron responsable de “privación ilegitima de la libertad agravada por la utilización de violencias y amenazas y por más de un mes” contra dos ex religiosas.

Toledo fue acusada de obligarlas a “aplicarse y cumplir rigurosos castigos, y también las utilizaba como elementos de sus propias autocorrecciones”, según los magistrados. Para los castigos, utilizó látigos encerados, disciplinas, tabiques de madera y piola y mordazas para la boca, cilicios, y coronas de alambre con púas.

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Silvia Albaren que estuvo privada de su libertad por aproximadamente seis años hasta el 1 de abril de 2013 cuando “por razón de salud fue entregada a su hermana”, mientras que Roxana Peña “por año y medio hasta el 28 de marzo de 2016 cuando pudo escapar” del convento. Ambas “hicieron saber en forma reiterada de diferentes maneras la decisión de dejar el convento, pero Toledo ignoró, desechó y destruyó los papeles donde demostraban sus intenciones y no les permitió abandonar el recinto” remarcaron los magistrados. Los reclamos de libertad “eran amainados y aplacados, llevándolas a la convicción de que no tenían nunca posibilidad cierta de tener la libertad que reclamaban”, señalaron.