Toda legítima protesta también tiene límites

El gobierno provincial y los gremios estatales viven días de tensión a raíz del conflicto generado por cuestiones salariales y laborales no resueltas en las negociaciones paritarias. Como consecuencia de demandas insatisfechas, dirigentes de distintos gremios vienen realizando periódicamente manifestaciones públicas que, además de los ya reiterados paros de actividades, incluyen en varios casos manifestaciones y cortes de calles y rutas, generando esta última modalidad lógicos inconvenientes para el desplazamiento de las personas.

El gobierno, ante un nuevo capítulo del conflicto con los gremios

En ese contexto, durante la semana fue detenido el titular de la jurisdicción provincial de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el dirigente Roberto Macho, como consecuencia de la reiteración de cortes de arterias llevados a cabo bajo su conducción gremial. Los cargos dispuestos por el fiscal actuante fueron por entorpecimiento del tránsito. El magistrado se basó en lo que determina la legislación penal vigente.

Lamentablemente, la detención del mencionado dirigente aumentó la tensión política ya existente en la provincia, puesto que el plan de medidas de fuerza del que forma parte ATE-Mendoza, junto a otros sindicatos, no sólo distanció a éstos con el Ejecutivo provincial, sino que, además, motivó el apoyo de sectores partidarios opositores al gobierno local.

Debe destacarse que la labor de los representantes del Ministerio Público Fiscal en este caso puntual no merece objeciones. No se puede hablar de una detención por cuestiones políticas. Simplemente fue temporaria y se realizó interpretando la legislación vigente por el reiterado entorpecimiento de la circulación en la vía pública.

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En tal sentido, desde la cabeza del Ministerio Público Fiscal se hizo una rápida y prudente defensa de los términos jurídicos respetados para tomar la determinación. Debe quedar debidamente aclarado que el método de protesta por insatisfacciones laborales siempre es correcto mientras se mantenga el orden, en este caso público, respetándose el normal desempeño de quienes no participan de la misma.

El válido derecho a manifestar los descontentos no va de la mano con la ejecución de un mecanismo que termine perjudicando a la población en general, se comparta o no la razón por la cual se encara una medida de fuerza. Por otra parte, tampoco es correcto politizar los mecanismos por los cuales se procede a la detención de un individuo que no cumple con los límites de la ley. Precisamente, es la Justicia la que debe decidir en estos casos en base a lo que determinan las leyes y normativas vigentes.

Como conclusión, resulta aconsejable que las partes en conflicto busquen a partir de ahora los mecanismos posibles para distender el tenso clima imperante y procurar reencauzar los mecanismos de diálogo en la búsqueda de soluciones. En la semana hábil que comienza mañana se reiterarán las medidas de fuerza, con más días de paro y con canales de diálogo aparentemente cortados entre el Gobierno y los gremios estatales.

Los reclamos salariales afectan seriamente dos servicios del Estado provincial

Resulta obvio que la delicadísima situación generada por la crisis económica nacional es la mayor responsable del actual conflicto con los sectores estatales mendocinos. No obstante ello, es pertinente que las partes entiendan que siempre es factible llegar a un entendimiento si se deponen posturas cerradas y/o intolerantes.