Políticas territoriales en el Gran Mendoza: derribando mitos urbanos

A partir de algunas discusiones tenidas semanas atrás con colegas profesionales, tanto en el ámbito laboral como en el ámbito académico, nos hemos visto en la necesidad de escribir ciertas líneas a fin de aclarar los tantos, respecto a algunos mitos creados en torno a conceptos fundamentales sobre el territorio y la gestión del suelo en el Área Metropolitana del Gran Mendoza.

El primer mito surge de considerar que el territorio es un espacio estático y totalmente controlado.

El segundo mito, de creer que es lo mismo construir o edificar que producir suelo urbano.

Un tercer mito es suponer que las leyes provinciales 8051 y 8999 resuelven íntegramente los problemas del suelo en la provincia de Mendoza.

Veamos entonces uno por uno.

Partimos de la base que el territorio es un espacio socialmente construido, a la vez factor y medio de producción, un recurso junto al capital, el trabajo y la tecnología.

El territorio, así, es soporte de las actividades humanas y a la vez ámbito de disputa entre las clases y grupos sociales y económicos.

Se trata de un espacio concreto en un momento histórico determinado y con límites relativamente establecidos, que da testimonio de una apropiación colectiva: real y simbólica.

En nuestro caso, hablamos del oasis mendocino como ese territorio del cual nos hemos apropiado para cumplir con el objetivo de desarrollo de nuestras vidas y cuya finitud espacial nos hace repensar seriamente cada cosa que realizamos en él.

En la actualidad, vivimos inmersos en grandes disputas por el uso y control del espacio geográfico, del territorio. Estos procesos de apropiación y desapropiación implican una reconstrucción permanente de los territorios, una constante reterritorialización.

Por lo tanto, el territorio dista mucho de ser algo controlado para ser un espacio dinámico, constituido de grandes pujas sociales y económicas entre los actores que lo habitan.

Como parte de esos incesantes procesos de reterritorialización, se desarrollan, en las ciudades, los procesos de producción social del espacio urbano. Y dentro de ellos, los procesos de producción de suelo urbano. ¿Pero qué es producir suelo urbano?

Cada vez que una finca de Ugarteche, una vieja viña lujanina, un olivar tradicional maipucino o una huerta del cinturón verde metropolitano es convertida en una urbanización - abierta o cerrada-, estamos produciendo suelo urbano.

Se trata de suelo rural que deja de ser productivo para convertirse en suelo residencial urbano.

Ese suelo deja de aportar al PBG mendocino para convertirse en una zona residencial improductiva.

Suelo rural que es comprado a valores rurales y vendido luego a valores de suelo urbano a sus destinatarios finales.

Con el agravante, en muchos casos, que estas urbanizaciones generan un gran proceso de dispersión urbana y segregación socio territorial.

Dispersión urbana, porque van en la dirección contraria de lo que debe ser una ciudad sustentable, es decir una ciudad compacta y densificada.

Segregación socio territorial, porque rompen con el tejido urbano y la trama tradicional, generando grandes muros, grandes fronteras arquitectónicas, que dividen a “los de adentro de los de afuera” en la gran metrópolis.

Estos procesos de producción de suelo, en sí, no implican edificación, más que la que desarrollarán los futuros propietarios de esos lotes. Sí, podemos hablar claramente de edificación o construcción en el caso de quien ejecuta un edificio de viviendas, un local comercial -un café, un restaurant, un bazar-, un edificio de oficinas o cualquier emprendimiento inmobiliario en el tejido urbano de la ciudad, y que contribuye a la densificación y el equilibrio urbano-rural del territorio metropolitano.

En tercer lugar, existe una creencia de que las leyes provinciales 8051 y 8999 de Ordenamiento Territorial han dado ya solución a los problemas territoriales por la puja del suelo entre los distintos actores, cuando la realidad nos dice claramente que la gestión del suelo mendocino se sigue regulando de acuerdo a la ley provincial 4341 de Loteos o Fraccionamiento de Suelo.

Esta ley de facto data de 1979 y es obsoleta, ya que no puede resolver favorablemente, para el bien común de toda la sociedad mendocina, las pujas entre actores inmobiliarios y productivos antes mencionada.

Su estructura de funcionamiento, además, hace que los municipios no puedan controlar fehacientemente las propias transformaciones que ocurren en sus territorios.

En ese sentido, se hace urgente sancionar una nueva Ley Provincial de Catastro y Gestión del Suelo que reemplace a la anterior y venga a llenar los vacíos que, en materia de políticas de suelo, las otras leyes mencionadas no han resuelto.

Por último, decimos sencillamente que los municipios son los más perjudicados en toda esta puja, magnificada por el vacío jurídico imperante, ya que parecieran no tener el verdadero control territorial que como Estado municipal deberían ejercer.

Por lo cual, desde allí, desde la “trinchera” municipal se debe impulsar, en el Área Metropolitana del Gran Mendoza, y a través de sus planes municipales y códigos de ordenamiento del suelo, políticas públicas que apunten a gestionar eficientemente el suelo y a promover la construcción de una ciudad más compacta, densa, eficiente y sustentable, con espacios verdes públicos para todos, con mejores servicios de transporte público masivo y con áreas rurales dedicadas a la producción de una agroindustria que siempre caracterizó a nuestra provincia, principalmente por su vitivinicultura de carácter internacional.

*El autor es Consultor en Sostenibilidad y Desarrollo Territorial. Planificador Urbano Regional (PUR).