Investigan a los abogados de Pereg por una maniobra ilegal con armas valuadas en $1 millón

El Ministerio Público Fiscal solicitó que se investigara a los abogados defensores de Gil Pereg, el israelí imputado por los homicidios de su madre Pyrhia Sarusi (63) y su tía Lily Pereg (54) por denunciar falsamente la falta de 20 licencias de armas valuadas en un millón de pesos. Además, acusó que se venció el plazo para que se designe el perito psiquiatra de parte.

En muchas ocasiones, los imputados entregan parte de su patrimonio como pago de honorarios a los abogados que los representan. En este caso, Gil Pereg contaba con unas 40 armas, de las cuales, según un acta notarial, cedió 20 a uno de los patrocinadores, identificado como Lautaro Brachetta, como parte de pago por sus servicios. No obstante, el letrado colocó una denuncia ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac) -organismo que emite licencias de armas- y aseguró que faltaban de su domicilio tras un robo.

No obstante, la fiscal de Homicidios, Claudia Ríos, indicó en Canal 9 Televida que esas licencias están en posesión del Ministerio Público Fiscal desde que está en prisión el imputado (26 de enero). En consecuencia, los defensores estarían incurriendo en una falsa denuncia.

"Esas credenciales las tenemos nosotros en caja fuerte", advirtió Ríos y negó que en algún momento pudieran haber estado en manos del letrado.

Asimismo, la fiscal indicó que hay un doble delito: "Por falsa denuncia y por falsedad ideológica". Sobre el segundo, aclaró que en el documento de "traspaso" de titularidad de las credenciales que se acompañó a la denuncia, la escribana firmante asegura estar en presencia del DNI de Gil Pereg, algo que no es posible, en vista de que por ser imputado sus documentos están en posesión del Ministerio Público Fiscal.

"La escribana ha expresado en actuación notarial que tiene en su poder y vista el DNI, eso no es así porque está en caja fuerte del Ministerio Público Fiscal", acusó.

Por otro lado, manifestó que de acuerdo al pedido de pericia psicológica que se está llevando a cabo sobre el imputado, la defensa designó en primera instancia a un perito psicólogo. Pero, según señaló la fiscal, vencido el plazo para las presentaciones de los profesionales, la defensa pidió que se incorpore un perito psiquiatra. Por tal motivo, Ríos solicitó que se rechazara tal demanda.

"Obviamente que se le dio un plazo, hoy no pueden proponer a un perito psiquiatra cuando la pericia se está practicando y cuando ya se venció el plazo", argumentó.