La producción avícola, el bienestar animal vs. las “propuestas”

Hasta allí, si bien hay objeciones sobre el costo, practicidad y puesta en marcha del pedido por parte de la Cámara Argentina de Productores e industrializadores Avícolas (Capia), todo parecería “normal”. Sin embargo, los fundamentos de la ley plantearían una verdad a medias que pone en riesgo el trabajo de la mayoría de los empresarios del sector que hacen las cosas bien. A saber: sostiene que los huevos producidos en sistema bajo jaula “se trata de gallinas que pasaron su vida hacinadas, prácticamente inmovilizadas y en las peores condiciones de crueldad”. Básicamente habla de maltrato animal.

Todos conocemos que en el mundo hay un fuerte movimiento anti producción ganadera en general que, apelando a imágenes de supuesto maltrato, desatan indignación entre los consumidores. Sin embargo, éstas son las menos y no deberían desarrollarse bajo la normativa vigente. Es cierto que el bienestar animal es un tema de creciente interés y reclamo y al que las industrias ganaderas en general están cada vez más atentas. Pero de la misma forma también es cierto que tal como reconoce Capia, “la industria avícola está fiscalizada por el Senasa, donde se cumple con la normativa que promueve la Organización Mundial de la Salud Animal, la cual es muy exigente y Argentina la cumple”. Desde la Cámara señalan que en nuestro país hoy el 85% de los huevos producidos se hacen en jaulas, pero ello no es sinónimo de hacinamiento ni maltrato animal.

En Argentina y en Mendoza al igual que en los países del primer mundo, se puede conseguir huevos pastoriles, libres de jaula. Ahora, ese diferencial hay que pagarlo. Para tener una idea: el maple de estos huevos más que duplica el valor de los “industriales”. En un momento en que en Argentina se lucha todos los días contra el valor de los alimentos, resulta ilógico estar haciendo estos planteos. En lo que sí se debería hacer foco es en que se cumpla con las normativas vigentes para asegurar la excelente calidad del producto que llega al consumidor final. Al final es él y su presupuesto quien decide qué puede o no comprar.