jueves 13 de mayo de2021

Ajuste económico, control social y embestida política
Imagen ilustrativa / Archivo
Opinión

Ajuste económico, control social y embestida política

El país terminará el año con 40 mil muertos de la peste y el penúltimo lugar en el ranking de los que gestionaron de manera más ineficiente la emergencia.

Ajuste económico, control social y embestida política
Imagen ilustrativa / Archivo

¿A qué crisis de las muchas que ya atravesó la Argentina se parece ésta? La pregunta merodea en todos los foros políticos. La respuesta varía, aunque es simplícisima. La crisis actual tiene de todas las anteriores algún componente inequívoco, lo que habilita cualquier comparación. Pero tiene de todas las caídas precedentes la suma de sus consecuencias, lo que refuerza una conclusión: tiene algo de todas ellas. Lo que la hace peor.

Con un saldo adicional doloroso, inescindible de cualquier consideración: el país terminará el año con 40 mil muertos de la peste y el penúltimo lugar en el ránking de los que gestionaron de manera más ineficiente la emergencia. Sólo el México de Andrés López Obrador lo hizo peor. Aquel socio elegido en sus comienzos por Alberto Fernández para la ímproba tarea de mejorar el mundo.

La Universidad Católica Argentina informó que casi la mitad de los argentinos está colgado de la línea de pobreza. Las estimaciones de la mayoría de los economistas prevén para 2021 una inflación cercana al 50 por ciento. Pobreza e inflación: las dos caras del fifty-fifty.

La Cepal agregó otra cifra parecida para Latinoamérica y el Caribe: la pandemia indujo un derrumbe promedio del 50 por ciento de la inversión extranjera directa en la región. Argentina llegó primero. Alcanzó ese registro en 2019, mucho antes de los contagios en Wuhan.

Desde que se abandonaron a la única expectativa de una vacunación con fecha incierta para superar la pandemia, Cristina Kirchner y Alberto Fernández resolvieron enfrentar la crisis de la economía con un ajuste apenas maquillado con gestualidad progresista.

La nueva exacción fiscal justificada como impuesto a la riqueza, o el retoque menor que improvisó el Senado para la devaluación de las jubilaciones no alcanzan para ocultar el rumbo central de la gestión económica: todas las fichas puestas en la asistencia del FMI para anclar el dólar; un descongelamiento de tarifas que promete convertirse en gravamen si se mide no por el consumo sino por la capacidad contributiva; y el ajuste por inflación del salario real. Algo que al mismo tiempo refuerza la recaudación impositiva para eludir tanto como se pueda un recorte del gasto estatal.

De allí la aflicción del ministro Martín Guzmán por la imaginación narrativa de Felipe Solá. La versión fabulada del canciller sobre el diálogo entre Alberto Fernández y el futuro presidente norteamericano, Joe Biden, salpicó con ácido a Mark Rosen, el delegado de Estados Unidos en el FMI que seguirá allí unos cuantos meses más.

Guzmán tratará de persuadir al FMI de que bajará el gasto con la reducción de las partidas excepcionales de la pandemia. Intentará esperar a que el trimestre de la cosecha refuerce el ingreso de divisas. Y buscará presentar el rebote en la actividad -esperable por lógica tras la reapertura y el final de la cuarentena- como un indicador estructural de recuperación de la economía.

Al plan económico lo hará el Fondo para concluir con el “vamos viendo”. El rebote del gato muerto le proveerá a la política un insumo electoral imprescindible. Un discurso mínimo: “vamos mejor”.

Desde que el Gobierno eligió tomar nueva deuda en dólares para calmar la corrida del dólar, adoptó el mismo camino del gradualismo inicial de Mauricio Macri. Por eso se lo ve a Leandro Santoro explicando que los salarios se recuperarán con el crecimiento futuro. Tal como argumentaba en sus días más notorios el exdiputado Nicolás Massot.

En ese prospecto, el ministro Guzmán tiene a su favor el eficiente control social que la estructura política del oficialismo le garantizó durante la pandemia mediante el uso de las herramientas más estrictas del estado de excepción.

La presión de los banderazos opositores se diluyó a medida que las calles fueron normalizando de facto su actividad en el final de la cuarentena. Y las organizaciones sindicales y sociales usaron el argumento sanitario para colaborar con la neutralización de la protesta.

La aceleración que le imprimió el oficialismo al Congreso antes de fin de año es el complemento político de esa concesión social. La oposición se enredó en discusiones sobre liderazgos a futuro y una candidatura presidencial que está lejana. Dividida genéricamente entre macristas y larretistas, le pasó por el medio un aluvión de iniciativas que estuvo lejos de poder bloquear. Y que también reflejó que las sesiones virtuales le eran más bien funcionales para emmascarar fragilidades. Con sus legisladores mayoritariamente conformes con la deliberación domiciliaria en pantuflas.

Acorralado por la crisis, el oficialismo saltó hacia adelante. Los límites no llegaron ni desde los espacios de la protesta social, ni desde la representación opositora, sino de los tribunales a los que ambos criticaban por su habitual tendencia acomodaticia. Dos fallos sacudieron la ansiedad de Cristina Kirchner: la confirmación de los testimonios de arrepentidos en la causa Cuadernos y la condena definitiva de la Corte Suprema para Amado Boudou en el caso Ciccone. Un game over para aquella aventura contra la casa de papel.

Como escribió hace seis años de manera premonitoria un lúcido abogado penalista: Alberto Fernández.