jueves 13 de mayo de2021

Entre la Corte y el Fondo, un regalo inesperado
Desde que el presidente Alberto Fernández decidió encabezar el hostigamiento contra la Corte, actuando como gestor de la impunidad que ansía su vice, sólo ha cosechado disgustos.
Opinión

Entre la Corte y el Fondo, un regalo inesperado

Desde que el presidente decidió encabezar el hostigamiento contra la Corte, actuando como gestor de la impunidad que ansía su vice, sólo ha cosechado disgustos.

Entre la Corte y el Fondo, un regalo inesperado
Desde que el presidente Alberto Fernández decidió encabezar el hostigamiento contra la Corte, actuando como gestor de la impunidad que ansía su vice, sólo ha cosechado disgustos.

Dos integrantes de la Corte Suprema de Justicia votaron el nuevo capítulo de derechos y garantías de la Constitución Nacional que rige hoy. Un tercero asesoró a los constituyentes en el mismo sentido.

Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda fueron convencionales en 1994. Carlos Rosenkrantz aconsejaba en esa asamblea al expresidente Raúl Alfonsín.

Tres de los cinco jueces de la Corte aprobaron entonces una innovación: el artículo 36 de la Carta Magna equipara los delitos graves de corrupción con los golpes de Estado. Ambos están allí tipificados -por encima del Código Penal- como acciones que atentan contra el sistema democrático.

Si el Congreso Nacional resolviera sancionar una eventual ley de amnistía en favor de los investigados por delitos graves de corrupción; o el Presidente (en una acción de las tantas en las que termina contrariando sus propias declaraciones) decidiera indultarlos, la constitucionalidad de esos instrumentos podría ser cuestionada por la vigencia del artículo 36.

La Corte tendría competencia originaria en ese litigio imaginario. Tres de sus cinco miembros votarían teniendo en cuenta sus antecedentes en la Convención de 1994. Sería extraño que los dos restantes -Ricardo Lorenzetti y Elena Highton- se pronunciaran en disidencia.

Esta limitación tan obvia -que pese a su evidencia tiende a ser ignorada en los debates del país político sobre la situación institucional- está en la base del conflicto que el oficialismo fogonea contra la Corte Suprema.

Desde que el presidente Alberto Fernández decidió encabezar el hostigamiento contra la Corte, actuando como gestor de la impunidad que ansía su vice, sólo ha cosechado disgustos. Para ponerlo en los términos de la ironía vacunatoria que estrenó esta semana: los que le pedían que envenene el vínculo con la Justicia han conseguido intoxicarlo a él en primer lugar. Salió a reclamar un fallo favorable a Milagro Sala y a criticar a la Corte porque rechaza recursos extraordinarios de un modo que al presidente le parece expeditivo.

La Corte respondió con una sentencia en contra de Sala. Pero con un escrito contundente en el que subraya las indigencias técnicas de la defensa. Desde el olvido chapucero de copias traspapeladas por los abogados patrocinantes, hasta la orfandad más huera de recursos argumentativos: ni se intenta demostrar la afectación de derechos mediante la descripción técnica de arbitrariedades. Sólo se traducen desacuerdos con los jueces y la afectación abstracta de una estrategia defensiva.

Una frase del fallo parece dibujar al propio Fernández en el rol de gestor judicial de Cristina: su defensa incumple el requisito de la fundamentación autónoma.

La gravedad del cortocircuito entre el Ejecutivo y la Justicia explica por qué el Congreso votó en la semana una ley de fortalecimiento de la sostenibilidad de la deuda pública. Con el grado de inseguridad jurídica que el oficialismo le imprime a la gestión pública, el Fondo Monetario Internacional le está reclamando al ministro Martín Guzmán normas que le devuelvan al Parlamento su rol de garante político más pluralista y transversal que el Ejecutivo. Un requisito elemental: gobierno de tres poderes.

Los diputados le concedieron a Guzmán ese salvoconducto que necesita para golpear las puertas de Kristalina Georgieva. La oposición aprovechó para exponer las fragilidades del discurso oficial sobre la deuda pública. De a uno en fila, los opositores le recordaron al ministro que luego del celebrado “desendeudamiento” del primer kirchnerismo, el stock de deuda era de 154 mil millones de dólares. Que Cristina Kirchner cerró su segundo mandato con 240 mil millones de dólares. Y que nueve meses después del final de Mauricio Macri, Alberto Fernández aumentó la herencia en unos 10 mil millones más.

Guzmán necesita activar cuanto antes la renegociación de la deuda con el FMI. Sólo la inflación del mes de enero fue igual a la que tiene Brasil -vecino y socio comercial de Argentina- en todo un año. El desbarajuste que ese desborde inflacionario le impone a todo el esquema de precios relativos es explosivo.

Alberto Fernández trotó de audiencia en audiencia para persuadir a los sectores de la economía que toman posiciones a la defensiva frente a ese seguro horizonte de impacto. Al campo le desmintió la suba de retenciones; a los sindicatos les aseguró paritarias sin techo; a los empresarios les presentó un Guzmán más lejano del Instituto Patria. Lo ovacionaron. Aplauso del oso para el lobito. Antes de la maratón, el cristinismo ya había hecho públicas sus instrucciones para el ministro: no pagarle al FMI más de 2 mil millones de dólares por año. Que Georgieva tome o deje.

La urgencia de Guzmán para encontrar dólares antes de que la inflación le ponga cifras de desmesura a su escasez encontró una ayuda política valiosa: el oficialismo consiguió que la fecha de elecciones sea la nueva variable incierta de la Argentina inestable.

Bastó con el amague de Máximo Kirchner y Sergio Massa para que la convulsa interna de los opositores le obsequie tiempo al Gobierno. Todo un recurso estratégico. Cambiemos no sabe cuántos votos tiene en el Parlamento para frenar una avanzada legislativa contra el régimen electoral.

Alberto Fernández salió a sobrarlos con sus vacunas inexistentes, para agradecer el regalo inestimable de ese valioso respirador.