viernes 4 de diciembre de 2020

Al posible viaje que Suárez hará a Buenos Aires lo definen como un reclamo “contundente” de recursos legítimos que la Provincia necesita para salud y obras.
Opinión

Crece la necesidad de recursos

El gobernador pretende que la Nación le autorice financiamiento para obras que quedaron demoradas por las trabas políticas que le impuso la oposición.

Al posible viaje que Suárez hará a Buenos Aires lo definen como un reclamo “contundente” de recursos legítimos que la Provincia necesita para salud y obras.

Fiel a su estilo, el Gobernador alertó públicamente, el viernes, que la situación sanitaria de la provincia a raíz de la pandemia “comienza a ser crítica”. Su estilo se caracteriza, hasta ahora, por una particular paciencia, no carente de énfasis, para machacar con los cuidados que demanda la cuarentena pese a sus flexibilizaciones.

Suárez no dio ninguna definición sobre eventuales cambios en las medidas implementadas para la primera quincena de este mes. Pero sí se reiteró oficialmente la advertencia más común: si la gente no respeta las normas de distanciamiento y prevención personal, el repunte de casos de contagio, que es ya muy significativo, puede convertirse en una dificultad muy seria en pocos días más. La disponibilidad de camas pondría a prueba al sistema local. Mendoza pasó a ubicarse entre las provincias que se sumaron a la ciudad de Buenos Aires y su Conurbano como zonas críticas en el país.

Aunque íntimamente tal vez lamente, con razón, el momento difícil en el que lo colocó la pandemia, Suárez sabe muy bien que la buena imagen que mantiene en la provincia obedece a su irrestricto posicionamiento con la Nación desde que el Covid 19 obligó a implementar la cuarentena. Si en Mendoza no hay tantos cuestionamientos a la extensión de las medidas, como en Buenos Aires y otras zonas, es por el manejo local del tema.

Mientras tanto, el jefe del Ejecutivo decidió volver a reclamarle a la Nación recursos no sólo para hacer frente sin sobresaltos a los requerimientos por la crisis sanitaria. También pretende que se le autorice financiamiento para obras que quedaron demoradas por la coyuntura y, además, por las trabas políticas que impuso la oposición kirchnerista con el principal argumento de la deuda que dejó la gestión de Cornejo. En el PJ deberían considerar que el rol opositor que deben cumplir en esta provincia va más allá de esa crítica puntual.

En el entorno del Gobernador aseguran que la relación con la Casa Rosada se mantiene en buenos términos. Al posible viaje a Buenos Aires que anticipó Suárez a la prensa lo definen como un reclamo “contundente” de recursos legítimos que la Provincia necesita tanto para Salud como para volcar en obras, pero sin que se trate de “enojo o algo parecido. Al contrario, venimos hablando muy bien”, destacan. El cara a cara de vez en cuando es más efectivo que el contacto virtual, por lo menos para este tipo de reclamo.

¿Influye la actitud más agresiva de Cornejo con el kirchnerismo en la relación Nación-Mendoza actual? En el equipo de gobierno han reiterado varias veces que son distintos los roles. El ex gobernador es fundamentalmente opositor por ser el presidente del radicalismo nacional y por la banca que ocupa en Diputados. “Esa es su función, marcar diferencias”, remarcan por aquí las voces suaristas. Aunque eso no significa que alguna vez el fastidio por los dichos del ex gobernador haya sido expresado a su sucesor desde Buenos Aires. Un ejemplo de los puntos de vista diferentes se dio a raíz del acuerdo con los bonistas; Suárez elogió el resultado de la negociación, mientras que Cornejo consideró que “podría haber sido mejor” y desafió a la gestión de Fernández y Guzmán a, ahora sí, mostrar un plan económico para el país.

Sin embargo, este nuevo reclamo que encara Suárez también significa hacer política. El pedido que le hará al ministro del Interior es para que se complete un monto que había sido acordado pero que luego la Nación decidió no entregar en su totalidad. Y tampoco piensa ceder el mandatario provincial en su postura con respecto a la discrecionalidad con que el Ejecutivo nacional procedió al reparto de fondos a provincias con menos número de contagios.

La otra parte de la “cruzada” por mayor cantidad de fondos es por la obra pública. En esta oportunidad los que están en carpeta son cuatro de los seis departamentos conducidos por intendentes del PJ. Se trata de un trámite para una suma en dólares que, a modo de crédito, debería llegar de la Corporación Andina de Fomento. Y en este caso el aval está a cargo de la Presidencia de la Nación, no de la Legislatura mendocina, en la que el PJ le negó al actual gobierno todo aval para endeudamientos en dólares.

Los jefes departamentales del justicialismo, que como Suárez cargan en sus espaldas el duro peso de la pandemia, estarán atentos a esta gestión por todo lo que significa en sus comarcas la realización de obras. No se sabe en el mundo hasta cuándo habrá que esperar para que un paliativo de origen científico salga al cruce del virus, pero las especulaciones de corte electoral ya comienzan a asomar pese a la plena vigencia del drama humanitario. Con las graves derivaciones de la crisis actual, las elecciones de medio término de 2021 se presentan ideales para que cada cual busque mantener el patrimonio político que tiene en su jurisdicción.

También es la oportunidad de limar asperezas. Hasta ahora el gobierno provincial se quejó más de una vez de que los recursos de la Nación llegan escasos y con demoras, mientras que en el PJ argumentaban casi a la par que a esa poca asistencia en pesos Suárez le había sumado un lento e inequitativo reparto entre las comunas. Tal vez haya llegado la hora de recibir y repartir sin más reclamos.

El envío a la Legislatura del proyecto para reformar la Constitución será otra movida política interesante del gobierno de Suárez. No hay precisiones, pero la remisión se produciría en las próximas semanas. Se trata de un debate que requiere tiempo para el consenso. Fue el anuncio fuerte que hizo el Gobernador ante la Asamblea Legislativa el 1 de mayo. El estandarte del oficialismo será la posibilidad de achicar los costos de la política sin resentir la calidad institucional a través de la unicameralidad legislativa y elecciones cada cuatro años, entre otras medidas. Y pretenden contrastar marcando diferencias con el plan de reforma judicial que impulsa el Ejecutivo nacional, que, según las estimaciones, derivará en un costo más elevado para el Estado. Esto, sin llegar a poner en la balanza las válidas dudas que generan las intenciones reformistas del cristinismo.

Se señalaba en un párrafo anterior que no se sabe realmente en qué momento la ciencia estará en condiciones de salir a combatir el coronavirus. Mientras tanto quienes gobiernen tendrán que convivir con esa realidad y acomodar a ella el rumbo de sus gestiones. En ese encuadre debería insertarse la política mendocina. Para el gobierno local mantenerse en línea con la Nación en el tema sanitario es lo correcto, al margen de las diferencias y suspicacias señaladas y que está bien que se busque aclarar. Pero también es oportuno que retome la iniciativa en el resto de las temáticas de gestión, porque los hechos van demostrando que, muy probablemente, la llamada nueva normalidad obligue a gestionar “con barbijo y a distancia” durante mucho tiempo. Y las perspectivas económicas, laborales y sociales para la Argentina, se sabe, no son nada auspiciosas.