La pobreza, una gran deuda de la política argentina

Con los nuevos datos oficiales sobre la pobreza, conocidos esta semana, la Argentina aparece, lamentablemente, como un país con desafíos enormes en cuanto a políticas económicas y sociales en el corto y mediano plazo.

Según el Indec, la tasa oficial de pobreza del segundo trimestre del año se ubicó en el orden nacional en 40,9%.

Mendoza tuvo porcentajes similares, un poco más elevados en su principal conglomerado urbano.

Esto sitúa, lógicamente, a la Argentina en uno de los escalones más bajos de la región con respecto a los indicadores socieconómicos.

El deterioro social por culpa de la pandemia de coronavirus es un atenuante, obviamente. En nuestro caso la economía se detuvo en gran medida por las disposiciones tomadas por el gobierno nacional con el propósito de preparar a la población y al sistema de salud para afrontar los momentos más críticos en materia de contagios, que, justamente, se están registrando en estos últimos dos meses.

Sin embargo, no hay mucha certeza de lo que pueda ocurrir ni siquiera en lo inmediato.

Pero, una buena parte del problema radica en que la emergencia sanitaria encontró a nuestro país en un momento muy crítico desde lo económico, a diferencia de otras realidades, como las de Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay, que atraviesan momentos mucho más estables en niveles de inflación y otras mediciones.

Es indudable que el gobierno del presidente Alberto Fernández deberá reforzar los mecanismos de asistencia estatal a los más vulnerables en virtud de estos datos tan preocupantes.

Pero ese no es el camino indicado sino tan solo un atajo para impedir que la crisis social se agudice.

Se debe apuntar directamente al fortalecimiento de la producción y el empleo y tender a que la economía genere en la población ingresos que les permitan a las familias superar la línea de la pobreza con los ingresos que una o dos personas puedan aportar en un hogar.

Hoy una mayoría de salarios son insuficientes para no caer en esa triste categoría.

Está claro que no es del actual gobierno la total responsabilidad de la situación social tan crítica. Pero sí de muchos dirigentes que lo integran y que han formado parte de gestiones anteriores. La misma ponderación le cabe, por supuesto, a los sectores políticos que hoy forman parte de la oposición y que también han estado en función de gestión en las últimas décadas.

Porque buscar neutralizar el nivel de pobreza que sufren los argentinos desde hace mucho tiempo es una de las grandes cuentas pendientes de la democracia en sus casi 40 años desde su reinstauración.

En estas cuatro décadas, la dirigencia tendría que poseer ya la madurez política suficiente como para consensuar líneas de acción con continuidad más allá de una gestión puntual.

No lograr neutralizar esta verdadera limitación social para muchos millones de argentinos habla de una suerte de fracaso de quienes han estado, y están, a cargo del Estado.

Es la política la que debe marcar el rumbo creando las condiciones económicas para que el sector privado acompañe.

En síntesis, en un país donde la movilidad social fue el gran factor de desarrollo durante casi todo el siglo XX, que hoy la pobreza creciente sea su factor distintivo, es un estigma contra el cual debemos pelear apostando para ello lo mejor de nosotros.