La pospandemia demanda un plan contra la inseguridad

Emiliano Miguel Fernández fue asesinado de un piedrazo para robarle su bicicleta en el Acceso Norte de Mendoza.
Foto: Orlando Pelichotti/ Los Andes
Emiliano Miguel Fernández fue asesinado de un piedrazo para robarle su bicicleta en el Acceso Norte de Mendoza. Foto: Orlando Pelichotti/ Los Andes

Tras el fin de las restricciones sanitarias, crecieron los delitos menores. Uno de ellos acabó esta semana con la vida de Emiliano Fernández. Hace falta apuntalar la prevención pero nadie sabe cuál es la estrategia.

El crimen de Emiliano Fernández en el Acceso Norte cuando iba a su trabajo en bicicleta fue otra tragedia derivada de un rebrote de la inseguridad estrechamente ligado a la pospandemia. Un fenómeno que las autoridades esperaban que ocurriera, pero para el cual no han encontrado soluciones efectivas.

En 2021 siguieron cayendo las cifras de los delitos más graves, pero los robos simples y agravados sin uso de armas crecieron entre 20 y 30% en Mendoza respecto de 2020, el año de la reclusión absoluta por el coronavirus. Este panorama se mantiene en el comienzo de 2022.

Una de las modalidades delictivas que aumentaron por el fin de las restricciones sanitarias fue el “robo con escalamiento”, un tipo de asalto que agrava las sanciones de la Justicia porque el delincuente escala una pared para robar en una propiedad. Precisamente, Héctor “Pitay” Maravilla, el joven de 20 años apresado por el brutal piedrazo que acabó con la vida del empleado de Cuyo Placas, tenía una causa de este tipo en su foja.

Este y otros delitos que había cometido Pitay son excarcelables para la Justicia, porque son considerados menores. Pero es evidente que esas conductas fueron el germen del horrible crimen que cometió esta semana. Entre otras razones, porque seguía en libertad. Para esta triste secuencia, el Código Penal no ofrece solución.

El Procurador Alejandro Gullé ha reconocido que en la pospandemia “los delincuentes volvieron a la vieja costumbre de fichar casas vacías y subirse por la pared”. Pitay lo hacía y la historia terminó de la peor manera. ¿Si la Justicia no tiene cómo evitarlo, quién lo hará?

El Gobierno actual, que está en línea con el anterior pero no tiene a la seguridad como una obsesiva prioridad de la gestión, sabía, como el Procurador, que estas cosas iban a pasar después del coronavirus.

Ya en 2020 vislumbraban algunos funcionarios de Seguridad que los delitos violentos cometidos por jóvenes que quedaron a la deriva (sin contención escolar, por ejemplo) durante la cuarentena, sumidos en la pobreza y privados de bienes de moda tan codiciados como inalcanzables para ellos, podían explotar el día después de que la enfermedad ya no fuera la obsesión de todos.

Poco y nada se sabe, por el estilo encriptado de gestión que tiene el Ministerio de Seguridad, sobre qué se planeó para enfrentar este nuevo escenario, que explotó con crudeza: a Emiliano Fernández lo mató un pibe chorro de un piedrazo para robarle la bicicleta. Los peores pronósticos comenzaron a hacerse realidad.

Los especialistas señalan un déficit: dicen que es necesario apuntalar la prevención para que lo que ocurre no siga pasando. La presencia “disuasiva” de la Policía en todos lados es el remedio más eficaz para el tipo de delito que ha proliferado, consideran.

Se desconoce, insistimos, si esa será la estrategia. Para colmo, en contraste, algunos funcionarios del área sólo aparecen en los medios ocupándose de temas ajenos a la seguridad, como ha sido el caso del subsecretario de Relaciones Institucionales del ministerio, Néstor Majul, y la polémica que viene sosteniendo con el peronismo de Maipú por los cargos en el Concejo Deliberante.

Del otro lado, el senador justicialista Rafael Moyano sacudía el martes, en la Legislatura, papeles con las caras del ministro de Seguridad Raúl Levrino y el jefe de la Policía, Marcelo Calipo. Les había colgado a ambos el cartelito de “Buscados”, para simbolizar que eluden hace semanas una convocatoria.

Es absolutamente necesario que ambos den explicaciones, pero las caricaturas están demás cuando ocurren hechos tan dramáticos. Además, las citas de funcionarios de Gobierno a la Legislatura suelen convertirse en duelos políticos de escasa importancia, de los que no sale nada en claro para mejorar las cosas, y que se agotan en denuncias cruzadas.

En este sentido, la Comisión Bicameral de Seguridad, el órgano que hoy preside el justicialista Moyano, hace muchos años que no realiza ningún aporte sensible para combatir el flagelo del delito. Hay que recordar que fue creada a fines de los 90 en medio de la reforma policial para diseñar las estrategias contra la inseguridad de todo el arco político y para el control de su funcionamiento.

Lejos de aquel pasado mejor, hoy la Bicameral apenas es el ámbito para juegos de gatos y ratones, cacerías menores, en las cuales los dos bandos en pugna (radicalismo y peronismo) sólo buscan castigar o zafar del enemigo.

¿Con la renuncia de Levrino se acabarán los crímenes absurdos, como el de Emiliano, en las calles de Mendoza? Suena más necesario y urgente buscar un plan que esté a la altura de los diagnósticos trazados. Y responsables decididamente comprometidos con la misión de cumplirlo y controlarlo.

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