Se cuece a fuego lento un conflicto de poderes

El Presidente admitió que la cuarentena ya no existe, pero dispuso que continúe. Anunció como medida de Estado una vacuna contra el coronavirus que ya está, pero todavía no.

Entreverado en esas confusiones, Alberto Fernández perdió en estos días la última inercia de su mejor momento político. Nunca como en la semana que concluye quedó tan en evidencia el agotamiento de lo que fue la agenda política de la cuarentena. En especial por su contraste con la creciente pujanza de las prioridades alternativas que impulsó la vicepresidenta Cristina Fernández. La agenda del Presidente se agota, la de Cristina se expande sin descanso.

La agenda de Cristina es la de un conflicto de poderes que se cuece a fuego lento. Desde el Senado, la vicepresidenta avanzó con medidas para destituir a dos de los jueces que deben investigarla, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. Al mismo tiempo, aceleró el trámite para que la Cámara Alta despache antes de fin de mes el primer capítulo de la reforma judicial.

Para poner a aquellos dos jueces en revisión, Cristina ordenó desoír una decisión de la jueza María Biotti. El fallo acogía una presentación cautelar presentada por el abogado Alejandro Carrió.

Biotti es una jueza del fuero contencioso administrativo federal que primero denegó ese amparo de Bruglia y Bertuzzi, porque no advertía señales graves de afectación de los derechos de esos jueces, desplazados de sus cargos por la mayoría oficialista en el Consejo de la Magistratura.

Biotti volvió sobre sus pasos al ver el apuro del cristinismo. El Estado jugaba el partido con mala fe: no quería ceder ni la semana prevista por ley para que llegue el informe oficial sobre la designación de los jueces.

El trámite de Biotti seguirá su curso. El laberinto jurídico que puede crearse a medida que evolucione en tribunales no es menor. Si una instancia distinta rechaza el pedido de los jueces apuntados por Cristina, el problema desaparece. Pero si se aceptan los reparos de Bruglia y Bertuzzi, los senadores que levantaron la mano por instrucción de su jefatura política habrían transgredido la ley al desairar a la jueza Biotti.

Para que no queden dudas, a ese desfiladero lo señaló desde la oposición la dirigente opositora a la que con mayor atención miran los jueces federales: Elisa Carrió.

Sergio Massa y Máximo Kirchner estiran la discusión del regreso a las sesiones presenciales en Diputados porque aguardan que el Senado envíe la reforma judicial. Ya obtuvieron con las sesiones remotas dos instrumentos claves para la dupla gobernante.

Por un lado, aprobaron la dolarización de bonos en pesos, bajo legislación local. Un acto de generosidad progresista para algunos negociadores externos como los fondos de inversión Pimco y Templeton. Por otro, le dieron curso a la moratoria López. Una ley de diseño. A la medida de Cristóbal López, propietario del casino de Chubut, autorizado a funcionar durante la cuarentena que sí está pero no.

La oposición dice que no admitirá las sesiones remotas para tratar la reforma judicial. Remarca las dificultades: por limitaciones en su conexión, la diputada Fernanda Vallejos, miembro informante de la dolarización de bonos, no pudo votar el proyecto que ella misma exponía.

¿Qué sucedería si eso ocurriera mientras se vota una reforma integral del Poder Judicial? ¿Y qué pasaría si la ciudadanía asiste a esos desajustes escuchando el debate en las puertas del Congreso, aun respetando las normas estrictas de distanciamiento social?

Si se observan los fallos recientes de la Corte Suprema de Justicia, el conflicto también aumenta en ese frente. El máximo tribunal desestimó en estos días un recurso de queja interpuesto por la defensa de José López Pizarro que quería sacar de la cancha a la Unidad de Información Financiera (UIF) en la investigación de presuntos sobornos de las empresas Iecsa y Odebrecht. Vale para López, vale para el resto.

Los jueces supremos también despacharon dos noticias para Axel Kicillof: le ordenaron a la empresa bonaerense de aguas que pague una deuda de más de 1800 millones de pesos por facturación indebida a sus usuarios. Y le reclamaron al gobernador que se haga cargo de sus responsabilidades por los incendios irregulares que se vienen produciendo en el cordón de islas que están en la desembocadura del río Paraná.

Mientras Cristina apura con brocha gorda la reforma judicial, los jueces y tribunales federales van sembrando filigranas ineludibles. La Comisión Beraldi retrocedió tras el primer impulso contra la Corte y quiere empezar escuchando al Procurador general, Eduardo Casal. Pero como el cristinismo también quiere defenestrar al jefe de los fiscales, es poco probable que el consejo de expertos comience su faena como instrumento de diálogo.

La embestida tiene también otro límite, de estricta índole política. La movilización que se anuncia contra la reforma judicial promete emerger como un freno social frente a un Gobierno que se piensa hegemónico pero nunca obtuvo los votos suficientes para serlo.

Cristina corre un riesgo. Le impuso al Presidente su agenda judicial. El peligro es que esa agenda termine como la cuarentena. Con signos de agonía en los hechos, mientras el poder declama que continúa.

* De nuestra Corrresponsalía en Buenos Aires