Empresario del Sur implicado en sobrefacturación de publicidad oficial ahora es juzgado por extorsión

Los acusados, Gustavo Matar y su hijo Brahim, durante la lectura de los cargos en el inicio del debate.
Los acusados, Gustavo Matar y su hijo Brahim, durante la lectura de los cargos en el inicio del debate.

Gustavo Matar -dueño de “Grupo Matar”- y su hijo Brahim, empezaron a ser juzgados hoy por 5 causas en las que habrían chantajeado a empresarios y funcionarios de San Rafael.

Comenzó hoy en San Rafael el juicio contra Gustavo Matar y su hijo Brahim quienes están imputados en 5 causas por chantaje y extorsión. Según la acusación, Matar y su hijo habrían solicitado dinero a empresarios de la noche sureña a cambio de no desprestigiarlos en el periódico InfoYa y en la radio Vibra, ambas de su propiedad.

Pero esta no son las únicas causas judiciales en la que Gustavo Matar –un fotógrafo y camarógrafo devenido dueño de medios- está implicado ya que sigue abierta una investigación la justicia penal por presunta sobrefacturación de publicidad oficial en 2011 por valor de 32 millones de pesos y, por otra parte la justicia federal lo está investigado por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, pues habría manipulado importantes fondos para crear una serie de medios de comunicación bajo la denominación de “Grupo Matar”.

Esta mañana Matar y su hijo se sentaron en el banquillo de los acusados para escuchar la acusación que lleva adelante el fiscal Javier Giaroli.

Según la fiscalía, el 27 de setiembre de 2018, Héctor Pascacho se presentó en la oficina de los Matar para preguntarles que problema tenían con su amigo, Oscar Viscio, dueño de un boliche, y tratar de disuadirlos sobre las publicaciones que hacían en sus medios contra Viscio.

Entonces Gustavo Matar le habría dicho que no tenía ningún problema, “que para él todo era un negocio y que habia visto al oportunidad de hacer uno pero que todo se podía solucionar pagando una pauta publicitaria”.

El 17 de octubre, Matar llamó a Pascacho para juntarse por la tarde y cuando lo hicieron le mostró unos textos que iban a salir en Info Ya pero “si vos querés que lo paremos, lo paramos, nos juntamos con Oscar”. Esa información era sobre presuntas irregularidades en el local Plan B de Viscio que iba a ser clausurado por esa época.

Unos días después se reunieron los Matar imputados, Pascacho y Viscio. Los últimos les preguntaron cómo parar las publicaciones y Matar les dijo que “le pagaran 100 mil pesos y la situación se iba a descomprimir automáticamente”, porque los funcionarios municipales iban a dejar de tomar medidas al no salir en los medios.

Entonces Viscio y Pascacho empezaron a regatear el dinero y acordaron entregar 20 mil pesos. Al día siguiente Viscio le entregó el dinero pautado. Este hecho está calificado como “chantaje”.

Tres semana después, se volvieron a reunir y Matar le dijo que “continuaría ejerciendo presiones con sus medios” y que debía pagarles 50 mil pesos. Este hecho está calificado como tentativa de chantaje.

El tercer hecho –calificado como tentativa de chantaje – ocurrió después cuando Viscio se reunió con Alejandro Rocco para decirle que había llegado a un acuerdo con los Matar y que ellos querían hablar con él. Por eso, Rocco concurrió a la oficina de los Matar allí los presuntos chantajistas le dijeron que no tenía autorización municipal para explotar comercialmente la playa de estacionamiento de Plan B y les mostró un pedido de clausura. Matar le habría dicho que la idea es “que vos me arreglés un dinero adicional”.

Una semana después, como no habían arreglado nada, Matar lo volvió a llamar y Rocco le dijo que no era un negocio rentable y que no le iba a pagar.

El cuarto hecho –una tentativa de chantaje- ocurrió el 24 de enero de 2018, cuando Gustavo Matar habría llamado por teléfono a Valentino Valenti, diciéndole que si su novia, Celina Tapia, coordinadora de reinas vendimiales de San Rafael, le daba fotos de las soberanas, él iba a borrar una nota donde la tildaba de homofóbica.

El ultimo hecho –calificado como tentativa de extorsión- ocurrió en 2014, pocos días después que Fabiana Esperanza asumiera como concejala, Gustavo Matar la abordó en el concejo deliberante y le habría exigido “200 mil pesos en concepto de pauta publicitaria y que si no arreglaba la iba a pasar mal”.

Gustavo Matar
Gustavo Matar

El “caso Matar”, sigue abierto

Dejando de lado este juicio Gustavo Matar tiene otras cuentas pendientes con la justicia. La primera conocida como “caso Matar”, arrancó en octubre de 2011 y desde entonces ha tenido idas vueltas en la justicia provincial. Por aquel entonces, un grupo de diputados radicales que denunciaban el excesivo dinero que el Gobierno de Jaque estaba destinando a un solo proveedor del Estado, Gustavo Matar, quien facturaba como monotributista y a través de su entonces flamante empresa de servicios de comunicación Sur Talent S.A.

Mátar era fotógrafo en San Rafael y en ese tiempo empezó a diversificar sus servicios al Estado provincial: filmaciones de actos de gobierno, edición de esas filmaciones para distribuir en noticieros o para spots publicitarios oficiales.

En aquellos días se denunció una facturación de 12 millones de pesos. Con el correr del tiempo se supo que Mátar y Sur Talent habían facturado 30 millones de pesos al Estado provincial. La sospecha que esgrimían los diputados era que ese dinero se destinaba para pagar la campaña electoral del Frente para la Victoria (FpV).

El hilo es posible que se corte por lo más delgado. Pero lo cierto es que por el momento, el fiscal de Delitos Complejos de Mendoza, Santiago Garay, concentró su investigación del escándalo de presunta sobrefacturación de publicidad oficial en plena campaña de gobernador del 2011, en dos personajes menores de una trama que está complicando a Paco Pérez, por entonces ministro y candidato del peronismo.

También es investigado por lavado de dinero proveniente de la evasión tributaria

Por último, Gustavo Matar, su familia y sus empleados son investigados por lavado de dinero proveniente de la evasión tributaria, ya que, en principio, habrían falseado sus declaraciones juradas de impuestos y adquirido empresas y bienes con el dinero evadido a la Administración Federal de Ingresos Públicos.

El fiscal interinamente a cargo de la Fiscalía Federal de San Rafael, Federico Baquioni, lleva adelante una investigación “contra el empresario Emilio Gustavo Matar, su esposa Evangelina Godoy Carbonetti, su hijo Gustavo Brahim Matar, los contadores Ríos Domínguez y Jorge Daniel Capellani y el empleado de confianza de Matar, Alejandro Daniel García, quienes habrían convertido y aplicado el dinero proveniente de la evasión tributaria a sociedades comerciales y bienes, con el fin de que el origen de los fondos adquieran la apariencia de lícitos”, según información oficial del Ministerio Público Fiscal de la Nación al momento de pedir la ampliación de la acusación, en 2017.

Matar es investigado por omitir la declaración de ingresos y de engrosar fraudulentamente los gastos de explotación –a través de la presentación de facturas apócrifas y compras sin comprobantes respaldatorios - con la consiguiente autoliquidación minorizada de los gastos fiscales, lo que le permitió –junto al resto de los imputados- aplicar los fondos evadidos en concepto de los impuestos a las ganancias y al valor agregado, y los provenientes de los declarados como gastos de explotación, en diversas inversiones.

La investigación inicial sostiene que “Emilio Gustavo Matar habría adquirido la sociedad anónima “Kaffee Coronado” –a través de su hijo Gustavo Brahim Matar y su empleado Alejandro Daniel García, quienes oficiarían como testaferros- con el fin de continuar los negocios de la firma “Sur Talent SRL”. De este modo, crearon un grupo de firmas comerciales –entre las que se incluyen “FM Vibra 100.3”, “M6M”, “Info Ya”, “Comunicar La Pública”, “Sur Talent Televisión HD Broadcast”- bajo el nombre de “Grupo Matar”, como medio para canalizar los activos provenientes de la evasión tributaria”.

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