A 18 años del crimen, “la familia de Paula Toledo tuvo un poco de justicia” con la indemnización de $13 millones

Paula Toledo (19) fue brutalmente asesinada el 31 de octubre de 2003 en San Rafael. Su caso es de los más resonantes en la historia mendocina y estuvo marcado por una investigación deficiente, que dejó como resultado un solo condenado por abuso sexual y no por femicidio. Ahora, el caso tuvo un nuevo episodio luego de que la Justicia Civil condenara al Estado mendocino a pagarle más de 13 millones a la familia de la víctima fatal.

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A casi 19 años de que comenzara el infierno de la familia Toledo, este martes fue publicado el fallo del Tribunal de Gestión Judicial Asociada 1 de la Segunda Circunscripción, en el que se ordenó a Mendoza indemnizar a Nuri Ribotta y sus dos hijos, Julián Darío y William Toledo, con la suma de 13.300.000 pesos a modo de resarcimiento por considerar que hubo ineficiencia por parte de la Policía, la Justicia y el Cuerpo Médico Forense, alegando que todos resolvieron mal su accionar y por eso los presuntos autores de las violaciones, las torturas y el posterior asesinato no han sido condenados.

La demanda inicial realizada por la madre de Paula fue presentada hace tres años y medio por “las malas actuaciones de la Policía y de la Justicia que derivaron en anulaciones del juicio y dilaciones de la causa”.

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“La sentencia se pretende como un resarcimiento civil hacia la familia para remendar el hecho de la mala acción por parte del Estado, que es responsable de que se haya hecho tan mal la investigación de la muerte de Paula”, explicó a Los Andes Celeste Marchetti, quien junto a Guillermo Rubio, forman la querella del caso.

“Buscamos el modo de que la familia de Paula tuviera, aunque sea, un poco de justicia ante tantas dilaciones por las que pasó el caso. Hoy podemos decir que se hizo un poquito de justicia, pero aún falta”, agregó la letrada.

El Estado, responsable

El caso de Paula Toledo es, probablemente, un manual de todo lo que no se debe hacer en una investigación. El 31 de octubre de 2003, en la madrugada, se dio aviso a emergencias de que había un cuerpo tirado en una acequia en las cercanías del barrio El Sosneado, en la ciudad de San Rafael.

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La Policía Científica tardó horas en llegar, no cercó la escena del crimen, no recolectaron las pruebas allí regadas, entre las que había manchas de sangre, colillas de cigarrillos y una de las armas homicidas: una botella de cerveza rota.

Luego, el cuerpo fue llevado a la morgue judicial y allí el perito forense a cargo sólo recolectó dos hisopados, dejando de lado rastros de ADN importantes para cotejar después con los autores señalados. No obstante, lavó el cuerpo de Paula antes de realizar las pruebas, lo que hizo que se perdieran aún más rastros relevantes.

Mientras que la ropa que tenía Paula al momento de su asesinato fue “donada” a una institución de beneficencia y jamás se le tomaron pruebas a las manchas hemáticas.

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“El Estado es responsable porque, como persona jurídica, también causa daños y esos daños deben ser juzgados. El Estado tiene el deber de proteger y en el caso de Paula, como en muchos otros, hubo dilación e imprudencias que impactaron, atrasaron y causaron injusticia perpetua”, aseveró la abogada querellante.

Un asesinato brutal

Paula fue asesinada en una casa abandonada en la calle Jacarandá, una propiedad deshabitada en la que adolescentes se juntaban a tomar vino y fumar marihuana.

El único condenado por el caso es Marcos Graín (37), quien tenía una relación informal con la joven, a quien él mismo fue a buscar a su casa la noche del 30, para invitarla a dar una vuelta.

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Graín la llevó hasta ese lugar y se fue dejando a la muchacha en manos de cuatro hombres que la torturaron hasta matarla. El deceso “fue de origen violento, como consecuencia del acceso carnal vía anal que conllevó la muerte por inhibición, debido a un reflejo inhibitorio por distensión brusca del esfínter anal y asfixia como diagnóstico coadyuvante”, indicó la necropsia.

“Han pasado 18 años del femicidio de Paula. Cualquiera se cansaría de seguir pidiendo justicia, menos una madre. Y eso quedó demostrado en toda esta lucha, que a pesar de que Nuri está enferma y deprimida, siguió adelante pidiendo que se haga justicia por su hija”, cerró Marchetti.