jueves 3 de diciembre de 2020

Imagen ilustrativa / Archivo
Opinión

Modificación de la Ley del Arbolado Público

Sabíamos que esto podía pasar. Y pasó. El proyecto para modificar la Ley 7.874 de Arbolado Público que se está tratando en la Legislatura provincial, pretende descomprometer a la provincia de la responsabilidad que le cabe en este tema y depositarla en los municipios.

  • miércoles, 5 de agosto de 2020
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Ocurre cada vez que surge el debate sobre algún aspecto de nuestro territorio y los oasis quedan en medio de la discusión. Un léxico de ocasión barniza los discursos para que suenen actuales y modernos, pero, indefectiblemente, las acciones irán por los mismos caminos de siempre, atravesados por propuestas que ponen en evidencia la ausencia de interpretación de lo que nuestro hábitat es y las potencialidades que tiene.

Un día alguien cuestiona al fenómeno urbano considerándolo como un intruso del territorio agrícola, como si estuviera de más y de cosas distintas se tratara. Otro día el destinatario de los agravios es el tipo de arbolado urbano, suponiendo que el reemplazo por especies autóctonas marcará alguna diferencia que nos catapulte a esa tan mencionada y nunca explicada sustentabilidad.

Nada nuevo bajo el sol. Todo dentro de lo previsible para una sociedad que se niega a analizar lo que es y antes que escuchar y dialogar, prefiere moverse en el terreno de los lugares comunes, las presuposiciones y las frases hechas.

Sabíamos que esto podía pasar. Y pasó. El proyecto para modificar la Ley 7.874 de Arbolado Público que se está tratando en la Legislatura provincial, pretende descomprometer a la provincia de la responsabilidad que le cabe en este tema y depositarla en los municipios.

Si todo se desarrolla como ha previsto este proyecto, los criterios con que se maneje el arbolado quedarán a consideración de cada comuna, la provincia se desentenderá de uno más de los aspectos que deben ser políticas de unidad que exceden los límites departamentales y se acentuará la fragmentación sobre el diseño y la administración del territorio.

Porque, digámoslo de una vez, en las actuales condiciones y con ese panorama por delante, la única política vigente sobre el arbolado de la provincia tiene más que ver con actitudes prepotentes y nada con su promoción y desarrollo.

Hay prepotencia cuando en nombre del progreso, las obras públicas se llevan por delante la forestación urbana como si no existiera otra posibilidad de concretarlas.

Lo pudimos vivir cuando se proyectó el Memorial de la Bandera y se pretendió erradicar alrededor de 70 árboles del Parque Cívico. O cuando el Metrobus pretendía la eliminación de 100 forestales de la avenida San Martín de Godoy Cruz.

En esas ocasiones, quejas y pedidos de explicación mediante, lo que pudo ser peor se atenuó y el arbolado tuvo una suerte menos dramática.

Porque la prepotencia de los hechos consumados desconoce la totalidad de los elementos, sus circunstancias, los valores paisajísticos, ambientales, culturales, sociales que las obras deben contemplar.

Esta fue la situación cuando se inició una construcción en el ingreso al parque General San Martín que, finalmente, después de idas, vueltas y discusiones, fue reubicada en un espacio más conveniente.

Es también prepotencia, cuando esgrimiendo discursos supuestamente progresistas pero vaciados de contenido, se anuncia la necesidad de reforestar con especies autóctonas para disminuir el consumo de agua para riego, desconociendo la función del arbolado como elemento central de un sistema pensado para la humanización de este territorio y este ambiente hostil. O cuando en nombre del cambio climático y la crisis hídrica, se erradican las arboledas rurales para impermeabilizar los cauces donde la agricultura prospera, pero donde la gente también habita. Sistemáticamente los caminos rurales están siendo deforestados sin consideración por los pobladores ni por una futura reforestación.

Todas estas falencias, las que llegaron a un mejor final y las que no, pudieron pensarse de forma más completa visualizando todas las variables que el proyecto debía resolver para evitar un final traumático. Debieron ser discutidas en el ámbito establecido por ley para lograr que los temas complejos del territorio tengan soluciones consensuadas. Porque ese lugar existe, no es necesario inventarlo. Un poco de voluntad política para activar estos mecanismos sería suficiente. Pero como de prepotencias estamos hablando, las inquietudes de los ciudadanos que se preocupan por el destino de los bienes comunes, por el patrimonio público heredado que nos toca administrar y entregar, son molestas. Entonces, mejor no contestar y especular con el cansancio.

Como si los mendocinos no tuviéramos problemas suficientes, nos pondremos solos en el peor escenario para decidir con un panorama mezquino el destino de cosas que no tienen repuestos.

* Arquitecto. Coordinador Observatorio del Desarrollo Urbano. Colegio de Arquitectos de Mendoza.