Preguntas sobre Vicentin

Santa Fe: La cerealera Vicentín pasó de ser la sexta exportadora de granos y derivados de la Argentina a incurrir en cesación de pagos con una deuda cercana a los $ 100 mil millones, y a ser intervenida por el Estado nacional ante el riesgo de quiebra y extranjerización de la empresa. Planta de Vicentin en la ciudad de San Lorenzo.
Télam
Santa Fe: La cerealera Vicentín pasó de ser la sexta exportadora de granos y derivados de la Argentina a incurrir en cesación de pagos con una deuda cercana a los $ 100 mil millones, y a ser intervenida por el Estado nacional ante el riesgo de quiebra y extranjerización de la empresa. Planta de Vicentin en la ciudad de San Lorenzo. Télam

Lo ocurrido con Vicentin es un asunto lleno de preguntas sin respuestas y de intervenciones de múltiples actores, que lo confunden aún más.

Primera pregunta: ¿Cómo es posible que la compañía más poderosa de la provincia de Santa Fe, que opera en el rubro más rentable -quizás el único rentable- del país, caiga de pronto en estado de marasmo, con una deuda de 1.300 millones de dólares, cuando todas las otras aceiteras exportadoras, de capitales nacionales y extranjeros, gozan de buena salud? Huele a vaciamiento de empresa u otra maniobra fraudulenta. Para empeorar las cosas, el Banco Nación, violando su propia carta orgánica, le otorgó préstamos de cientos de millones de dólares, supuestamente para acomodar su situación financiera.

Segunda pregunta: ¿Pagó Vicentin sus deudas con el dinero de esos préstamos? Y si, como parece, no pagó, ¿qué sucedió con la plata?

Tercera pregunta: ¿Qué hizo el Banco de la Nación ante el incumplimiento de las obligaciones de la empresa?

Vicentin siguió operando, y ante la situación de insolvencia, que no mejoró con los préstamos ni con sus propias utilidades, entró en concurso preventivo de acreedores.

Ahora el gobierno de la Nación decide “intervenir la empresa en salvaguarda de la soberanía alimentaria” y se prepara una ley de expropiación.

Entonces surgen nuevas preguntas:

¿Por qué no se deja seguir el curso de los acontecimientos, que llevarían a la quiebra y liquidación de Vicentin? De ello surgirían responsables del supuesto vaciamiento, fraude, toma y daca de préstamos ilegítimos y todas las demás maniobras delictivas.

Parece que el gobierno piensa operar en el mercado de granos, fabricación de aceites, explotación de puertos. No está claro si esta decisión llevaría a la fijación de precios sostén o precios testigo para los productos del agro, pero todo indica que esa es la idea.

Y siguen las preguntas:

¿Cuál es la responsabilidad sobreviniente de los titulares y operadores de Vicentin y de los funcionarios del anterior gobierno, que llevaron a cabo las maniobras financieras, con un costo enorme para el país?

¿Cuál es el proyecto estratégico en materia de “soberanía alimentaria” y cómo se vinculará esto con el actual modelo productivo y agroexportador?

Hasta ahora, ni en la campaña electoral ni durante los primeros 6 meses de gobierno se había hablado de estas cosas y parece que el crac financiero de Vicentin ha presentado la oportunidad para improvisar al respecto. Estamos hartos de escuchar la vieja cantinela de que “la Argentina produce alimentos para 400 millones de personas mientras tiene a la mitad de su población bajo la línea de la pobreza y el hambre”. La única respuesta que ha existido para semejante maldición ha sido, invariablemente, en lo que llevamos de democracia, entregar suplementos alimentarios en las gigantescas villas miseria que circundan a nuestras ciudades. A ningún gobierno, desde 1983 en adelante -que es lo que nos importa- , se le ha ocurrido exprimir las enormes potencialidades del país, en energía, turismo, pesca, inteligencia, tecnología de innovación, ciencia aplicada, logística y transporte, comunicaciones, y un largo etcétera, poniéndolas al servicio del verdadero desarrollo para terminar con el hambre. Y si a alguno se le ocurrió, como podrán responder desde parroquias interesadas, peor para él, porque fracasó de manera rotunda.

Ahora mi opinión: todo lo de Vicentin fue una feroz maniobra fraudulenta; los préstamos otorgados fueron irregulares e ilícitos; el gobierno actual debería dejar que continúe el curso legal, sin intervenir, ya que una de las consecuencias de la estatización sería que el Estado argentino debería hacerse cargo de una deuda que, al momento actual, es de mil millones de dólares; debería existir un castigo penal ejemplar para los culpables; los activos y la operación de la compañía deberían seguir en manos privadas, o cooperativas, garantizando la viabilidad de una empresa que opera en el mejor negocio del país y del mundo.

Creo que nada de esto va a suceder, pues todo es una mentira que se agita en procura de poder y dinero. No habrá persecución ni castigo; harán un zafarrancho con Vicentin, se meterán con un negocio que no conocen y terminarán por estropear la única fuente de divisas que todavía le queda a la Argentina.

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