Una jueza ordenó secuestrar libros de temáticas LGBT para que no los lean niños y adolescentes

Ocurrió en España. La letrada tomó la decisión luego de una denuncia de la Asociación de Abogados Cristianos

Foto: 20 Minutos
Foto: 20 Minutos

Una jueza española ordenó suspender el préstamo de 32 libros de temáticas LGBT en 11 colegios secundarios y centros de menores.

Ocurrió en Castellón. La letrada tomó la decisión luego de una denuncia de la Asociación de Abogados Cristianos y bajo la consideración de que la lectura del contenido LGBT podría producir “perjuicios irreparables” al alumnado.

Tras la medida, el ayuntamiento presentó sus alegaciones contra esta medida de urgencia ya que considera que no incumple ningún derecho comprando libros legales en el mercado y que se ha limitado a cumplir con la ley LGTBI de la Comunitat Valenciana, de 2018.

Esta establece que las bibliotecas públicas deben tener material sobrediversidad sexual, familiar, de género y de desarrollo sexual”.

Por otra parte, varios autores afectados se están organizando para personarse en el proceso como “parte interesada” y “en defensa de su libertad de expresión”, informó el diario español 20 Minutos.

Entre los libros secuestrados están: No vine a ser carne, de Gata Cattana, Lesbianas, así somos, por Marta Fernández Herraiz y Kika Fumero, Después de lo Trans, de Elizabeth Duval, A la conquesta del cos equivocat, de Miquel Missé, El amor del revés, de Luisgé Martín, El fin del armario, de Bruno Bimbi, La cultura de la homofobia o cómo acabar con ella o Gay Sex, de Gabriel J. Martín.

Los argumentos de los denunciantes

En diálogo con el mencionado medio, Abogados Cristianos explicaron los fundamentos del pedido de censura. “Nosotros no pedimos la retirada de estos libros de su venta, sino que no puedan acceder a ellos niños de 12 años”, dijeron.

“Algunos de ellos, no sólo incluyen contenido sexualmente explícito, sino que recurren al constante escarnio de las religiones”, agregaron.

Y dijeron que, según su percepción, este tipo de lecturas “vulnera el derecho fundamental de los padres a decidir la educación de sus hijos” así como “la obligación de la administración de ser objetiva y neutral”.

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