Una persistente búsqueda de impunidad

Se requiere mucha firmeza política y judicial para evitar que el camino a la impunidad que muchos buscan sea transitable, en desmedro de una sociedad agobiada por los efectos de la corrupción.

Una persistente búsqueda de impunidad. / Foto: Federico López Claro
Una persistente búsqueda de impunidad. / Foto: Federico López Claro

Desde su regreso al poder, el kirchnerismo tomó la decisión de neutralizar las causas judiciales que involucran a Cristina de Kirchner, ex colaboradores y allegados durante sus años como presidenta de la Nación.

La primera embestida se produjo cuando, al inicio de la gestión presidencial de Alberto Fernández, la Oficina Anticorrupción renunció a ejercer las querellas por parte del Estado en las causas Los Sauces y Hotesur, en las que también se encuentran comprometidos los hijos de la actual Vicepresidenta, Máximo y Florencia.

La última novedad se conoció esta semana. El mismo organismo le comunicó al Tribunal Oral Federal 2 su decisión de renunciar a la querella en una causa contra la ex Presidenta, ex funcionarios del Ministerio de Planificación y el empresario Lázaro Báez conocida como causa Vialidad.

La decisión puede entorpecer el ritmo de la causa judicial, ya que el tribunal en el que se tramita el caso había decidido iniciar los alegatos a mediados de julio. Se trata del único juicio oral que hasta el momento enfrentó la ex presidenta de la Nación, puesto que el apartamiento en las demás causas citadas fue cuando éstas aún se encontraban en el período de instrucción, o de elevación a juicio.

Debe recordarse que la Oficina Anticorrupción se encarga de la investigación y seguimiento de los casos de corrupción en la administración pública nacional y depende del Poder Ejecutivo. Durante la gestión presidencial que finalizó el 10 de diciembre de 2019, el mismo organismo promovió la investigación de los casos por denuncias de corrupción en la función pública de los que ahora, con otra orientación política, se encarga de renunciar como querellante.

Estas decisiones políticas no deberían sorprender, lamentablemente. Con el actual gobierno, la Oficina Anticorrupción se encuentra a cargo de Félix Crous, uno de los fundadores de la corriente Justicia Legítim, alineada con el oficialismo actual y orientada a imponer desde hace una década su pensamiento político e ideológico en el ámbito de la Justicia.

Cuando anunció la renuncia a la acusación en las causas anteriores, el doctor Crous argumentó que la dependencia a su cargo nunca debió constituirse en querellante en las referidas causas y planteó la posibilidad de que, como efectivamente sucedió en los últimos días, se adoptara la misma postura en otros casos resonantes en los que se viese involucrado el círculo de poder kirchnerista. Eso ocurrió con el posible enfriamiento de uno de los juicios más trascendentes que tuvo el kirchnerismo en sus períodos de gobierno previos.

Se trata de un paso dado por la Oficina Anticorrupción con pleno consentimiento del Poder Ejecutivo, ya que desde el día de su asunción el presidente puso en tela de juicio la veracidad de las mencionadas acciones interpuestas ante la Justicia Federal.

Se requiere mucha firmeza política y judicial para evitar que el camino a la impunidad que muchos buscan sea transitable, en desmedro de una sociedad agobiada por los efectos de la corrupción.

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