jueves 24 de septiembre de 2020

Imagen ilustrativa / Archivo.
Opinión

Decreto sobre tarifas que empeoran en vez de mejorar

Que los servicios de internet, teve por cable y telefonía sean declarados servicio público esencial y se congelen sus tarifas, puede afectar las inversiones en tal estratégico sector sin por ello beneficiar en nada a los consumidores.

  • miércoles, 16 de septiembre de 2020
Imagen ilustrativa / Archivo.

E l presidente Alberto Fernández y los legisladores oficialistas actúan con celeridad para que el Congreso Nacional convalide el decreto de necesidad y urgencia (DNU) que establece, como servicio público esencial, a la telefonía fija y móvil, a la televisión por cable y a internet, y congela las tarifas. Los argumentos usados por diputados y senadores del Frente de Todos resultan insustanciales y parecen ocultar otras razones no explícitas en el DNU.

Hasta el presidente Alberto Fernández apeló a una inverosímil justificación, alegando que dispuso la medida porque se dio cuenta de que en la Ciudad de Buenos Aires “hay seis mil chicos” que no acceden a internet. “Y como no tienen internet, no les llegan las clases de sus maestros”, agregó.

Tal observación es fácil de refutar, pues las carencias en distintos órdenes son múltiples y más graves que la de no tener conectividad para realizar la tarea escolar. La argumentación presidencial es endeble.

En medio de una larga cuarentena y de una grave crisis económica, para ciertos sectores puede resultar atractivo el congelamiento de las tarifas de los servicios.

Sin embargo, la historia de la Argentina está plagada de ejemplos en que tras un congelamiento de tarifas, con sustrato en la demagogia de los gobernantes, se sucedieron bruscas actualizaciones para poder cumplir con una prestación elemental.

Los ejemplos más recordados, aunque no los únicos, son el “Rodrigazo”, en 1975 y el “tarifazo” de Mauricio Macri, en 2016, sobre los precios de la electricidad y del gas natural.

A partir del decreto presidencial, todo incremento deberá ser discutido con las autoridades, sea por parte de grandes prestadores o de las miles de pymes y de cooperativas que ofrecen esos servicios.

La intervención del Estado se da en un sector que requiere de millonarias inversiones para mantener actualizadas las prestaciones, en momentos en que la Argentina debate sobre qué redes montará el servicio de 5G de telefonía móvil.

En forma paralela, la grilla de la televisión por cable está nutrida de costosas producciones internacionales, que deben ser solventadas por las empresas. El congelamiento puede poner en riesgo la posibilidad de ver un acontecimiento global, un show artístico o eventos deportivos mundiales, espectáculos que entusiasman a los argentinos.

El servicio de internet es hoy imprescindible para la realización de cualquier actividad humana. desde la provisión de agua potable hasta los negocios financieros más complejos, como así para las comunicaciones en las familias y en las empresas.

La tarea del Gobierno debería ser asistir a los sectores vulnerables que carecen de ese recurso, y dejar que los grupos con capacidad de pago abonen la tarifa de los servicios que prefieran.

El achatamiento del costo real tiende a desalentar las inversiones que demanda la actualización permanente de esa industria, mientras que el congelamiento tarifario podría producir –al contrario de lo que proclama el Gobierno– una inequidad social a favor de los sectores con mayores recursos.