Una Constitución olvidada

Una vez más la norma suprema se siente pisoteada, bastardeada y ajena, por la falta de atención que en ella pone la clase política. Lo antedicho se refiere a que no pasa semana en la cual el oficialismo nacional no peticiona una vez más la destitución de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por una causa meramente subjetiva como es su “mal desempeño” solo por haber fallado en reiteradas ocasiones, conforme a derecho y no a pretensiones políticas impuestas por el poder de turno.

Un discurso que da vergüenza

Como hombre de derecho no puedo soslayar que el cuerpo judicial tenga alguna que otra falencia, pero en este caso está claro que los caciques del poder se ofuscan puesto que no les sirve una justicia independiente, sino dependiente, que falle conforme lo que exige el Ejecutivo para lograr el fin que constituye una de sus bases y premisas … la impunidad, ya que cuando son inocentes tenemos una justicia impecable, ágil y eficaz pero cuando son culpables se trata meramente de “lawfare”, un argumento, a mi humilde criterio, trillado.

Un divorcio entre la agenda legislativa y el pueblo

Los que producen estos provocativos embates olvidan que la Constitución Nacional prevé los mecanismos necesarios, pertinentes e idóneos para peticionar la destitución de las máximas autoridades del país…. el Juicio Político. A través de esta herramienta el kirchnerismo o quien fuera está en todo su derecho de formular de manera pacífica, formal y decorosa sus argumentos del porqué pretende la destitución de los cortesanos. Es dable avisar que no solo quienes ostentan poder están habilitados para formular dicha solicitud, sino que todo ciudadano puede efectuar tal pedido mediante la comisión de juicio político de la Cámara de Diputados.

1F, una marcha que mancha

En conclusión no hay que ser un experto para darse cuenta que estamos frente a una clase gobernante con contenido vacío, que prefiere conseguir sus objetivos haciendo alharaca con bombos y platillos, siempre al margen de la ley y no a través de los canales idóneos generados para ello. Es una vergüenza.

*El autor es abogado