Una tregua conseguida con libertades devueltas

Sin haber terminado la pandemia, la cifra de argentinos muertos por coronavirus equivale, al final del año, a algo así como 64 guerras de Malvinas. Supera la cantidad de víctimas de la última dictadura militar reconocida por los organismos de derechos humanos. La emergencia sanitaria cifra todas sus esperanzas en la provisión de vacunas cuya compra se tramitó con la misma torpeza que la prevención inicial de la enfermedad.

El impacto económico de la peste es devastador. Uno de cada dos argentinos pende sin red en el trapecio de la línea de pobreza. El desempleo ya se ubicó por encima de los dos dígitos de la población activa. Miles de empresas cerraron definitivamente. El derrumbe de la inversión vino a remachar una recesión que excede la década. Pero el aumento de los precios es constante y la inflación es lo único que crece en la Argentina.

Pese a la gravedad de la situación, diciembre no concluye con los síntomas de inquietud social e inestabilidad política que han sido frecuentes desde la restauración democrática. Los actores centrales del sistema político pueden reivindicar -cada uno a su modo- algún mérito en esa escena inesperada de control social.

El peronismo puede sostener que sigue oficiando en el país como la estructura que ofrece mejores garantías de gobernabilidad. La oposición puede replicar que eso ocurre porque su conducta nunca fue la de provocar inestabilidad sistémica. Lo más probable es que la suma de esos aportes pueda explicar el disciplinamiento inédito que ha sido acaso la principal novedad sociológica de este año.

Las estructuras dirigenciales del peronismo respondieron con una verticalidad inusual ante la crisis. Obligadas por la presión del desempleo, pero también por la licuación de sus activos en el sistema de salud, los sindicatos cerraron paritarias aceptando ajustes salariales muy por debajo de la inflación y la aprobación de un nuevo ajuste a los jubilados. Las organizaciones sociales que gerencian el trabajo informal y el desempleo subsidiado bajaron el tono de sus demandas. Los gobernadores empoderaron a sus policías hasta límites reñidos con la constitucionalidad pero coagularon los focos de conflictividad social en el sector público.

Bajo la conducción del papa Bergoglio, también la Iglesia Católica acompañó ese proceso de disciplinamiento, al punto de reducir su crítica a una postura testimonial ante el tratamiento de un tema clásico de la objeción de conciencia -como es el debate del aborto- con el rígido mecanismo parlamentario vigente, de deliberación virtual. El Vaticano aplicó el mismo criterio en España, gobernada por una coalición con algunos rasgos ideológicos similares al gobierno argentino. Acaba de aprobarse allí la legalización de la eutanasia.

En la oposición, la dinámica de protesta inaugurada con los banderazos cedió paso a la discusión dirigencial sobre la estrategia más idónea para preparar su oferta electoral. Una señal sistémica relevante: Cambiemos sólo imagina un cambio de escena política construido sobre la estabilidad de las instituciones vigentes.

Toda esa paciente predisposición social para aceptar las condiciones de la emergencia contrasta con los tironeos mezquinos que ya son la marca en el orillo de la dupla presidencial. Esas tensiones ya son narración diaria de la gestión de gobierno. El gabinete de ministros administra sometido a la supervisión del Instituto Patria y en algunos casos -puede atestiguarlo la ministra de Justicia, Marcela Losardo- a operaciones sucias gestadas desde las usinas de versiones que reportan a Cristina. No hay tema de gestión que no esté permeado por la conspiración interna y la tirantez. De los más domésticos a los más traumáticos. Del comisariado de aplausos ejercido por Alicia Castro, la embajadora en Rusia que no fue, al despido de Luis Kreckler, el embajador en China que dejó de ser.

En el caso de esos episodios erráticos para la diplomacia se advierte como constante la presión del cristinismo para acentuar un vínculo con países enfrentados a las políticas de largo plazo de Estados Unidos para Latinoamérica. Lo notorio es que esa presión no vacila ni en presencia de un tema especialmente crítico como es la provisión de vacunas para la pandemia en curso. Una especulación geopolítica de gravedad inusitada, que por otra parte también conspira contra los intentos del Presidente para rescatar a la gestión de la pandemia del limbo de descrédito en el que ha caído.

Hay otro daño colateral: el impacto en las negociaciones del ministro Martín Guzmán con el Fondo Monetario. Están en pausa hasta que los socios mayoritarios del organismo definan el tipo de asistencia que prevén para Argentina, su principal deudor.

En el directorio del FMI es dirimente la posición que adopte el nuevo gobierno norteamericano. Sin logros exhibibles para el mercado interno, Guzmán se ha transformado en un ministro similar a Nicolás Dujovne, cuyo principal anclaje para la continuidad fue la relación con el Fondo Monetario.

Los tiempos de Guzmán para alcanzar un acuerdo son urgentes. Diciembre le dio un respiro exiguo. Sin recursos para repartir, el Gobierno devolvió por unos días algunas libertades conculcadas durante el estado de excepción. Le alcanzó para una tregua social breve. Es un alivio que no dura para siempre.