Suárez, ante los condicionamientos del año electoral

Mendoza se ha vuelto políticamente casi monotemática. Un determinado tiempo, o ciclo, para cada asunto. Por lo menos en la discusión de los proyectos que promueve el gobierno de Suárez y que la oposición resiste. El caso más demostrativo de ese panorama es la propuesta de reforma constitucional. No habrá cambio de rumbo en el peronismo. Es la imagen que está dando el principal sector de la oposición provincial, al que se le suman los demás sectores partidarios.

Está claro que Suárez, sus colaboradores y legisladores chocarán una y otra vez con el frontón que ha interpuesto el PJ. La gestión provincial sabe que difícilmente podrá contar con apoyo legislativo opositor durante este año electoral. El último acuerdo, por el presupuesto, fue necesario para que todos, oficialistas y opositores, no protagonizaran un papelón ante la sociedad. En realidad, fue la oposición la que accedió a conversar, pero también obligando al oficialismo a ceder en algunas pretensiones. En definitiva, esto último es parte del juego de la política para llegar a consensos, pero en el caso de nuestros políticos fue excepcional.

Pero ahora al PJ/kirchnerismo lo que más le interesa es hacer trascender la presión que supone sentirse representantes de la fuerza gobernante a nivel nacional. Ya hemos señalado que el peronismo no tiene hoy aquí figuras convocantes electoralmente, pero sí dirigentes capaces de influir en las ligas mayores del poder. Anabel Fernández Sagasti es el más claro ejemplo. De paso, se aprovecha esa ventaja, o influencia, para generar algún impacto por estas tierras, como fue la recordada visita del ministro nacional Katopodis, que causó el enojo de todo el oficialismo porque el acto que le organizaron en Maipú se superpuso con otro previamente programado por el oficialismo en la Casa de Gobierno.

Por otra parte, estas discusiones y posturas antagónicas, sin retorno, confirman que el año electoral se puso en marcha sin escalas hasta las fechas que fija el calendario de votaciones. En ese contexto, el gobierno de Suárez tendrá que manejarse con lo que tiene en marcha sin esperar lograr decisiones trascendentes en cualquier tema que requiera discutir para lograr acuerdos.

El plan de vacunación contra el coronavirus es una responsabilidad que pone a prueba constantemente la capacidad organizativa oficial. Hasta ahora el Gobierno no ha tenido sobresaltos, pese a denuncias de irregularidades que planteó el peronismo. Hay una dependencia clara de la Nación en cuanto a la distribución de las dosis entre cada provincia, pero la llegada a la gente con cada vacuna es responsabilidad local.

Cornejo y Petri plantearon a través de un proyecto que se les permita a las provincias adquirir vacunas sin depender de la Nación. Es una iniciativa razonable, pero de difícil concreción si se toma como referencia la centralización de recursos que la Nación adoptó cuanto comenzó la cuarentena.

Un caso similar plantea el sistema educativo. La presencialidad escolar fue una apuesta muy fuerte de Suárez que se cumple desde el 1 de marzo. Incluso, desafiando planteos gremiales que por momentos hicieron pensar en interferencias para el normal desarrollo de las actividades. La Nación tuvo que avalar el regreso a las aulas que plantearon la mayoría de las provincias, como Mendoza. Pero a “puesta en escena” es de responsabilidad provincial. Y siempre con la posibilidad latente de que, pese a los protocolos, contagios entre alumnos o docentes trastoquen los planes iniciales. Es un área en donde la capacidad de maniobra puede ponerse a prueba abruptamente si los llamados rebrotes llegan con la época del año más fría.

Un recurso a explorar

El Gobernador buscó el recurso de su recientemente creado Consejo Económico, Social y Ambiental para intentar tener una opinión más favorable sobre su propuesta reformista. Pero no tuvo éxito. Otra vez el mismo obstáculo en su camino.

Suárez puso una fecha límite para recibir opiniones, pero desde el mismo seno del Consejo llegó la rápida negativa opositora. Dentro del peronismo la opinión más seria fue la del ex gobernador Arturo Lafalla, muy crítico de la propuesta oficial pero atinado en cuanto al procedimiento para encarar una reforma. Plantea el punto de vista del “proyecto cerrado”, es decir, elaborado por el gobierno sin previa discusión de los aspectos que el Ejecutivo pretende que sean reformados. Y se suma a una gran duda que invade a gran parte de la dirigencia política, incluyendo a oficialistas, sobre el supuesto ahorro del gasto político a cambio de sacrificar una cámara legislativa. La posibilidad de una mayoría automática del oficialismo de turno es, claramente, un asunto a evaluar con tiempo.

En cambio, la ex legisladora Patricia Fadel, experimentada dirigente que representa al PJ en el Consejo promovido por Suárez, volvió a tildar de “niño caprichoso” al Gobernador por su insistencia con el proyecto y eso le resta seriedad a la postura partidaria. De todos modos, hizo planteos sobre el tipo y momento de la convocatoria al Consejo para analizar la reforma.

Más allá de la postura de la oposición en general (otros sectores minoritarios se sumaron a la postura de la peronista Fadel), en el Gobierno aclaran que la mayoría de los sectores representados en el Consejo están contestando. Las posturas serían dadas a conocer oficialmente a partir del jueves, que es el día que fijaron las autoridades para conocer la opinión intersectorial sobre la reforma.

Tiene razón la consejera Patricia Fadel sobre la incumbencia del organismo creado por ley. Y desde el Ejecutivo admiten que no le corresponde a ese nuevo ente expedirse sobre un asunto que es de competencia legislativa. Pero, lo que ha hecho el Gobierno es pedirles a los miembros que digan si están a favor o en contra de que se abra el debate en la Legislatura. Una sutil manera de lograr una presión intersectorial sobre la política. Es solo una pregunta a un órgano consultivo.

Nuevo capítulo por Portezuelo

Con respecto a Portezuelo del Viento, mañana juega nuestra provincia una nueva partida por la concreción de la obra. En ese sentido el ministro Ibáñez sostiene que “no vamos a pedir nada, sino a sostener nuestra postura y no nos moveremos por nada de ello”. Esto lo reiteró ayer el funcionario. Es seguir por el sendero emprendido por el ministro de Gobierno en el seno del Coirco y por Suárez en el consejo de gobernadores de las provincias que forman parte de la cuenca del río Colorado. En el Gobierno siempre se preguntan “¿qué más quieren?” en el peronismo pampeano con sus exigencias sobre el emprendimiento.

La idea del gobierno de Suárez es, más allá de los planteos que puedan surgir mañana, seguir adelante con los pasos previstos para que se llegue a concretar la obra.

En este tema también el radicalismo de Suarez encontró obstáculos inesperados con el peronismo. El cambio de rumbo a nivel nacional, luego de los avances logrados por la gestión de Cornejo con la administración de Macri, hizo revivir las aspiraciones de La Pampa, que encontró nuevamente en un gobierno nacional la identidad necesaria como para retomar su reclamo. Especialmente desde la construcción de El Nihuil los pampeanos han generado una causa contra Mendoza en cada proyecto encarado por nuestra provincia.

Fue el ministro del Interior el que, a poco de asumir, desarchivó lo actuado en materia de impacto ambiental y desde ese momento el gobierno de Suárez debió acomodarse a la nueva etapa de adversidad política. La provincia de Buenos Aires en manos kirchneristas también ejerce gran presión en esta discusión, mientras que Neuquén y Río Negro suelen tener vaivenes de acuerdo a sus necesidades de gestión.

La reforma y Portezuelo. El peronismo tiende a constituirse en la pesada roca que debe sortear la gestión de Suárez para concretar sus propuestas. En ambos casos el gobierno provincial se apoya en sus convicciones y logros, respectivamente.