La Reforma, el plan B de Suárez y la previsible oposición del PJ

El Gobernador está decidido a que el proyecto para modificar la Constitución se vote el mes que viene. Si el PJ lo apoya, resaltará el logro. Si no lo aprueba, lo culpará durante toda la campaña. Al peronismo le juega en contra su previsibilidad.

Rodolfo Suárez y Anabel Fernández Sagasti. Foto: José Gutiérrez / Los Andes
Rodolfo Suárez y Anabel Fernández Sagasti. Foto: José Gutiérrez / Los Andes

Rodolfo Suárez no se resigna. En los quince meses que lleva gobernando ya tuvo que dar marcha atrás con su principal plan para la economía, la minería, por la reacción popular y debió poner en suspenso, por la negativa del SUTE y la desconfianza docente, la nueva ley de educación. Ahora no quiere que pase lo mismo con la reforma de la Constitución, otra de sus promesas electorales centrales.

El peronismo ya dio su no. Fue terminante, concluyente. Pero Suárez va a insistir. De hecho, aunque el principal bloque opositor no participe, planea avanzar igual: dictamen de mayoría y tratamiento en el recinto. El objetivo es que el Senado vote el proyecto el 13 de abril. Puede estirarse hasta el 20. No más.

A diferencia de su antecesor, Alfredo Cornejo, que no quería perder ningún partido y directamente no presentó ni la reforma constitucional ni la de la Corte cuando vio que no lograría los votos, el actual gobernador parece contradecir el manual de la política. “Para victimizarse”, dice el PJ. “Para dejarlos en evidencia”, responde él.

Suárez quiere tener el asunto cerrado antes del 1° de mayo, cuando deba exponer su balance de gestión y su plan de acción ante la Asamblea Legislativa. Ese discurso, no escrito aún, tiene reservado un amplio espacio para la Reforma.

El plan A es resaltar los acuerdos que permitieron aprobar el proyecto para ponerlo a consideración de la ciudadanía en el referéndum. El plan B es culpar al peronismo de impedir un cambio imprescindible a una Constitución que ya tiene 105 años. “Lo voy a repetir en cada micrófono que me pongan de acá a las elecciones”, avisó a un grupo de colaboradores.

El principal argumento que usará, como ya lo ha venido haciendo, es que el peronismo se niega a bajar el costo de la política. El proyecto oficial busca eliminar una cámara, con legisladores y asesores adentro, y la elección de medio término.

Justamente esos cambios son el eje de las encuestas que dan un amplio apoyo a la idea del Gobernador. ¿Quién se resistiría en este país, cansado de los privilegios, a apoyar un plan para gastar menos en la política?

Pero la verdad es que ese ahorro, en una estructura como la del Estado mendocino, es ínfimo. Y eso no lo dicen sólo en el PJ, sino también algunos radicales que no están convencidos de la unicameralidad, pero que en silencio deben acompañar e incluso impulsar el plan del Gobernador.

Suárez pidió al Consejo Económico y Social, la semana pasada, que se expida sobre si la Legislatura debe o no discutir la reforma. Quiere un aval de las fuerzas productivas y sociales, no al proyecto sino al debate.

El PJ reaccionó rápido a través de una de sus representantes allí: Patricia Fadel cuestionó el planteo del mandatario por considerar que busca usar ese órgano sólo para cumplir sus deseos. Su voto, así como el del resto del peronismo, es cantado.

Sorprendió más el ex gobernador Arturo Lafalla, un hombre distante del kirchnerismo y que suele desmarcarse de las posiciones de su partido. Cuestionó los dos aspectos centrales del plan de Suárez: la unicameralidad y la eliminación de la elección legislativa intermedia. “Eso no es bueno, no mejora la institucionalidad”, aseguró, esta vez en línea con el comunicado del PJ de hace casi un mes.

Lafalla fue concluyente: “Me parece que Mendoza estaría peor después de la reforma que lo que está hoy”. Pero reconoció que si el debate se abriera, aunque no sea urgente, sí sería oportuno reformar la Constitución.

Suárez dice estar dispuesto a modificar el proyecto, a ceder, pero asegura que no encuentra interlocutores para hacerlo porque “no dan la cara ni explican por qué dicen que no”.

Tal vez aquella declaración de su ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez, advirtiendo que la unicameralidad no se tocaba, justo cuando iba a comenzar el debate parlamentario, no haya ayudado a mostrar apertura. Siempre es el oficialismo el que tiene la obligación de propiciar el diálogo.

Cuentan en el Gobierno que, en la última semana de febrero, la senadora Fernández Sagasti llamó a Suárez y él aprovechó para sacar el tema:

-Anabel, tenemos que hablar sobre la reforma.

-Me estoy yendo a Buenos Aires, cuando llegue te llamo.

Esa conversación nunca continuó y por eso luego el Gobernador pidió al ministro del Interior, Wado de Pedro, que intercediera. Pero nada cambió.

En el peronismo admiten que la relación está más fría que nunca. Pero no parecen dispuestos a bajar el nivel de confrontación, ni aún los más moderados. El año electoral ya empezó y tender puentes será imposible. “A Suárez le quedan casi tres años de gobierno, esperemos que tenga algo más. Por ahora su único plan es decir que no hace nada por culpa del PJ”, dice uno de los “duros” de la Legislatura.

Tal vez el peronismo debería reflexionar y dar el debate, pero no para darle el gusto a Suárez sino para sorprender y dejar de ser una oposición previsible, que le hace demasiado fácil al Gobierno construir su relato.

Sin negociar, el PJ se pierde la oportunidad de dejar su impronta en una nueva Constitución: la necesidad del oficialismo de lograr los dos tercios de los votos podría permitir, al principal bloque opositor, hacer aquellas modificaciones que crea necesarias, incluso en los artículos que hoy son considerados intocables.

Si el Gobierno no acepta, quedaría en evidencia que nunca estuvo dispuesto a ceder, pero si lo hace, sería la reforma de todos y no sólo la de Suárez.

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