La capitalizada IMPSA ya genera ruido político

Imagen ilustrativa / Gentileza
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Aquella decisión del gobierno de Suárez de salir al rescate de la tradicional Pescarmona en asocio con la Nación, aunque en franca minoría con respecto a ésta, tuvo claroscuros hasta en el oficialismo provincial.

Ya se comentó en su momento que en nuestra provincia la capitalización estatal de Impsa volvía a plantear el debate sobre la conveniencia de que el Estado se haga cargo de empresas en situación financiera terminal. El temido y reiterado antecedente argentino de compañías que pasaron de estar al borde del colapso por problemas de los socios privados y que luego, ya en la órbita estatal, se transformaron en deficitarias en virtud del uso político de las mismas.

Aquella decisión del gobierno de Suárez de salir al rescate de la tradicional Pescarmona en asocio con la Nación, aunque en franca minoría con respecto a ésta, tuvo claroscuros hasta en el oficialismo provincial y ese detalle quedó reflejado en la moderada euforia de varios radicales mendocinos, la cautela de los demócratas (ahora progresistas) que se mantienen en la coalición fundada aquí por Cornejo, que consideraron en ese momento que la gestión local había dado un paso correcto, pero también opinando que de ninguna manera eso debía constituir una suerte de cheque en blanco para la porción estatal mayoritaria (kirchnerista). Y hubo voces políticas que directamente se alzaron en contra, como la del macrista Omar De Marchi. Y estamos hablando sólo de políticos; entre los empresarios tampoco hubo muchas expresiones de aprobación espontáneas.

Como detalle anecdótico se puede señalar que aquel acto en Impsa, que presidieron Alberto Fernández y Rodolfo Suárez, fue como un remanso en medio de la tensión entre la Nación y nuestra provincia, en aumento en ese momento puntual, por la vigencia de las medidas restrictivas en el contexto de la pandemia todavía mantenidas por la Casa Rosada. Por ejemplo, Mendoza y muy pocas jurisdicciones más apostaban fuerte a la presencialidad en las aulas contra la corriente restrictiva que aún imperaba en el Ejecutivo nacional, fuertemente influido por el cerrojo camporista.

El proyecto de presupuesto anual 2022, presentado recientemente por el ministro Guzmán en el Congreso, ya enciende polémica por Impsa, además de potenciar el malhumor mendocino por el destrato nacional a la hora del reparto de recursos (nuestra provincia no logra salir de los últimos puestos en cuanto a gastos por habitante).

Justamente, es el diputado nacional macrista Omar De Marchi, como señalábamos, una de las pocas voces enfáticas que rechazaron en su momento el salvataje estatal a la emblemática empresa local, el que luego de analizar el contenido del mamotreto presupuestario habla de un “inexplicable privilegio” para la empresa a través de los números que marca el proyecto.

¿A qué se refiere el legislador? A que se propone eximir a Impsa de pagar derechos de importación de bienes de capital y otros insumos que necesita para operar, es decir, elementos destinados a la producción de obras de infraestructura. Si esto se concreta, la decisión política constituye una burla al sector privado en general, pues se estaría dotando a la firma rescatada por el Estado de indudables privilegios que, lisa y llanamente, se le niegan a otras compañías privadas interesadas en competir en igualdad de condiciones.

Y la pregunta que surge es por qué estos beneficios son sólo para Impsa, que en la práctica pueden suponer una mayor capitalización, y ese tipo de ayuda no se hace extensiva a cualquier otra compañía privada que tiene que esforzarse para seguir subsistiendo y que también necesita insumos importados para poder operar.

Considera De Marchi que este tipo de decisiones se llevan a cabo “cuando el Estado se pone a hacer lo que no tiene que hacer, que es priorizar en recursos para seguridad, educación, salud y otras áreas que le son propias”.

No cabe ninguna duda de que, con una millonaria deuda en dólares y víctima de todo tipo de dolores de cabeza en lo legal, la familia propietaria no pudo seguir manejando la compañía. Fue así como se llegó al paso del rescate estatal y político, que, para el Estado nacional y provincial, se encuadra en la figura de una recapitalización. A Impsa le inyectaron 20 millones de dólares, pero le pueden volver a inyectar más a través del perdón impositivo que se plantea. Y a partir de dicha movida sería lamentable que se llegase a sospechar de la existencia de intereses políticos para sostener la compañía.

Está claro que para la gestión de Rodolfo Suárez el paso dado en el pregonado salvataje de la tradicional firma fue un logro fiel a su particular estilo de relacionamiento, además de un paso adelante trascendente en medio de un escenario copado por las políticas sanitarias exigidas por la pandemia. Pero eso no impide que, a modo de estratégica partida de ajedrez, mueva a sus alfiles políticos en Impsa y en el Congreso para no dejarse sorprender por eventuales intereses ocultos de su socio mayor estatal.

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