¿La Argentina corre peligro?

En medio de este contexto sombrío y desolador, se enciende una luz de esperanza con las manifestaciones de una parte importante de la sociedad que pretende poner un límite a esta farsa de república.

Ministros de la Corte Suprema de la Nación.
Ministros de la Corte Suprema de la Nación.

El análisis más indolente y desapasionado de la Argentina y su porvenir nos lleva a un pronóstico irremediablemente caótico. ¿Cuándo no?

Visto el asunto desde el ángulo que sea (económico, institucional, social…), la conclusión es la misma.

Cuando empresas y familias deciden irse de un país que no se incorpora en la senda del progreso moral y material, ¿qué consejo darles a los hijos que empiezan a querer forjar sus destinos?

¿Irse? ¿Quedarse?... Depende de lo que signifique para nosotros el bienestar y la prosperidad.

Al denostar el mérito como incentivo y motor del crecimiento, el Presidente_Alberto Fernández se mofó de varias generaciones que dedicaron su vida al trabajo y construyeron su identidad bajo la cultura del esfuerzo.

}Sin dudas el mérito no ha de ser el único criterio de construcción social. Las necesidades, por ejemplo, también lo son. Pero si lo que se pretende es solucionar algún día el flagelo de la pobreza en este bendito país -que en breve ahogará a la mitad de los argentinos- el desconocimiento del mérito, no sólo es blasfemo sino estúpido.

A la vez, el primer mandatario “saracea” al unísono con Martín Guzmán y Santiago Cafiero al decir que los argentinos tenemos que hacer un ejercicio, como sociedad, para entender que debemos “fortalecer nuestra moneda, cuidar nuestro peso”. Si esto no es sarasa, ¿qué es? ¿Quién es el encargado de cuidar el valor de la moneda? Y, ¿cómo se hace?

Por otra parte, el Máximo Tribunal, que es por antonomasia el guardián de la Constitución Nacional, ha sido convocado por su Presidente para expedirse sobre la constitucionalidad del procedimiento seguido por el Senado y el Presidente para regresar a sus antiguos cargos a los jueces nacionales Bruglia, Bertuzzi y Castelli.

En esta decisión se juegan criterios jurídicos, institucionales y políticos: Jurídico, por cuanto ha de interpretar los alcances del art. 99, inc. 4, segundo párrafo de la Constitución Nacional, sobre la necesidad de nuevo acuerdo del Senado para ulteriores nombramientos de igual jerarquía y jurisdicción. Político, puesto que lo que resuelva la Corte en el per saltum va a ser leído como victoria o derrota de Cristina en su lucha contra la Justicia. Institucional, porque revelará el grado de dependencia con la que funciona el poder judicial en este país.

Sin embargo, en medio de este contexto sombrío y desolador, se enciende una luz de esperanza con las manifestaciones de una parte importante de la sociedad que pretende poner un límite a esta farsa de república. Se agrupa, autoconvoca y expresa sin acicate político o partidario, bajo la consigna del “país que soñó San Martín”, al compás de la Marcha de San Lorenzo y la emoción que despiertan esas estrofas que remiten a un origen glorioso, indigno de estas bochornosas representaciones.

Resta decir que la recuperación de este país no es tarea fácil ni existe un ciudadano argentino o facción política que sean capaces de lograrla por sí solos. La senda de la recuperación es un camino arduo, lento y para nada exento de tropiezos, errores e imprevistos. Ahora bien, urge emprender aquel sendero olvidado porque lo que más entristece de este país es el “regresismo” que nos hace perder el tiempo. El valioso tiempo que podría emplearse para pensar y diagramar la Argentina del progreso (no del progresismo).

Ese progreso, tan ansiado, declamado y postergado, requerirá de un cambio cultural profundo que implique: definida institucionalidad, poderes auténticamente limitados e independientes y acuerdos y discursos desideologizados y no confrontativos.

Un poder judicial con jueces independientes, “no políticos”, celosos de los preceptos constitucionales.

Un congreso con auténtica y prioritaria representación del pueblo de la Nación (diputados) y de los intereses provinciales (senadores) antes que partidarios; y un regreso al debate real y no ficticio en estos cuerpos representativos.

Un poder ejecutivo menos personalista y paternalista, y más afín a los acuerdos y consensos; que arme equipos y destrabe conflictos; y que haga un uso discreto, responsable y coherente de la palabra oficial.

Así, aunque la senda sea empinada y escabrosa, estaremos transitando el camino de sanación en el que valga la pena quedarse, arremangarse y desmalezar para poder avanzar y crecer. Y que el propio sistema expulse a los “maturrangos” que siempre los habrá.

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