La Justicia ya puede ir por los bienes de la corrupción

La extinción de dominio es ley. Ayer Diputados dio sanción definitiva al proyecto remitido por el Ejecutivo. A partir de que la norma sea promulgada (es decir, publicada en el Boletín Oficial), el procurador de la Corte Alejandro Gullé, tendrá 30 días para determinar en qué causas el Estado podría recuperar bienes malhabidos por la corrupción o el delito.

El subsecretario de Justicia Marcelo D'Agostino decía que la ley "es una herramienta jurídica importantísima para combatir la corrupción, los bolsos con dólares revoleados por medianeras y las bóvedas llenas de dinero. También para darles un buen uso a las casas no realizadas de la Tupac Amaru, las camionetas y todos los bienes que han sido producto de la corrupción. Lo importante es que ese dinero vuelva a la gente y a la sociedad".

Y si bien hay varias causas que involucran a ex funcionarios y que se vienen mencionando en los medios, (como los ex intendentes Luis Lobos, Sergio Salgado y Carlos López Puelles, o los ex ministros de Transporte Diego Martínez Palau y Pablo Rousseau), el único nombre mencionado por D'Agostino fue Tupac. La Justicia tiene secuestrados 16 vehículos y también están embargados un par de terrenos y un plazo fijo. De los vehículos secuestrados, Nélida Rojas y su esposo Ramón Martínez, no tienen ninguno registrado a sus nombres y los titulares de la mayoría son sus hijos.

Teniendo en cuenta el plazo de prescripción, también podría aplicarse al escándalo de los ticket Vale Más.

La extinción de dominio podrá aplicarse en cualquier causa penal abierta en la que haya bienes susceptibles de ser recuperados. El plazo de prescripción es de 20 años, previsto en el Código Civil.

Es que el proceso de extinción de dominio es una causa civil: los fiscales pueden ir a reclamar por los bienes y en ese proceso los dueños deben probar cómo los adquirieron. Sino pueden, entonces son devueltos al Estado.

Una parte del producido de esos bienes será usado para construcción y arreglos de escuelas y otra parte para conformar un fondo de garantía en caso de que hubiera que hacer la devolución al titular original, en caso de que en la causa penal haya sido declarado inocente.

La ley fue apoyada por el oficialista Cambia Mendoza y por una parte del PJ (que votó algunos artículos en contra). El kirchnerismo y el FIT votaron en contra.