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El Estado mendocino deberá idemnizar por 500.000 pesos en concepto de daños y perjuicios a una travesti que fue violada por dos policías en 2011, cuando todavía era menor de edad, en las cercanías del parque Central. En 2012, los uniformados fueron condenados a ocho años de prisión por abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal en forma reiterada.
El episodio ocurrió en la madrugada del 18 de enero de 2011, cuando dos agentes policiales -Osvaldo Palorma Palma y José Greco Romano- iban a bordo de un patrullero por la intersección de calles Ituzaingó y Buenos Aires, de Ciudad. Allí, obligaron a subirse al móvil a Jasmín Belén Mealla -quien en ese momento se llamaba Frank Jon Mealla (17)-, ya que iba a ser llevada a una comisaría por no tener el documento de identidad.
Sin embargo, los policías trasladaron a la víctima a unos galpones que se encontraban en las inmediaciones del parque Central, donde abusaron de ella, con acceso carnal y en forma ultrajante, precisó el fallo firmado por la jueza Jorgelina Iermoli Blanco, del Juzgado Civil 16.
Durante su declaración, Jasmín aseguró que los policías la amenazaron: "Si querés que te soltemos, vas a tener que estar con nosotros". Tras la vejación, la víctima fue llevada hasta la esquina de San Luis e Ituzaingó (Ciudad) por los uniformados, quienes le dijeron "volá".
De acuerdo al fallo, Mealla tuvo miedo porque los policías tenían armas y, en consecuencia, no se animó a escapar. Además, en el trayecto hacia el galpón, se vio imposibilitada de pedir auxilio y de escapar, ya que las puertas del patrullero no tenían cómo abrirse.
Tras ser denunciado el hecho, los policías declararon que la travesti se encontraba ejerciendo la prostitución y que ellos "pagaron el servicio", por lo que descartaron de plano toda violencia.
En tanto, según la pericia psicológica, la joven sufrió de estrés postraumático. Finalmente, en 2012, la Sexta Cámara del Crimen condenó a ocho años de prisión a los policías Palorma y Romano.
Tras ser violada, Jasmín decidió abandonar el colegio y luego se mudó a Córdoba, donde ahora vive con su hermana. La jueza fundamentó que el medio millón de pesos exigido al Estado provincial ayudará a Mealla a cubrir su educación universitaria, además de "consolidarla como una mujer independiente".
Otro de los fundamentos de Iermoli se sostiene en la Convención Americana de Derechos Humanos, donde se consagra que "el Estado debe velar por el derecho a la integridad personal, a la dignidad y a la vida privada sin discriminación alguna por motivos de cualquier otra condición social".
La jueza también resaltó los derechos de la Convención sobre los Derechos del Niño, debido a que la víctima tenía 17 años al momento de ser violada, además de considerar a su decisión que fue guiada por la perspectiva de género.
Ahora, el Estado mendocino tiene un plazo de diez días para indemnizar por $500.000 a la víctima, además de abonar $60.000 a un abogado y otros $15.000 al perito psicólogo que intervino en el caso.