La cantidad de jóvenes internados en el ex COSE bajó un 40% pero el problema son las bandas

El homicidio de Jonathan Ochoa (28), asesinado el domingo pasado por un chico de 13 años que le disparó para robarle las zapatillas en el barrio La Gloria de Godoy Cruz, actualiza la problemática de los menores que delinquen, ya que un caso de estas características -corta edad del agresor y extrema violencia- termina funcionando como una caja de resonancia que repercute en los medios de comunicación e interpela a buena parte de la sociedad.

Cuando suceden casos tan brutales como este homicidio algunos especulan con la idea de bajar la edad de imputabilidad como parche o solución de la problemática, en tanto que otros se preguntan si realmente hay un crecimiento de la delincuencia juvenil.

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La última es una cuestión difícil de responder e incluso confunde a los mismos especialistas, que a veces tienen una “percepción técnica” errada sobre el asunto. Si bien no existe una relación directa entre los delitos cometido por menores y la cantidad de niños, adolescentes y jóvenes que son “detenidos” por ello, lo cierto es que en los últimos años se ha producido una marcada baja de personas que ingresan a la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil (DRPJ), más conocido como el ex-COSE.

Su responsable, el licenciado Arturo Piracés, un reconocido especialista en las problemáticas de minoridad que viene desempeñándose en el cargo, intermitentemente, desde 1985, advierte que desde 2015 a esta parte la población del ex COSE “ha bajado un 40%”.

“Hace un par de semanas en un diario de Buenos Aires salió una nota donde se hablaba de un aumento a nivel nacional del delito juvenil. A propósito de esto, hice sondeos en comisarías y juzgados y en Mendoza se nota una baja en los últimos años”, explica Piracés.

Para ingresar en este complejo tema es necesario saber que el Ministerio de Salud y Desarrollo Social de Mendoza mantiene en dos áreas separadas a los menores. Por un lado, está el Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) que se encarga de los chicos no punibles, menores de 16 años y, por otro, el Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil, que aborda a los jóvenes punibles que tienen entre 16 y 18 años.

Bajo la órbita de los ETI se encuentra ahora el chico de 13 años que es investigado por la Justicia de Menores por el homicidio ocurrido en el barrio La Gloria. Este niño, por ser menor de 16 años, es inimputable según lo establece la Ley 22.278, que regula el Régimen Penal de la Minoridad; por lo tanto, no es punible, no puede ser perseguido judicialmente, ni detenido, ni se le iniciará una causa penal en su contra. Aún así, el caso será investigado. Por ahora, el chico, como tantos otros menores de 16 que han delinquido, está alojado en alguno de los hogares que el Estado provincial tiene con este fin.

“Hay delitos que son impactantes. Por ejemplo, lo de este chico del barrio La Gloria. Hacía mucho que no pasaba algo así, con un chico tan chico. Recuerdo el caso del niño de Las Heras, también de 13 años, que (en 2011) mató a cuatro personas y que estuvo un año con tratamiento psiquiátrico. Pero es raro que chicos inimputables cometan delitos tan graves”, sostiene Piracés.

Los jueces deciden

Para el funcionario, la causa de que la cantidad de jóvenes de 16 a 18 años en contexto de encierro haya descendido en los últimos años se debe a que, desde hace cinco años los jueces de menores más jóvenes -en consonancia con el Pacto de San José Costa Rica- sólo internan a jóvenes que han cometido delitos graves como homicidios, delitos sexuales o robos con arma.

Estos menores quedan internados hasta que la Justicia realiza una investigación que termina con un juicio. Si son encontrados culpables deben cumplir una pena de encierro en las instalaciones del ex COSE.

Los que han cometido delitos menos graves, como hurtos o robos simples, quedan bajo la órbita de la Unidad de Medidas Alternativas (UMA), que se encarga de monitorear periódicamente a estas personas que, tras delinquir, vuelven a su casa. Así, un monitor mantiene informado al juez que, en última instancia, ordena hasta cuándo debe ser custodiado.

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Mendoza es la única provincia que cuenta con una residencia juvenil para aquellos chicos que han delinquido y no tiene casa ni familia. En este hogar, ubicado en Godoy Cruz, hoy se encuentran alojadas nueve personas.

Actualmente el Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil, ubicado en calle Montes de Oca y Río Juramento de Godoy Cruz, alberga a 39 jóvenes que han cometido delitos graves. La mitad de ellos han sido juzgados y se encuentran cumpliendo penas, en tanto que en el UMA hay 392 personas.

El problema actual: las bandas

Según Piracés, la modalidad de delitos se mantiene estable, sobre todo los sexuales y los asesinatos, pero si hay un cambio muy importante: “Ahora muchos chicos pertenecen a pandillas, delinquen junto a adultos y se nota la presencia de drogas”.

Ampliando la idea, el licenciado en psicología y docente advierte que ahora los adolescentes forman parte de organizaciones dedicadas a vender droga o a robar en calles o en casas y que, por lo general, siempre está presente un mayor. Ya sea para dar órdenes u organizar un golpe o bien para “reducir” o comprar los objetos robados.

En muchos casos estos jóvenes consumen drogas –marihuana y cocaína, mayormente- y en algunas ocasiones presentan cuadros de adicción, por lo que son derivados a establecimientos ubicados en el Sur provincial o en la provincia de Buenos Aires, donde reciben atención.

Por otra parte, Piracés destaca el trabajo que se viene haciendo desde su área por la educación, en conjunto con la Dirección General de Escuelas. El ex COSE cuenta con escuela primaria y secundaria obligatoria, donde “hemos tenido resultados interesantes: en la pandemia no perdieron días de clases y antes algunos chicos pudieron acceder a una educación terciaria”, apunta.

Además, cuentan con distintos talleres –carpintería y metalúrgica, entre otros- ya que se busca que los internos tengan un oficio, lo mismo que los jóvenes que están dentro de la UMA.

Por último, el funcionario se mostró partidario de que los menores inimputables sean sometidos a juicios, no para que reciban una pena de encierro sino para esclarecer los hechos y para saber si hay adultos detrás que los incentivan a cometer delitos.