Pandemia, hábitat y vivienda popular

Habitar Argentina organizó el año pasado, antes de las elecciones de octubre, un debate público “Propuestas de políticas nacionales de hábitat”. Del encuentro participaron los equipos técnicos de los partidos y alianzas que compitieron en los comicios.

Habitar Argentina es un colectivo conformado por organizaciones civiles, instituciones académicas, movimientos sociales urbanos y campesinos y legisladores/as, que trabajan con la mira en la generación de un marco normativo que garantice el derecho a la vivienda, a la tierra y al hábitat digno para todos.

Como ese encuentro se llevó a cabo mucho tiempo antes de que estallara la actual crisis global en salud, sus componentes han rearmando estrategias y acciones en el marco de las urgentes medidas que el Gobierno nacional y las provincias toman ante la expansión de la pandemia.

A partir del cuadro de situación imperante, la multisectorial Habitar Argentina ha definido como prioritarias todas aquellas iniciativas que abarcan el campo del hábitat en la medida que este es un determinante clave de la salud.

Es que estamos ante las más difíciles condiciones para practicar un aislamiento social en aquellas barriadas humildes, donde las personas deben compartir un reducido e inseguro techo

Esto es particularmente relevante ya que las principales acciones preventivas están asociadas a la higiene (que depende en gran parte de los servicios públicos urbanos disponibles) y el quedarse en casa  todo el día.  Así, las condiciones de hábitat deberían convertirse, junto con otras, en uno de los primeros niveles de ataque al problema, instancia,  que servirá a futuro porque en las actuales circunstancias muchos hogares argentinos deben enfrentar la realidad cotidiana con diversas carencias.

La crisis derivada del coronavirus se vive en las grandes ciudades como también en las zonas rurales y periurbanas. “En todas estas situaciones resulta imprescindible colocar la desigualdad en el centro de las acciones y la política”, sostiene Habitar.

En ese contexto de urgencias que enfrentamos, las organizaciones vinculadas a las políticas de hábitat quieren contribuir con propuestas concretas, algunas de las cuales ya han sido implementadas por el Ejecutivo nacional, como la suspensión de desalojos de inquilinos, el no aumento de los alquileres y el congelamiento de las cuotas de los créditos hipotecarios. Además, de implementar programas para los ciudadanos en situación de calle, que en alguna medida ya se ha visto en Mendoza.

Otra petición surgida en este colectivo es establecer mecanismos de subsidio habitacional suficientes, con requisitos flexibles para acceder junto al grupo familiar a una solución habitacional mínima y digna de modo expeditivo.

Para la protección de residentes de pensiones y conventillos, que se implementen operativos municipales de control de higiene y condiciones de salud, registro de residentes y provisión de alimentos y artículos de higiene. Y puesta en marcha de redes de cuidados barriales para acompañar a personas con discapacidad.

Los planteos de esta organización son muchos más, solo hemos transmitido una síntesis. Los interesados en ampliar los contenidos podrán abrir la página de la entidad y allí hallarán el planteo total.

La administración nacional y las provinciales -entre ellas el gobierno mendocino- han tomado una batería de disposiciones, que han sido ponderadas en el exterior. Es así que  estos aportes de la civilidad conforman una buena base a desarrollar, ya que las acciones que se proponen beneficiarían a hogares de Mendoza con problemas de vivienda, ahora agravados por las amenazas de contagios y la falta de ingresos debido al cese del trabajo formal e informal aparejado por la cuarentena.