Transparencia Internacional contra la corrupción

La corrupción puede definirse como un abuso de poder. El funcionario corrupto usa su cargo para beneficio propio o del grupo político al que pertenece, lo cual atenta contra el sistema democrático, al mismo tiempo que debilita la imagen internacional del país.

El Estado debe contar con medidas preventivas para impedir la corrupción y llegado el caso favorecer la acción judicial para una rápida condena. No es tan difícil de lograr.
El Estado debe contar con medidas preventivas para impedir la corrupción y llegado el caso favorecer la acción judicial para una rápida condena. No es tan difícil de lograr.

El índice anual anticorrupción que elabora Transparencia Internacional es mala noticia para el presidente Alberto Fernández. Durante su primer año de gobierno, el país descendió 12 puestos: estaba en el 66, cayó al 78.

Transparencia Internacional es una organización no gubernamental que opera en más de 70 países. Fundada en 1993, elabora anualmente un índice de percepción de la corrupción que compara la situación en unos 180 países. Como la conceptualización jurídica de la corrupción puede variar de un país a otro, no se basa en datos reales, como podría ser la cantidad de causas judiciales iniciadas en el año, sino en la percepción que la sociedad tiene según distintas encuestas.

Para Delia Ferreyra Rubio, que preside Transparencia Internacional, dos factores habrían incidido en esta caída: la intención oficialista de garantizar impunidad al kirchnerismo en las causas por corrupción que se tramitan en la Justicia y el debilitamiento de los mecanismos de control en las contrataciones por diversos insumos vinculados a la pandemia.

El primer factor se expresó en las tensiones internas del Frente de Todos. Incluso, fue el motor de varias manifestaciones de protesta convocadas a través de las redes sociales, en las que distintos sectores sociales expresaron su preocupación.

El segundo factor se vincula a las particularidades que vivió el mundo entero durante el año pasado. Por ese motivo se torna relativamente más interesante que el primero, ya que permite una comparación global: si en un sentido político y sanitario, según el tipo de cuarentena y/o confinamiento implementado por cada país, el abordaje de la pandemia ha sido puesto en términos de responsabilidad social individual versus restricciones estatales más o menos severas, en un sentido administrativo gubernamental el índice de percepción de la corrupción opondría transparencia versus opacidad.

En el primer puesto de la tabla empatan Dinamarca y Nueva Zelanda (88 puntos). En el segundo, Finlandia, Singapur, Suecia y Suiza (85). Los mejores posicionados de Sudamérica son Uruguay (21) y Chile (25). ¿Quiénes están peor que Argentina? Brasil y Perú (94), México y Bolivia (124), Paraguay (137). Para alcanzar a Chile y Uruguay, nuestro país debiera aumentar su calificación en un 50%; si el objetivo fueran los que ocupan el primer puesto, debiera duplicar su puntuación. Son dos buenos ejemplos, uno cercano y el otro lejano culturalmente, para pensar qué estamos haciendo mal y cómo podemos mejorar.

La corrupción puede definirse como un abuso de poder. El funcionario corrupto usa su cargo para beneficio propio o del grupo político al que pertenece, lo cual atenta contra el sistema democrático, al mismo tiempo que debilita la imagen internacional del país. Por ambas razones, el Estado debe contar con medidas preventivas para impedir la corrupción y llegado el caso favorecer la acción judicial para una rápida condena. No es tan difícil de lograr.

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