Crimen de Báez Sosa: los rugbiers esperan un fallo que los beneficie de cara al juicio, la Corte debe decidir

El juicio oral a los ochos rugbiers implicados en el brutal crimen de Fernando Báez Sosa tiene fecha para el 2 de enero de 2023. Sin embargo, aún existe un interrogante que la Justicia debe resolver.

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Los ocho jóvenes aguardan que la Corte Suprema de Justicia de la Nación decida si la acusación provino de una investigación con irregularidades por parte de la fiscal Verónica Zamboni en Villa Gesell.

Hugo Tomei -letrado a cargo de la defensa de los imputados- sostiene que, tras el hecho, sus defendidos no fueron indagados de la manera correcta y que la titular de la Unidad Fiscal N°6 de Villa Gesell no les comunicó por qué los imputaba ni cuáles eran las pruebas para hacerlo. Es por esto que piden la nulidad absoluta del proceso investigado por la Zamboni.

“Yo estaba viajando a Villa Gesell durante la madrugada del 19 de enero para hacerme cargo de la defensa de los detenidos. Hablé con Zamboni y le pedí que me esperara para presenciar las indagatorias. Me comentó que ya los había indagado, que luego podía presentar una ampliación de la misma. Lo acepté sin saber que cada una de esas indagatorias había durado entre dos y tres minutos”, sostuvo el abogado en diálogo con TN.

Este pedido ya fue rechazado por la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en septiembre de 2021. Tomei pretende que ahora la Corte nacional atienda su reclamo e interceda para definir lo que considera una serie de incumplimientos y anomalías.

Si la Corte decide -antes del 2 de enero de 2023- que el reclamo de los rugbiers es válido, el juicio será postergado y deberá iniciarse otro proceso de investigación para recolectar las pruebas que den lugar a un nuevo debate oral. “De todas maneras este fallo puede salir luego del juicio, aún existiendo una condena para los imputados”, agregó Tomei.

Para Fernando Burlando -abogado de la familia de la víctima- , en cambio, resulta difícil pensar en algún tipo de modificación en la causa. “De parte de los imputados, desde mi punto han solicitado todo y a la situación de hoy han llegado. Todo intentaron. Y la respuesta es la postal que hoy podemos observar: ocho personas detenidas de cara a un juicio que indefectiblemente va a llegar en el mes de enero del año próximo”, remarcó a este medio.

Consultado específicamente por la latente posibilidad de que el debate sea postergado, Burlando respondió: “No veo esa posibilidad. Va a ser un juicio largo con mucha prueba a producirse y los tiempos estimados son los correctos”.

También sostuvo: “La idea de desviar la investigación hace que los imputados deban permanecer detenidos hasta el juicio”. El abogado indicó que de acá a enero del año próximo solo accionarán en todo aquello referido a la instrucción suplementaria y “oponernos a cualquier tipo de beneficio excarcelatorio, morigeración o medida alternativa a la prisión preventiva”.

Pacto de silencio de los rugbiers

El notorio pacto de silencio exhibido por los rugbiers implicó que ninguno de ellos declarara ante la fiscal Zamboni. La defensa justamente reclama que esas condiciones no permitieron que ellos hablaran.

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Sin embargo, si la Corte fallara finalmente a favor de ellos y el proceso de investigación debiera repetirse, todos estos meses en los que decidieron no hablar cobraría el sentido que Zamboni les atribuye: un acuerdo para guardar silencio y no incriminarse entre ellos antes de que la Justicia lo haga a través de una sentencia, detalla TN.

Posibilidad de que los acusados sean trasladados a otro penal durante 2022

“Claro que sí, es algo que la Justicia puede decidir en cualquier momento”, respondió Tomei ante la pregunta de si sus defendidos podrían ser trasladados de la Alcaidía N°3 “Melchor Romero” de La Plata. Allí están alojados Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Luciano Pertossi, Lucas Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Blas Cinalli y Ayrton Viollaz.

Los rugbiers están ubicados de a dos en cuatro celdas contiguas y permanecen 21 horas encerrados en ellas, alejados del resto de la población penitenciaria, con el temor latente de ser agredidos. Fue la propia directora de la Alcaidía, Natalia Roussillón, quien le solicitó al Tribunal Oral N°1 de Dolores “el correspondiente aval para que los mismos sean trasladados a la órbita del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB)”.

“Temen recibir una venganza o ser agredidos en cualquier momento, por eso se entiende que desde el penal los cuiden al extremo. Sin embargo estas medidas son tan severas que se tornan inhumanas y degradantes”, manifestó Tomei.

Burlando, al respecto, destacó que el SPB “está haciendo un esfuerzo para garantizar su seguridad” y que “estos pedidos pueden generar que se los ponga en un lugar que no sea especial, compartiendo con la población normal su detención. Pero el lugar de detención puede variar en función de los distintos pedidos que han hecho de ciertas incomodidades”.