La pérdida del poder adquisitivo de los jubilados

La jubilación, pensión y retiro, no son dádivas del gobierno de turno. Es la retribución por el aporte -ahorro- que se hizo durante 30 o 40 años de trabajo. Millones de personas contribuyeron todos los meses con entre el 12% y el 16% de sus ingresos durante ese tiempo.

Medidas en dólares, las jubilaciones mínimas no alcanzan los U$S 130. Cobramos en devaluados pesos y pagamos precios internacionales. Los combustibles bajan en el mundo menos en Argentina. Aumentan los servicios el 100%. Los impuestos nos agobian. La inflación real rondará en 50%.

El Poder Ejecutivo dispuso por D.N.U. que el aumento de junio fuera del 6,12%, por debajo del 10,9% conforme la ley de movilidad. La diferencia del 48%, es nueva pérdida del poder adquisitivo de los jubilados. ¿Qué comprábamos con $ 100 y que podemos adquirir hoy? Nada. Una gaseosa.

Ese porcentaje por 6.000.000 de pasivos, permiten al Estado restarnos más de 2 billones de pesos por año, a razón de $200.000.000.000 por mes.

Para solventar la canasta básica (sin necesidades como medicamentos, alquiler, patente, seguros), sería necesaria una jubilación mínima de $ 43.000 mensuales (U$S 330).

En naciones medianamente desarrolladas, las jubilaciones mínimas superan los 1.000 dólares ($130.000) por mes. Siete veces y media más que en Argentina. Ni pensar en las más elevadas.

Organizaciones internacionales, que miden la calidad de vida de los jubilados, nos colocan en los niveles más bajos del mundo. Ver “Índice Melbourne”, de Australia, y “Help International” de Estados Unidos.

Extraer dinero de las cajas jubilatorias no es nuevo. A pesar de promesas, no llenamos las heladeras ni nos aumentan el 20%. Peor. Por decreto, nos suspenden la movilidad.

Unánimes fallos de la Corte Suprema de Justicia, y Tribunales Previsionales (Badaro I y II, Eliff, etc) sentenciaron que el jubilado tiene derecho a percibir una jubilación digna y móvil, con porcentajes del 75% al 82% de lo cobrado en actividad.

Argentina en 2008 se comprometió ante la Comisión Inter Americana de Derechos Humanos a no apelar las sentencias promovidas por jubilados para cobrar incrementos conforme la Constitución y los fallos de la Corte. No cumplió, ni cumple. Apela los juicios y no paga sentencias firmes. Quizás esperando que fallezcamos antes de poder cobrarlos.

El dinero de los jubilados, que teníamos en las A.F.J.P., fueron transferidos al ANSES, Fondo de Garantía y Sustentabilidad, que violando la ley 26.425 no los devolvió o acreditó como mayores prestaciones.

Desde ANSES manejan 2 billones de pesos (miles de millones), que en buena parte son destinados a pagar déficits de los estados nacional y provinciales. O dar créditos a empresas a tasas preferenciales. Varias, incluso extranjeras, recibieron créditos de ANSES. Sus reservas han disminuido a casi el 50%, son papeles.

Cuestionamos decisiones de todos los gobiernos. El veto y quita del 82% móvil en 2008 (Cristina); la reforma previsional (2017) que nos sacara varios puntos; la reparación histórica (2016), que benefició al 15% de los jubilados; el régimen de los medicamentos y de atención de PAMI (éstas durante la gestión Macri) y ahora, Fernández, la emergencia que suspende la movilidad. La cuestionada ley fue sancionada antes del coronavirus, del cual somos posibles principales víctimas, por edad y padecer enfermedades crónicas (diabetes, coronarias, respiratorias, hipertensión y otras, que nos colocan en “alto riesgo” y obligados a cumplir medidas extremas.

Frente a la inacción del Congreso, el Ejecutivo gobierna mediante DNU. Pagará los incrementos como disponga, ahora, hasta fin de año. Y…

Conociendo que en 6 meses cobramos el 48% menos, imaginemos cuánto perderemos frente a la inflación anual. La nueva ley y los DNU aniquilaron la movilidad y los fallos de la Corte.

Casi 6.000.000 de jubilados, representamos el 27% del padrón electoral nacional. Debemos unirnos en defensa de nuestros derechos y dignidad; de jubilaciones dignas, superadas por quienes cobran y nunca trabajaron, son extranjeros o están presos; y la normalización del PAMI, nuestra obra social.

Quienes hoy trabajan deberían apoyarnos. Mañana serán víctimas como nosotros de este sistema.

*El autor es Presidente Federación de Jubilados Mendocinos