El gobierno blanquea aún más su presión a la Justicia

Temible acecho del poder político a la Justicia argentina en una semana de fallos trascendentes en lo que se refiere al combate institucional contra la corrupción.

Por un lado, la denominada causa de los cuadernos puede seguir su curso hacia el juicio oral luego de que la Cámara de Casación Penal rechazara un planteo del kirchnerismo contra la constitucionalidad de la ley del arrepentido. Este caso involucra directamente a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y a varios de sus ex colaboradores durante sus dos presidencias, siendo acusada de ser la jefa de una asociación ilícita por coimas en vínculo con empresarios que hacían negocios con el Estado.

Por otra parte, la Corte Suprema confirmó, por unanimidad de sus miembros, la condena del ex vicepresidente Amado Boudou por haberse quedado con la imprenta Ciccone Calcográfica en forma irregular. El ex funcionario, que desde hace varios meses tiene prisión domiciliaria, recibió una condena de 5 años y 10 meses de prisión efectiva por los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública.

En el caso de la ley del arrepentido fueron vitales los fundamentos que dieron, en mayoría, los camaristas Petrone y Barroeteveña, que en líneas generales consideraron oportuno recordar que la cuestionada legislación “se sancionó con la finalidad de dotar al sistema de enjuiciamiento penal de mayores herramientas en busca de alcanzar resultados óptimos en la investigación, instrucción y juzgamiento de los delitos de corrupción –entre otros delitos incorporados- que en muchas ocasiones resultan sumamente complejos y de dificultosa determinación”. Por otra parte, los camaristas desestimaron los reclamos de supuestas presiones políticas (del gobierno anterior) sobre los ex funcionarios y empresarios arrepentidos para declarar en contra de la ex Presidenta y responder así a la argumentada persecución política por parte del macrismo.

Ahora, los planteos de inconstitucionalidad deberán ser abordados por la Corte, donde seguramente mucho influirán los sólidos argumentos mayoritarios de la Casación a favor de la legislación objetada por el actual gobierno.

En cambio, la ratificación de la Corte de la condena de Amado Boudou desató una peligrosa embestida del Gobierno y sus cuadros políticos más radicalizados contra el máximo tribunal, poniendo una vez más en jaque la estabilidad institucional y el esencial equilibrio de poderes que impone el sistema republicano, especialmente en cuanto a la necesaria distancia que los jueces en su conjunto deben tener de los dos poderes políticos, el Ejecutivo y el Legislativo.

El principal exponente de esa desacomodada embestida fue nada menos que el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, quien expresó que la Corte “debía hacerse cargo de un proceso plagado de irregularidades y arbitrariedades”.

El principal funcionario del presidente Alberto Fernández agregó que “hasta que no logremos un funcionamiento claro y honesto del Poder Judicial en su conjunto, la sociedad entera será rehén de la duda y la desconfianza. Necesitamos juicios justos…”. En el mismo tono de Cafiero se expresaron otros personajes emblemáticos del oficialismo, entre ellos el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

En síntesis, una inadmisible presión del oficialismo de turno en su conjunto, en busca de impunidad, contra decisiones judiciales de altísima jerarquía, como la Corte y la Casación, algo muy grave.